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Exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla es condenada a 58 años de cárcel por corrupción
Un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó este miércoles a 58 años de cárcel a la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), por delitos de corrupción.
Bonilla fue condenada a diez años de prisión por apropiación indebida y a seis años por cada uno de ocho delitos de fraude, que suman 48, para «un total de 58 años de reclusión», dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
La ex primera dama no acudió al tribunal, ni tampoco su esposo, quien sí estuvo en las últimas dos audiencias de agosto, en las que Bonilla fue declarada culpable por apropiación indebida de recursos del Estado y fraude.
Silva indicó que Bonilla fue absuelta del delito malversación de caudales públicos en contra de la administración pública.
Bonilla, para quien el Ministerio Público pedía 77 años de cárcel, fue capturada y remitida a prisión el 28 de febrero del 2018, por un caso denominado «La caja chica de la dama» en el que, por primera vez, una ex primera dama de Honduras ha sido acusada y condenada.
La justicia hondureña también condenó hoy, por el mismo caso, a 48 años de prisión, al ex secretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, contra quien el Ministerio Público había solicitado 64 años de cárcel por ocho delitos de fraude.
El expresidente Lobo reiteró el 27 de agosto que se ha cometido una «injusticia» con su esposa y que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la condena a Bonilla ya había logrado «una presea».
Lobo también reiteró que apelara ante la Corte Suprema de Justicia la condena contra su esposa, y que, si no obtiene respuesta favorable, acudirá a instancias internacionales.
Los acusados por el caso «La caja chica de la dama» fueron arrestados en el 2018 luego una investigación del Ministerio Público coordinada con la Maccih.
La acusación del Ministerio Público señala que los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
Las autoridades de Honduras embargaron en marzo de este año bienes de la ex primera dama hondureña, su cuñado y su exsecretario.
En marzo del 2018, la Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras recibió por parte del Ministerio Público 385.000 dólares, más de tres millones de lempiras (122.000 dólares) y 140 euros (158,9 dólares) hallados en una caja fuerte de la ex primera dama.
El 27 de agosto la defensa de la ex primera dama solicitó mayores medidas de protección para ella en la cárcel de mujeres a la que fue remitida en febrero del 2018, porque ha estado recibiendo amenazas después de que se le declaró «culpable» por el Tribunal de Sentencia.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
