Internacionales
CRUELDAD: Madre e hija, serían las asesinas de una joven embarazada a la que le arrancaron su bebé del vientre
Una madre y su hija han sido acusadas este jueves en Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, de asesinato en primer grado por la muerte por estrangulamiento de Marlen Ochoa-López, una mujer de 19 años con 9 meses de embarazo y cuyo bebé fue arrancado de su vientre.
Clarisa Figueroa, de 46 años de edad, y su hija de 24 años, Desiree, enfrentan cargos de homicidio en primer grado por la muerte de la joven, quien debía dar a luz el 5 de mayo y cuya desaparición fue reportada el 23 de abril, el mismo día en que fue a visitar el hogar de las acusadas, ubicado en el suroeste de la ciudad.
Piotr Bobak, de 41 años de edad y novio de Clarissa, fue acusado de ayudar a ocultar el homicidio.
Según informó la Policía de Chicago en rueda de prensa este jueves, la menor confesó a los agentes que ayudó a su madre a asesinar a la víctima, que fue estrangulada con un cable coaxial, encontrado en un cubo de basura en el patio de la vivienda, donde también fueron hallados esta semana los restos mortales de Ochoa-López.
Las autoridades hasta el momento desconocen las motivaciones de las asesinas, y barajan la hipótesis de que Clarisa Figueroa, quien perdió a un hijo en 2017, pretendía criar al recién nacido.
A Ochoa-López, casada y con un hijo de tres años, se la vio por última vez el pasado 23 de abril saliendo de la escuela Secundaria Alternativa Latino Youth, en el barrio de La Villita(al sur de la ciudad), con dirección al hogar de las acusadas, en donde ya había estado en anteriores oportunidades.
Ese día tenía que haber ido a recoger a su hijo a la guardería, pero nunca fue.
De acuerdo con la Policía y familiares, la víctima había conocido a sus asesinas a través de un grupo de Facebook, ahora cerrado, cuyas integrantes dan apoyo a madres en gestación.
Según dijo el jefe adjunto de los detectives de la Policía de Chicago, Brendan Deenihan, la víctima fue a la casa de Clarisa Figueroa para recoger ropa y un coche para bebés, y una vez en el interior, donde ingresó por medio de engaños, fue asesinada y el bebé retirado de su vientre.
Poco después, según la investigación policial, Clarisa Figueroa hizo una llamada al teléfono de emergencia 911 para avisar que el niño recién nacido tenía problemas para respirar, tras lo cual fue transportado en estado crítico a un hospital cercano, donde se encuentra en cuidados intensivos y con daños cerebrales.
Desiree Figueroa declaró a los agentes que su madre había dado a luz al bebé, aunque luego las pruebas de ADN confirmaron que el recién nacido es hijo de la víctima y de su esposo, Yovani López.
Los agentes procedieron esta semana a interrogar a las mujeres y a examinar la vivienda, y así descubrieron que el automóvil de Ochoa-López se encontraba aparcado cerca de allí.
De igual manera, dentro de la casa se encontraron restos de sangre, ropa quemada y contenedores con líquidos de limpieza, además del cadáver de la víctima en el interior de un cubo de basura ubicado en el patio trasero.
Las autoridades detuvieron a las dos mujeres y a dos hombres.
La oficina del médico forense confirmó el miércoles que los restos corresponden a Marlen Ochoa-López, el mismo día en que su esposo, de 20 años, pidió justicia por la muerte de la joven y de que se realizó una vigilia en una iglesia local.
(Con información de EFE)
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
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Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
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Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
