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Redadas migratorias causan efecto “devastador” en comunidades y familias
Las redadas de inmigrantes en sus lugares de trabajo y la consiguiente separación de las familias han tenido un impacto psicológica y emocionalmente dañino en los menores de edad, así como un efecto devastador en comunidades y familias, según un informe divulgado este martes por el Centro para la Ley y la Política Social (CLASP, en inglés).
«Las redadas han sido devastadoras y han tenido como resultado el desgarramiento de las familias, la ruina de las comunidades. Las consecuencias son de largo plazo», dijo a Efe Wendy Cervantes, directora de Inmigrantes y Familias en CLASP y coautora del reporte.
«Meses y aun años después de estas operaciones las familias no han sido capaces de hacer pie. Los niños sufren consecuencias de salud mental de largo plazo, peores aun en los casos de separación permanente porque el padre o la madre han sido deportados», expuso.
La práctica, que se había moderado en administraciones anteriores, retornó con el Gobierno del presidente Donald Trump y alcanzó cimas en los veranos de 2018 y 2019, cuando cientos de personas fueron arrestadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), especialmente en Mississippi, Texas y Ohio.
El 18 de marzo pasado, el ICE notificó al Congreso que durante la pandemia de COVID-19 postergaría sus operaciones policiales, cesando las redadas en sitios de trabajo y en torno a hospitales, consultorios médicos y clínicas, y declaró que la gente «no debería evitar el cuidado médico por temor a las autoridades de inmigración».
De acuerdo con la organización National Immigration Law Center, durante esas redadas «los agentes de inmigración invaden un sitio de trabajo, sin anuncio y con fuerza militarizada, y capturan trabajadores para arresto y deportación».
«Los agentes cierran todas las salidas, hacen arrestos y los envían a sitios de detención remotos, sin advertencia», añadió este grupo. «Desde 2017, las redadas en sitios de trabajo han resultado en el arresto de más de 1.800 trabajadores».
CLASP, organización no partidista sin fines de lucro que promueve soluciones políticas para personas de bajos ingresos, señaló que «el alcance nacional de estas redadas, el hecho de que son impredecibles y la fuerza excesiva con que se han llevado a cabo sustentan preocupaciones acerca del costo humano de estas operaciones».
Los expertos de CLASP, que visitaron sitios de redadas en Allen (Texas), Sandusky y Salem (Ohio), y Canton, Carthage, Forest y Morton (Mississippi) encontraron que «el impacto de las redadas en las comunidades y los niños, muchos de los cuales son ciudadanos estadounidenses, fue la devastación de la seguridad económica y el bienestar físico y mental de las familias».
Un asesor legal en Ohio dijo a CLASP que «la separación de la familia es una separación de la familia ya sea que se trate de un agente en la frontera que saca a un bebé de los brazos de su madre, o que deja a un niño en la escuela sin que alguien lo recoja; es el mismo crimen contra la humanidad».
Los padres y madres detenidos experimentan impactos mentales y físicos incluso varios meses después de las redadas, cuando su primera preocupación era el cuidado de sus hijos, continuó el informe. Las madres separadas de sus bebés, incluidas las que estaban amamantando, «sufrieron un trauma emocional adicional y condiciones penosas como la mastitis, que a menudo ocurre cuando una madre no puede alimentar de pecho en horarios regulares».
La organización hizo referencia a estudios según los cuales los niños en familias donde algún miembro había sido detenido mostraban señales inmediatas de trastorno por estrés postraumático, con dificultad para dormir, llanto frecuente y una sensación de temor.
«A más largo plazo, esto es más de seis meses después de la redada, los cambios de conducta adversos -incluida la regresión o retrasos en el desarrollo- fueron más comunes en los casos en que los padres habían estado detenidos por más de un mes y/o fueron finalmente deportados», añadió el informe.
El estudio mencionó como ejemplo de experiencia traumática la de varios niños en Mississippi que, cuando volvían de la escuela a sus hogares, vieron a sus padres y madres esposados, en fila afuera de las fábricas y empujados a subirse a camionetas.
«Padres, madres y otros familiares relataron cómo los niños gritaban y lloraban descontrolados», añadió. «Algunos desarrollaron hemorragias nasales y hernias debido al llanto desolado cuando vieron que a sus padres se los llevaban».
Las familias trabajadoras, muchas de las cuales ya experimentaban condiciones económicas difíciles, con sueldos bajos y alquileres altos, como consecuencia de las redadas y las detenciones tuvieron que hallar otros empleos y pasaron a depender de las donaciones de la comunidad y las iglesias.
El accidente ocurrió en el complejo comercial Real Plaza de Trujillo, la tercera ciudad del país ubicada unos 500 km al norte de la capital Lima.
Según medios locales, en el momento del accidente había decenas de familias en el patio de comidas del recinto, donde todavía pueden quedar personas atrapadas bajo los escombros.
«Hasta el momento tenemos tres fallecidos, dos caballeros y una dama», dijo el comandante Gelqui Gómez, inspector departamental del Cuerpo de Bomberos en declaraciones al canal América TV desde el lugar.
El ministerio del Interior también señaló a través de un mensaje en la red X que «hay tres fallecidos».
La cifra de heridos se incrementó a 74, según el Aníbal Morillo, gerente de Salud del gobierno regional de La Libertad, cuya capital es Trujillo.
«Son 74 heridos que hemos evacuados a las hospitales y clínicas, dentro de los cuales 10 son niños. Hay 11 heridos graves», dijo a la radio RPP Morillo.
En un primer reporte el Ministerio de Salud había cifrado en 20 los heridos.
Más de un centenar de bomberos y policías se encuentran en el centro comercial removiendo escombros en busca de supervivientes, según imágenes difundidas por las televisoras.
Varias ambulancias llegaron al lugar y salieron hacia los centros hospitalarios con los lesionados.
«¡Solo estoy aquí, ayuda!», gritaba una persona atrapada según imágenes en Facebook.
«Hay un niño que está atrapado» bajo las estructuras metálicas del techo, agregó Morillo citado por el canal de televisión Panamericana.
Según el Centro de Operaciones de Emergencia regional, la caída del techo ocurrió aproximadamente a las 20H41 (01H41 GMT del sábado), pero fue reportada solo hasta media hora después.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez,estimó que el área del techo colapsada era de «entre 700 a 800 metros cuadrados».
«Necesitamos grúas hidráulicas para poder levantar parte del techo que aún no se ha podido retirar por lo pesado que es y poder continuar con las labores de rescate de las personas que estarían atrapadas», declaró el ministro al canal N de televisión
Mientras tanto, la Fiscalía de Trujillo inició diligencias contra los que resulten responsables del presunto delito contra la vida.
«El papa Francisco descansó bien», afirmó la Santa Sede en un escueto comunicado el sábado por la mañana. Aún así, no está «fuera de peligro» y permanecerá ingresado «al menos toda la próxima semana», indicaron sus médicos el viernes.
El pontífice no pronunciará la tradicional oración del Ángelus el domingo, pero si enviará un texto que será publicado, al igual que la semana pasada, declaró el sábado Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.
Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis el 14 de febrero y este martes la Santa Sede anunció que padecía una neumonía bilateral, una infección del tejido pulmonar potencialmente mortal.
La hospitalización del jefe de la Iglesia católica ha atizado las conjeturas sobre su futuro, aunque los médicos aseguraron el viernes que se ha podido parar y no está conectado a ninguna máquina.
En los últimos días el papa ha recibido en el hospital a sus colaboradores más cercanos, lee, firma documentos y hace llamadas telefónicas.
A inicios de semana recibió la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien afirmó que lo vio «alerta», «receptivo» y que incluso «bromearon».
Los cardenales se mostraron positivos asegurando que iba «por el buen camino».
«Noticias alentadoras»
Esta hospitalización, la cuarta desde 2021, reavivó la preocupación por la salud del líder de la Iglesia católica, ya debilitado por una serie de problemas en los últimos años, desde operaciones de colon y del abdomen hasta dificultades para andar.
La inquietud sobre la salud del papa fue en aumento tras la difusión de falsas informaciones en las redes sociales, sobre todo en X, que reportaban la muerte del papa en varios idiomas.
«Sé que algunos por ahí dicen que ha llegado mi hora, ¡siempre me traen mala suerte!», le dijo Francisco, según la prensa italiana, a Giorgia Meloni durante su visita.
La hospitalización de Jorge Bergoglio, líder espiritual de 1.300 millones de católicos y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, avivó las especulaciones sobre su capacidad para continuar en el cargo, pese a que el derecho canónico no prevé ninguna disposición en caso de problema grave que alterase su lucidez.
También reavivan las especulaciones sobre una posible renuncia del papa, alimentadas por los opositores a Francisco, sobre todo en los círculos conservadores.
«Tengo la impresión de que se trata de especulaciones inútiles», comentó el sábado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera.
«Gracias a Dios, las noticias que llegan de Gemelli son alentadoras, se está recuperando», añadió.
A pesar de los reiterados problemas de salud de los últimos años, el papa Francisco, conocido por su fuerza de carácter, ha mantenido una cargada agenda, aunque sus médicos insisten en que tendría que frenar un poco sus actividades.
Ortega elogió la «lealtad» del general Avilés, en un acto militar en Managua también presidido por su poderosa esposa Rosario Murillo, y al que asistieron delegados de países aliados como Cuba, Venezuela, Rusia y Honduras.
Investigaciones de medios de comunicación nicaragüenses como Confidencial, que trabajan desde el exilio en Costa Rica, señalan que Ortega ha aumentado los millonarios negocios de los militares para «comprar su fidelidad».
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
El fallecido hermano del presidente, el general Humberto Ortega, exjefe del Ejército, había asegurado en una entrevista con el portal de noticias argentino Infobae que los militares serán fundamentales en una transición o sucesión cuando muera Daniel Ortega.
El presidente rompió con Avilés, un exguerrillero de 68 años, el tradicional relevo militar de cada cinco años, y a fines de noviembre pasado el Congreso, controlado por el gobierno, amplió a seis años el mandato del jefe del Ejército y la Policía Nacional, también fiel.
Esa modificación se dio como parte de una vasta reforma constitucional que según la oposición prepara el camino para la sucesión del poder de Ortega a Murillo o a alguno de sus hijos.
La nueva Constitución creó el cargo de «copresidenta» para Murillo y dio a ella y a Ortega un poder absoluto con el control de todos los órganos del Estado, amplió el mandato de gobierno de cinco a seis años y estableció la vigilancia de la prensa y la Iglesia.
También creó la «Policía Voluntaria», integrada por civiles encapuchados en apoyo a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a los paramilitares de rostro oculto que reprimieron las protestas contra Ortega de 2018, con saldo de unos 300 muertos según la ONU.
Avilés, quien realizó estudios militares en Cuba, fue sancionado en 2020 por Washington señalado de corrupción, y es acusado por organismos de derechos humanos de tolerar y ayudar, de forma encubierta, a policías y paramilitares a atacar a los manifestantes en 2018.
