Internacionales
Los narcos que desafían al presidente brasileño Jair Bolsonaro
Tres líderes de la facción criminal paulista Primer Comando de la Capital (PCC) fueron degollados entre junio y julio de 2015 dentro una cárcel de Manaos. Era sólo el comienzo del conocido en la capital amazónica como «el fin de semana sangriento».
Entre la tarde del viernes 17 de julio y la mañana del lunes 20, se registraron otros 38 asesinatos de sicarios del PCC en las calles de la capital amazónica.
La orden de la matanza partió de la cárcel y se cree que varios Policías Militares fueron los ejecutores. Los mensajes de celular interceptados dejan claro el objetivo de la acción: «Mano, esses cara que vestiram a camisa do PCC aqui [no Amazonas] são uma vergonha para o crime (…) são todos safados. Esses nós vamos matar é tudo» (Hermano, esos muchachos que visten la camisa del PCC aquí [en Amazonas] son una vergüenza para el crimen (…) son todos unos h…de p…. Los vamos a matar, es todo). El ataque contra el PCC se habría producido por la decisión del grupo narco paulista de continuar ‘bautizando» (reclutando nuevos integrantes) a pesar de la desaprobación de la Familia del Norte, el cartel local y aliado del carioca Comando Vermelho (CV), el archienemigo del Primer Comando. Todos estos cárteles fueron creados en los últimos treinta años en la cárceles de todo el país y desde allí siguen operando los grandes capos.
El mensaje que desencadenó el baño de sangre partió del teléfono del traficante José Roberto Fernandes Barbosa, más conocido por los apodos de Z, Doido, Pertubado, Pertuba y Messi, uno de los fundadores de la facción criminal Familia del Norte.
Su grupo aliado a nivel nacional del poderoso CV tiene prácticamente el monopolio del narcotráfico y el dominio sobre el sistema carcelario de Amazonas y varios otros estados del nordeste de Brasil. Su principal negocio es la exportación a Europa de cocaína colombiana y peruana. Las investigaciones sobre el comportamiento de los cárteles brasileños indican que en la masacre de Manaos está el origen del rompimiento de la alianza de casi 20 años entre el PCC y el CV, que se formalizó en junio de 2015.
Desde entonces, distintas facciones se enfrentan por el control de las zonas de narcotráfico y particularmente las fronteras con Paraguay, Venezuela y Colombia. La guerra se trasladó ahora al estado de Ceará, en el nordeste, y los ataques amenazan con propagarse por el resto del país. Y no es sólo una lucha entre los cárteles.
Es, por sobre todo, un enfrentamiento con el Estado y un desafío directo al nuevo presidente, Jair Bolsonaro, que fue elegido con la promesa de terminar con la impunidad de los carteles del narcotráfico y pacificar al país. Los sicarios que Bolsonaro había asegurado que destruiría, le provocaban su primera crisis de gobierno.
Este escenario de caos surgió en Ceará el mismo día de la asunción de Bolsonaro en Brasilia. El 1° de enero de 2019 comenzaron los ataques a autobuses, comercios y las principales carreteras de entrada a Fortaleza, la capital del estado. Desde entonces, no cesan los atentados; ya son más de 200. Los sicarios volaron dos puentes, incendiaron autobuses de transporte y de escolares, destrozaron bancos, obligaron el cierre de las principales tiendas de decenas de ciudades, espantaron a los turistas y lanzaron videos en los que prometen una guerra total. Todo esto se produjo como reacción al anuncio del nuevo secretario de la Administración Penitenciaria de Ceará, Luis Mauro Albuquerque, de adoptar más rigor contra la entrada de celulares en las cárceles y acabar con la separación de detenidos en diferentes prisiones de acuerdo a las facciones a las que pertenecen.
Para controlar la situación, el gobierno envió a 300 agentes de la Fuerza Nacional y otros 200 están en camino. Pero veinte días más tarde, la situación no parece haber mejorado demasiado. «Hay un clima de pánico y la gente está aterrorizada de salir. Es como si estuvieras prisionero en tu casa y aun así no estás seguro», dijo un comerciante de Fortaleza a un diario local.
«Esta crisis fue completamente predecible. Este es el cuarto año que hemos tenido estos ataques. Estamos sentados en un barril de pólvora y solo necesitaba que alguien encendiera la mecha. La pobreza, las prisiones medievales, la guerra contra las drogas sin ninguna planificación y la inexistencia de políticas para los jóvenes marginados hacen que Ceará sea un campo de reclutamiento fértil para las pandillas criminales», explica Renato Roseno, diputado del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL).
«No se reforma el sistema carcelario desde hace 30 años. Las estadísticas nos dicen que apenas un 5% de los reclusos estudia y la reincidencia, una vez que salen, es de más del 90%».
La población carcelaria de Brasil es en este momento de 700.489 personas, la tercera más grande del mundo. De éstos, más del 34 % están en prisión preventiva y Ceará tiene el récord de la mayoría de presos sin condena. Hasta allí emigraron en la última década células de los cárteles de Río de Janeiro y San Pablo desde donde operan los puertos que les permite una ruta fácil a Europa.
Desde entonces, Ceará se convirtió en uno de los estados más violentos de un país que en 2017 rompió su propio récord de homicidios, casi 64.000; una tasa de 30,8 por cada 100.000 habitantes (un 50% más alta que la de México).
De acuerdo a los testigos, en estos días los cárteles están pagando a las pandillas 1.000 reales (268 dólares) para quemar un autobús y 5.000 reales (1.338 dólares) por el ataque a un banco o una tienda con un incendio importante. Algunos grupos de las favelas incluso cambian los ataques por la deuda que tienen por el consumo de drogas.
Hay pintadas por todo Fortaleza que dicen «esta vez no vamos a parar» y «seguiremos quemando hasta que Albuquerque (el secretario a cargo de las penitenciarías) no se vaya». Todas las órdenes de los objetivos a atacar, así como la de los pagos, emanan desde las cárceles donde unos 29.000 reclusos sobreviven en celdas diseñadas para no más de 11.000.
El hacinamiento hace casi imposible el control de las prisiones. Ahora, las fuerzas federales enviadas por el gobierno de Bolsonaro están trasladando fuera de Ceará a los capos que lideran los disturbios. Se confiscaron más de 400 celulares que habían entrado a las cárceles en forma clandestina.
El Comando Vermelho (Comando Rojo), de Río de Janeiro, perdió terreno en los últimos tres años, pero aún sigue siendo la organización criminal brasileña más poderosa.
Fue fundada en 1969 por Rogério Lemgruber en la prisión de Ilha Grande, con convictos comunes y militantes políticos de la Falange Vermelha que luchaba contra la dictadura militar. Desde entonces, controla las principales favelas de Río donde tiene como rivales a dos escisiones del propio CV, el Terceiro Comando Puro (TCP) y Amigos dos Amigos (ADA).
Hoy tiene una fuerza activa de más de 50.000 sicarios repartidos por todo el país y Paraguay, así como alianzas muy fuertes con los cárteles colombianos y células en Europa.
El Primeiro Comando da Capital (PCC), surgió a principios de los noventa en la cárcel de Taubaté, para presos de alta peligrosidad, a 130 km de São Paulo, más conocida como «Piranhão». Está organizado en células como las guerrillas y está regido por un estatuto de 16 puntos al que todos los integrantes deben obedecer y pagar, al mismo tiempo, una cuota mensual de 50 reales (14 dólares) para los que están presos y de 500 reales (134 dólares) para el resto. Su líder máximo es «Marcola», Marcos Willians Herbas Camacho, que cumple una condena de 44 años. Tiene unos 20.000 sicarios en las calles y otros 6.000 en las cárceles.
Domina territorio en la frontera paraguayo-brasileña, así como en Bolivia, Colombia y Perú. El PCC se reivindica como una organización que no sólo comete delitos y crímenes sino que tiene una función social de proteger a los habitantes de las favelas que controla. Actúa con la lógica del «Hood Robin», roba a los ricos para darle a los pobres. Pero en la mayoría de los casos, lo único que lleva a los morros es violencia extrema y muerte.
Estos pequeños ejércitos que durante muchos años mantuvieron un pacto de no agresión y dividían sus territorios sin disputas ahora vuelven a encontrar una causa común: enfrentar con todas sus fuerzas a Bolsonaro y su compromiso de guerra contra el narcotráfico.
Prometen una lucha sin cuartel. Es el mayor desafío que tiene el presidente de extrema derecha que llegó al Planalto de Brasilia para imponer la «mano dura» contra los sicarios.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
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Epidemia de ébola se extiende a una sexta provincia de República Democrática del Congo
La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se extendió a una sexta provincia en el norte del país, informó este jueves Jean Kaseya, director de la agencia de salud de la Unión Africana (Africa CDC).
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola, considerada ya como la más importante de su historia y en vías de convertirse también en la más mortífera.
Hasta ahora, cinco provincias congoleñas habían reportado casos: Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur; Kivu del Norte; Kivu del Sur; Alto Uelé y Tshopo. A esta lista se suma Bajo Uelé, ubicada en el norte del país y fronteriza con la República Centroafricana.
Kaseya informó que una persona falleció a causa del ébola en Bajo Uelé después de haber viajado desde Alto Uelé, en el noreste del país. El funcionario realizó estas declaraciones durante un intercambio en línea con periodistas este jueves.
Según las autoridades, la actual epidemia ha causado más de 2.128 muertes entre 4.566 casos confirmados, apenas tres meses después de su declaración.
El brote más mortífero registrado anteriormente en el país provocó cerca de 2.300 muertes entre los 3.500 enfermos contabilizados entre 2018 y 2020.
Originada en la provincia de Ituri, en el noreste de la RDC, la actual epidemia afecta a varias provincias del noreste y este del país, algunas densamente pobladas, donde la presencia del Estado es frágil y las infraestructuras sanitarias se encuentran muy desprovistas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el miércoles que espera revertir la tendencia al alza de la epidemia en un plazo de tres meses.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica. En los últimos 50 años, la enfermedad ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África.
