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El «Chapo» Guzmán pagó $100 millones al expresidente Peña Nieto, aseguran testigos en su juicio

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El exsecretario de Joaquín “El Chapo” Guzmán aseguró, este martes, que el narcotraficante pagó al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, 100 millones de dólares en sobornos.

De acuerdo con Alex Cifuentes, que trabajó para el narcotraficante entre 2007 y 2013, Guzmán Loera entregó esa cantidad a través de un intermediario a Peña Nieto, cuando este último era presidente.

El portavoz de Peña Nieto, Eduardo Sánchez, ya negó el pasado noviembre que el antiguo mandatario hubiera aceptado sobornos por parte del líder del cártel de Sinaola, después de que la defensa de “El Chapo” hubiera lanzado dicha acusación.

Durante el inicio del juicio contra Guzmán Loera, el pasado 14 de noviembre, Lichtman ya acusó a Peña Nieto y al anterior mandatario mexicano, Felipe Calderón (2006-2012) de recibir sobornos del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada García, socio del Chapo.

Tras aquella declaración el abogado defensor fue amonestado por el juez del caso, Brian Cogan, que le recriminó haber lanzado acusaciones sin pruebas. Cogan también prohibió durante el interrogatorio de Jesús “Rey” Zambada, hermano de “El Mayo”, que se le cuestionara sobre los supuestos pagos a los exmandatarios.

Durante el proceso han salido a relucir acusaciones de sobornos pagados por el cartel de Sinaloa a políticos, policías y funcionarios del Gobierno de México, Colombia y Ecuador.

Guzmán, extraditado en enero de 2016 a Estados Unidos y en máxima seguridad desde entonces, se ha declarado no culpable de 11 cargos de narcotráfico, entre ellos mantener una empresa criminal continua, portar armas y blanqueo de dinero, por lo que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

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Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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