Internacionales
Cámara aprueba ‘impeachment’ contra Donald Trump por “incitación a la insurrección”
El presidente Donald Trump logró un nuevo récord de infamia. Con 232 votos a favor y 197 en contra, la Cámara de Representantes aprobó el segundo juicio político o proceso de ‘impeachment’ en su contra por “incitación a la insurrección”.
En el debate varios republicanos consideraron que la propuesta de los demócratas tras la toma violenta del Capitolio no ayuda a sanar al país, pero los primeros fueron cuestionados por permitir avanzar el discurso divisorio y teorías de conspiración de Trump. Al final 10 republicanos votaron a favor de la Resolución 24.
“Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó esta insurrección, esta rebelión armada contra nuestro país. Debe irse, es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos”, dijo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California).
Agregó que el presidente Trump ha difundido teorías de conspiración sobre el proceso electoral, lo cual afecta el proceso democrático. El momento climático de sus acusaciones fue el miércoles 6 de enero, el día de la invasión al Capitolio, cuando se certificó el voto del Colegio Electoral a favor del presidente electo Joe Biden.
“Llegó ese día incendiario que todos experimentamos. El presidente debe ser acusado”, dijo.
Los republicanos enfrentaron una división, ya que el representante Jim Jordan (Ohio), uno de los fieles seguidores del presidente, pidió la destitución de Liz Cheney (Wyoming) como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara, debido a su apoyo al proceso contra el mandatario.
En el debate, Jordan acusó a los demócratas de perseguir al presidente Trump, una y otra vez, “de cancelarlo”.
“Siempre se ha tratado de conseguir al presidente pase lo que pase. Es una obsesión, una obsesión que ahora se amplía… Deténganse y piensen en ello. ¿Tiene una Primera Enmienda una función cuando la cultura de la cancelación sólo permite que un lado hable? ¿Cuándo ni siquiera puedes tener un debate en este país?… La cultura de la cancelación vendrá para todos nosotros”.
Aunque respaldo que el presidente Trump debió condenar la violencia en el Capitolio y tiene responsabilidad sobre la actuación de sus simpatizantes, el líder de la minoría en la Cámara, Kevin McCarthy (California), dijo que sería contraproducente aprobar un nuevo juicio en contra del mandatario.
“El presidente es responsable del ataque al Congreso el miércoles por parte de los alborotadores. Debería haber condenado inmediatamente a la turba cuando vio lo que se estaba desarrollando”, expresó. “(Pero) creo que acusar al presidente en tan poco tiempo sería un error. No se han completado investigaciones. No se han realizado audiencias”.
Los republicanos que se sumaron a favor son Dan Newhouse (Washington), John Katko (Nueva York), Jaime Herrera Beutler (Washington), Adam Kinzinger (Illinois), Fred Upton (Michigan), Liz Cheney (Wyoming), Peter Meijer (Michigan), Anthony Gonzalez (Ohio), Tom Rice (Carolina del Sur) y David Valadao (California).
“Creo que este es uno de esos votos que trasciende cualquier tipo de implicación política del momento… Es uno de los que vas a recordar cuando tengas 80 años y será del que hablarás”, dijo Kinzinger a CNN. Agregó que desconoce su futuro político, pero defendió su postura.
El representante Jordan se sorprendió por la cantidad de votos republicanos, ya que hasta casi el final del debate había solamente seis contabilizados.
El oxígeno a teorías de conspiración
Previa al debate sobre el artículo de acusación, los representantes establecieron un debate sobre el procedimiento.
“Nuestros amigos republicanos… apelan a la unidad, pero no reconoce que durante cuatro años varios de ellos oxigenaron las teorías de conspiración de Donald Trump”, lanzó Jim McGovern (Massachusetts).
El republicano Jordan criticó a los demócratas por oponerse al triunfo de Trump en 2016, aunque la demócrata Hillary Clinton ese año aceptó su derrota y llamó a su contendiente para conceder la elección.
Jordan acusó a McGovern y a Jamie Raskin (Maryland) de objetar el triunfo del presidente Trump, por lo que consideró que se manejan don “doble estándar”.
“¿Adivinen quién fue el primero en objetar el 6 de enero de 2017?… El presidente demócrata del Comité de Reglas”, dijo Jordan. “¿Nos dicen que estamos tratando de revertir las elecciones? ¿Adivina quién fue el segundo en presentar objeción en 2017? El individuo que maneja el juicio político para los demócratas”
Raskin es uno de los que redactaron el artículo para el juicio político al mandatario republicano, junto con David Cicilline (Rhode Island); Ted Lieu (California) y Jerrold Nadler (Nueva York).
Esta decisión de la Cámara es la segunda en contra el presidente Trump, quien en 2019 enfrentó junicio político por la colusión de su campaña electoral con el Gobierno ruso, investigación que fue realizada por el fiscal especial Robert Mueller. El mandatario no fue condenado. Ningún otro líder estadounidense ha logrado tan infame récord.
Qué sigue
La presidenta de la Cámara deberá enviar la acusación al Senado, pero el líder de la mayoría Mitch McConnell (Kentucky) confirmó que no habrá tiempo de llevar a cabo el juicio, aunque el líder de la minoría, Charles Schumer (Nueva York), pidió la convocatoria “lo antes posible”.
“Considerando las reglas, procedimiento y los precedentes del Senando sobre los juicios políticos presidenciales, simplemente no hay posibilidad de que un juicio justo y serio pueda concluir antes de que el presidente electo Biden sea jurado la siguiente semana”, dijo en un comunicado. “El Senado ha sostenido tres juicios políticos. Éstos tardaron 87 días, 37 días y 21 días, respectivamente”.
Ahora McConnell indica que ni aunque el proceso avanzara rápido podría llegarse a una decisión pronto, antes del 19 de enero, además de parafrasear al presidente electo Biden sobre una transición segura.
“Incluso si el proceso en el Senado comenzara esta semana y avanzara rápido, no podría lograrse un veredicto final, sino hasta que el presidente Trump deje la oficina. Esta no es una decisión mía; es un hecho”, justificó. “El presidente electo ha dicho que su inauguración en enero 20 es el camino ‘más rápido’ para cualquier cambio en la presidencia”.
Dijo que lo el Congreso y la Presidencia deberán enfocarse a la seguridad del cambio de gobierno.
“A la luz de esta realidad, creo que será mejor servir a nuestra nación si el Congreso y la rama ejecutiva se enfocan completamente los próximos siete días en facilitar una inauguración segura y una ordenada transferencia del poder para la entrante Administración Biden”, asestó.
Schumer consideró que el proceso puede iniciar si hubiera disposición de McConnell, además de adelantar que habrá consecuencias para el presidente Trump.
“Un juicio en el Senado puede comenzar de inmediato con el acuerdo del actual líder de la mayoría… para volver a convocar al Senado para una sesión de emergencia”, dijo. “Habrá una votación para condenar al presidente por delitos graves y faltas; y si el presidente es condenado, se votará para prohibirle que compita nuevamente”.
Cabe aclarar que el Senado no puede condenar al presidente Trump una vez quede deje el cargo según varios expertos constitucionalistas.
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Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
