Internacionales
Los narcos tiene un super fusil capaz de perforar blindajes y derribar helicópteros de los militares en México
Un fusil de gran calibre, capaz de perforar blindajes y derribar helicópteros, es una de las armas que utilizan los narcos en México y fue usado el domingo pasado para emboscar en tres ocasiones a elementos de la Secretaría de Marina, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se trata del Barret calibre .50.
Entre las armas que usaron los narcos el domingo pasado estaba este poderoso rifle creado para soldados en guerras y que hoy está en manos del crimen organizado.
«Sucedió con un fusil Barrett, que hasta derriba aviones y que, por supuesto, perforó el blindaje de los vehículos navales«, dijo en un programa radiofónico el asesor de la Secretaría de Marina (Semar), Juan Velásquez, al afirmar que los atacaron con este tipo de armamento.
Velásquez explicó que, a pesar de que tienen más preparación y capacidad de fuego, las Fuerzas Armadas no pueden usar armas de alto poder. «Los militares no pueden utilizar armas que los criminales sí. Nos referimos a fusiles Barrett y granadas. Porque los militares estarían cometiendo crímenes de guerra. No pueden atacar con bazucas, con alto poder de fuego«, expresó.
Otros casos
Esta no es la primera vez que se sabe que los fusiles Barrett calibre .50 son utilizados por los cárteles mexicanos.
El 8 de enero de 2016 Joaquín Guzmán Loera, «El Chapo», líder del Cártel de Sinaloa, fue recapturado. Esto sucedió seis meses después de que se fugó del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya, Estado de México.
En la casa de seguridad en la que fue detenido, la autoridad encontró un fusil Barrett calibre .50, que era parte de las 2.500 armas que fueron vendidas de manera encubierta en el operativo estadounidense «Rápido y Furioso», entre 2009 y 2011.
El 6 de septiembre de 2016, un helicóptero de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán aparentemente fue derribado con un rifle Barrett calibre .50 en la comunidad de La Angostura, en el municipio de La Huacana, dejando un saldo de cuatro personas muertas.
La aeronave vigilaba a un convoy de soldados y policías que supuestamente perseguían a un grupo armado que estaba protegiendo a Ignacio Andrade Rentería, «El Cenizo», un ex jefe de sicarios de los Caballeros Templarios, cártel que opera en Michoacán.
El 21 de septiembre de 2016 más de 150 militares aseguraron una aeronave Cessna, con matrícula XB-MUY, que sobrevolaba a baja altura en la localidad de Tecolotes, en el municipio de Mexicali, en Baja California.
En el operativo fueron detenidas cinco personas, que supuestamente se reunirían con los hijos del «Chapo» Guzmán, y se aseguraron cuatro armas largas AK-47 y un fusil Barrett calibre .50.
De acuerdo con el periódico Excélsior, entre 2007 y 2016 las autoridades mexicanas decomisaron en el país 190 rifles Barrett y los estados en los que más armas se descubrieron fueron Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, y Guerrero.
¿Cómo son los fusiles Barrett?
Barrett es una compañía líder en diseño y fabricación de rifles de gran calibre, que fue creada por Ronnie Barrett, que en 1982 inventó algo que nadie pensó que fuera posible: un rifle calibre .50 disparado al hombro.
El M82 fue el primer rifle que creó la compañía, pero con el paso del tiempo creó otros modelos para mejorar su funcionamiento y precisión. Actualmente, en su portal de internet (www.barrett.net) se pueden observar distintas armas y modelos del rifle Barrett calibre .50, entre los que se encuentran el M82A1 y el M107A1.
La compañía afirma que el M82A1 ha sido probado en combate en todos los entornos, desde las montañas cubiertas de nieve hasta los desolados desiertos, y asegura que su bajo retroceso y su confiable potencia de reposición lo hacen llegar al objetivo con cada extracción del gatillo.
Fuente: Infobae
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
