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Piden destitución inmediata de la magistrada Rosa María Fortin por actos de corrupción, cohecho propio y actos arbitrarios
Un audio difundido esta mañana en redes sociales revela cómo el expresidente de la República, Mauricio Funes, sobornó a la exmagistrada de la Cámara Segunda de la Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rosa María Fortín, a través del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Marco Fortín.
El audio fue publicado por el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, quien señaló que Funes hace referencia a cancelar una cantidad de dinero para beneficiarse del fallo de la magistrada Fortín en el caso en el que se le acusa de desviar más de $300 millones de fondos públicos a cuentas que utilizó para pagar el lujoso estilo de vida que mantuvo durante su presidencia.
“Rosa María” la operadora.
En el contexto del audio, se advierte cuando Mauricio Funes expresa:
“Con Marco Fortín ya construimos la estrategia. La Rosa María va a hablar esta semana que viene con la, con la… Romagosa… le va a decir claramente… que yo quiero entablar un canal de comunicación que me diga, así claramente que me diga con cuánto se da por satisfecha, para las pruebas de descargo que yo presente, que yo voy a llevarle un caso fundamentado, como para que ella no tenga el problema de decir (…) y cómo voy a sobreseerlo sino me ha traido ni m…; pero al menos que con las pruebas que yo presente que las acepte… que diga tuve que sobreseerlo porque presentó pruebas. En ese línea estamos”
De acuerdo a una fuente judicial que labora en la Corte Suprema de Justicia y que habló con reserva de identidad por temor a las represalias, confirma que la operadora a la que se refiere el expresidente Funes, es Rosa María Fortín Huezo, hermana del expresidente de la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Marco Fortín, quien durante la administración de Mauricio Funes, fungía como Magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde donde presuntamente habría realizado una serie de actuaciones para crear lealtades por parte de jueces y magistrados que fueron promovidos o mejorados en su condiciones, mismas que habría aprovechado para cobrar por los resultados que debían arrojar sus decisiones.
A la persona sobre la cual se escucha en el audio que presuntamente contactará la Magistrada Rosa María Fortín, es la Magistrada de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, Rosa Margarita Romagoza, a cargo del caso de Enriquecimiento Ilícito seguido contra Mauricio Funes, quien se encuentra procesado penalmente y es prófugo de la justicia, por sustraer al menos US $351 millones de dólares de las arcas del Estado.
Una red de operadores y corrupción judicial
De acuerdo a la fuente consultada, una vez Rosa María Fortín retornó a ser magistrada de la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, ha utilizado toda la estructura creada mientras estuvo coordinando actividades de la mesa judicial, aprovechando para blindar a jueces y juezas “amigos” a quienes les pide favores, por los que presuntamente ella obtendría toda clase de beneficios.
En esa línea manifestó que la Corte Suprema de Justicia y especialmente el todavía Presidente de la misma, Óscar Armando Pineda Navas, conocen claramente de esas estructuras que serían práctimante “organizaciones de corrupción en la interna judicial”, no obstante no hacen nada porque se benefician de esas tramas de favorecimientos, componendas y sobornos, razón por la que no investigan y al contrario ordenaron a la Directora de la Sección de Investigación Judicial a que no le dé trámite a las denuncias que presentan los usuarios del sistema judicial, garantizando la impunidad de estos actores que han corrompido el Órgano Judicial. De hecho, es el propio Presidente de la CSJ, quien se ocupa de declarar improponibles las denuncias contra los jueces de esta supuesta red de corrupción.
La fuente afirma que los cambios que deben dirigirse desde otros poderes del Estado y la contraloría de una verdadera veeduría judicial, requieren poner principalmente la vista a jueces y magistrados que se encuentran ejerciendo la función judicial en el Juzgado 2º y 8º de instrucción de San Salvador, los Tribunales 1º y 3º de Sentencia de San Salvador y las tres Cámaras de lo Penal de San Salvador, donde se encuentran acomodados funcionarios con los que presuntamente se realizan todas las conexiones que tiene la operadora “Rosa María”
Para la fuente, la situación y evidencia de posibles hechos de corrupción, son suficientes para que la Corte Pleno destituya a la Magistrada Rosa María Fortín, lo que coincide con lo también expresado por Sanabria, cuando bajo indignación manifiesta que: “La @FGR_SV y la sección de investigación profesional de la @CorteSupremaSV deben de abrir expedientes sobre esto, si de verdad dicen estar comprometidos contra la corrupción y las arbitrarieades en el país, porque @FunesCartagena demostró una vez más su desfachatez y amoralidad.”
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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