Internacionales
Mujer que fue a una fiesta y dejó a sus hijas en el carro es sentenciada a 40 años de prisión tras el fallecimiento de las pequeñas
Una madre de Texas, Estados Unidos, fue sentenciada a 40 años de cárcel luego de que abandonara a sus dos pequeños hijos en el automóvil y murieran, mientras ella participaba de una fiesta. El hecho ocurrió el 7 de junio de 2017, cuando Amanda Hawkins llevó a sus niñas de 1 y 2 años a un hospital en pésimas condiciones, donde no pudieron salvarlas.
Hawkins, quien entonces tenía 19 años, mintió a los médicos diciendo que las criaturas colapsaron luego de que olieron flores en un lago cercano al Condado de Kerr. Sin embargo, la verdad saldría a la luz cuando la policía indagó más sobre los hechos y los médicos determinaron que no habían muerto producto de una intoxicación.
De acuerdo a lo investigado, la madre los había dejado en el interior de su automóvil durante toda la noche mientras ella participaba de una fiesta. La temperatura ese día -en la que pasaron entre 15 y 18 horas encerradas- fue de 32 grados.
El sheriff del condado, Rusty Hierholzer, contó que las niñas comenzaron a llorar dentro del vehículo y uno de los que eran parte de la fiesta le dijo a Hawkins que las entrara. «No, está bien. Lloran para dormirse», fue la respuesta de la desalmada madre.
Addyson Overgard-Eddy (2 años) y Brynn Hawkins (1) pasaron entre 15 y 18 horas en el interior del auto, con un calor insoportable y sin ventilación. La mujer se despertó cerca del mediodía siguiente en la fiesta, tuvo sexo con uno de los invitados y salió al encuentro de las pequeñas. Al verlas, estaban inconscientes.
Los investigadores descubrieron después que Hawkins no quiso llevar a las niñas de inmediato al hospital. Antes investigó en Google: «cómo reanimar a alguien por sofocación«. Les colocó agua fría en un intento desesperado por salvarlas, hasta que finalmente debió trasladarlas a un centro médico.
Cuando finalmente Addyson y Brynn fueron llevados al hospital, el médico John Gebhartpermaneció despierto durante más de 40 horas tratando de salvar sus vidas, según testificó, publicó The Washington Post. En su declaración, dijo que seguramente ambas niñas murieron lenta y dolorosamente.
Las palabras del juez Keith Williams fueron durísimas al leer la sentencia: «Esas preciosas pequeñas niñas estarían aquí hoy si esto no hubiera pasado. La gente de nuestra comunidad cuida mejor a sus mascotas de lo que usted cuidó a sus hijas».
Williams impuso cuatro sentencias de 20 años cada una. Sin embargo, dos series se cumplirán simultáneamente, lo que elevó su sentencia total a 40 años. Los cargos fueron abandonar y poner en peligro de muerte a menores, herir físicamente o mentalmente y dos por herir a niños.
Las muertes por abandono de niños en el interior de vehículos crecen año tras año. De acuerdo a las estadísticas ofrecidas por la organización Kids And Cars, en los Estados Unidos mueren en promedio 38 menores encerrados en automóviles cada año. En 2015: 25; en 2016: 39, en 2017: 43 y en lo que va de 2018: 48
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
