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Exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla es condenada a 58 años de cárcel por corrupción
Un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó este miércoles a 58 años de cárcel a la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), por delitos de corrupción.
Bonilla fue condenada a diez años de prisión por apropiación indebida y a seis años por cada uno de ocho delitos de fraude, que suman 48, para «un total de 58 años de reclusión», dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
La ex primera dama no acudió al tribunal, ni tampoco su esposo, quien sí estuvo en las últimas dos audiencias de agosto, en las que Bonilla fue declarada culpable por apropiación indebida de recursos del Estado y fraude.
Silva indicó que Bonilla fue absuelta del delito malversación de caudales públicos en contra de la administración pública.
Bonilla, para quien el Ministerio Público pedía 77 años de cárcel, fue capturada y remitida a prisión el 28 de febrero del 2018, por un caso denominado «La caja chica de la dama» en el que, por primera vez, una ex primera dama de Honduras ha sido acusada y condenada.
La justicia hondureña también condenó hoy, por el mismo caso, a 48 años de prisión, al ex secretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, contra quien el Ministerio Público había solicitado 64 años de cárcel por ocho delitos de fraude.
El expresidente Lobo reiteró el 27 de agosto que se ha cometido una «injusticia» con su esposa y que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la condena a Bonilla ya había logrado «una presea».
Lobo también reiteró que apelara ante la Corte Suprema de Justicia la condena contra su esposa, y que, si no obtiene respuesta favorable, acudirá a instancias internacionales.
Los acusados por el caso «La caja chica de la dama» fueron arrestados en el 2018 luego una investigación del Ministerio Público coordinada con la Maccih.
La acusación del Ministerio Público señala que los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
Las autoridades de Honduras embargaron en marzo de este año bienes de la ex primera dama hondureña, su cuñado y su exsecretario.
En marzo del 2018, la Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras recibió por parte del Ministerio Público 385.000 dólares, más de tres millones de lempiras (122.000 dólares) y 140 euros (158,9 dólares) hallados en una caja fuerte de la ex primera dama.
El 27 de agosto la defensa de la ex primera dama solicitó mayores medidas de protección para ella en la cárcel de mujeres a la que fue remitida en febrero del 2018, porque ha estado recibiendo amenazas después de que se le declaró «culpable» por el Tribunal de Sentencia.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
