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Tribunal ordena cese de detención de Luis Camacho
Un tribunal de Bolivia ordenó este jueves el cese de la detención preventiva del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en uno de los varios procesos que afronta por denuncias durante su gestión y por la crisis política de 2019 en el país.
«El Tribunal de Sentencia ha determinado otorgar la solicitud a la defensa de Luis Fernando Camacho sustituyendo la detención preventiva por otras medidas», dijo a los medios el abogado Martín Camacho. El jurista explicó que ahora rige la aplicación de un arresto domiciliario con salida laboral, el pago de una prometida y la prohibición de comunicarse con los testigos del caso.
También, mencionó que el tribunal «se ha amparado en parámetros internacionales» para pronunciarse sobre el vencimiento del plazo de la detención preventiva de Camacho en este caso.
El caso Decretazo está relacionado con la emisión de un decreto regional en el que Camacho designó como su reemplazante provisional a un funcionario de la Gobernación de Santa Cruz, en lugar del vicegobernador del departamento.
El abogado indicó que también están a la espera de otras audiencias, en las se resolverá la finalización de la detención preventiva de Camacho. Entre ellas, la compra de un carro para bomberos, otra por los 36 días de paro en 2022 en demanda de la realización del censo poblacional y el caso Golpe de Estado I.
«Esperamos que luego de celebrarse estos dos actos (el caso Decretazo y del paro que se debe realizar también este jueves) podamos tener la libertar del gobernador en dos procesos más», sostuvo el abogado.
Luis Fernando Camacho con un año de prisión
Este jueves se cumple un año de la aprehensión de Camacho durante un cuestionado operativo en el que fue trasladado de la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país, a raíz de una denuncia por los hechos de 2019, el caso Golpe de Estado I , y por el que inicialmente se le detuvo.
Camacho, que en 2019 fue presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, protagonizó varias de las movilizaciones que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), en medio de denuncias de un fraude electoral tras los anulados comicios de ese año. .
Para el oficialismo y Morales, los hechos de 2019 se debieron a un «golpe de Estado» en contra del exmandatario
José Luis Pereira, secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese municipio, fue atacado cerca de las 17H00 locales (23H00 GMT) mientras se encontraba en un restaurante, detalló la fiscalía.
Esa institución halló el viernes pasado armas y cartuchos en dos fincas de ese mismo poblado, en el que el director de la policía municipal fue asesinado el 15 de abril.
A principios de este mes, hombres también mataron a un policía de la localidad en su casa y en febrero desaparecieron ocho agentes junto con el chofer que los trasladaba hacia Guadalajara, capital estatal.
Los restos de cuatro de los uniformados aparecieron en bolsas de plástico en una carretera días después.
Luego del secuestro, el gobierno estatal tomó el control de la policía de Teocaltiche y acusó a la institución de haber sido infiltrada por el crimen organizado.
En la región opera el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las mafias más poderosas de México designada como «terrorista» por Estados Unidos.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una polémica estrategia antidrogas con apoyo militar, la tasa de homicidios de México se triplicó hasta 24 por cada 100.000 habitantes.
El país registra más de 120.000 desaparecidos y el estado de Jalisco encabeza la estadística nacional con más de 15.000 casos.
En video quedó registrado el momento en que un supuesto pastor de una iglesia evangélica desató su furia contra un miembro de la congregación que se negaba a dar el diezmo.
En las imágenes, que circulan en redes sociales, se observa cómo el hombre golpea violentamente al feligrés con una silla en pleno culto.
Posteriormente, otros miembros de la iglesia auxiliaron a la víctima, quien resultó con lesiones graves en el rostro a causa del impacto.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una iglesia de Colombia y ha generado conmoción y rechazo entre numerosos creyentes.
En Colombia un pastor de una iglesia se enfureció con una oveja porque este dijo que no pagará diezmos, muestra la bestialidad con la que se ha impuesto la religión desde siempre pic.twitter.com/odu3grVp1C
— Luis Barranco (@BarrancoAnaya) April 28, 2025
Al menos 16 puntos permanecen bloqueados este lunes en Guatemala por manifestantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que protesta contra el aumento salarial aprobado para los diputados. Los legisladores recibirán hoy su tercer pago con ajuste, tras la medida avalada en noviembre de 2024.
Aunque la junta directiva del Congreso anunció a finales de marzo la suspensión del aumento mediante un acta, posteriormente aclaró que dicha decisión debía ser ratificada por el pleno, con al menos 81 votos de los 160 diputados que lo integran. Hasta el momento, no existe una disposición oficial para revertir el incremento.
Los asambleístas pasaron de devengar GTQ 29,150 (unos 3,784 dólares) a GTQ 66,300 (aproximadamente 8,607 dólares). De acuerdo con medios locales, su tercer salario elevado será entregado este lunes.
Los 23 diputados de Semilla —el partido con el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia— no apoyaron la iniciativa cuando fue presentada. Sin embargo, medios como República señalan que la aprobación habría formado parte de una negociación con la oposición para avalar la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, buscando frenar procesos penales en su contra.
«El Gobierno debe recordar que el pueblo lo defendió y al pueblo debe servir», compartió Codeca en su cuenta oficial de X.
Además del aumento salarial, los manifestantes reclaman por el alza en el precio de la canasta básica, exigen que no se privatice el agua, piden frenar los desalojos y solicitan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el domingo un amparo provisional para garantizar la libre locomoción durante las protestas. Aunque avaló el derecho a la manifestación, la corte subrayó que no debe «interrumpirse el ejercicio de los derechos de la demás población, en cuanto a su libertad de locomoción y movilidad, así como el acceso a servicios de transporte comercial y de personas».
