Judicial
Tribunal sentencia a su agresor por homicidio agravado
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Wilmer Javier Zavala Gómez, de 33 años de edad, a la pena de 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Zuleyma Marisol Flores Guardado, quien tenía 24 años de edad.
El 30 de mayo de 2018, la víctima salió de su casa, ubicada en Ciudad Delgado, San Salvador, para ir a trabajar. Al llegar la tarde, su padre se preocupó porque no había regresado, le realizó múltiples llamadas y no respondió. Al día siguiente, sus padres fueron al lugar de trabajo de Zuleyma y les informaron que no se había presentado, lo cual les pareció extraño, ya que ella era una persona responsable. Inmediatamente, su padre denunció la desaparición de su hija en la sede policial.
En la investigación, se determinó que Zuleyma tuvo una cita con Wilmer, con quien mantenía una relación sentimental. A través del monitoreo de las cámaras DE videovigilancia, se observó que, para dicha cita, la víctima llegó a un centro comercial ubicado en San Salvador, abordó un vehículo conducido por el imputado y se dirigieron a un auto hotel ubicado en Mejicanos. Posteriormente, la víctima no apareció.
El cuerpo de Zuleyma fue encontrado el 3 de diciembre del mismo año, dentro de un pozo seco en Usulután, lugar donde vivía el ahora condenado. El cuerpo se encontraba atado de manos y envuelto en una colchoneta y una bolsa plástica.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
