Judicial
Realizan audiencia en contra del médico que provocó la muerte a una embarazada en San Miguel
Este sábado seis médicos y dos enfermeras enfrentan audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz de San Miguel por un caso de presunta mala praxis, el cual habría provocado la muerte de Alondra Isamar López Amaya, de 20 años, cuya condición era de embarazo, pero que murió cuando al ser sometida a una cesárea supuestamente le perforaron el intestino, en tanto que generó lesiones al recién nacido.
Entre los señalados está el doctor Carlos Josué Romero Blanco quien es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de homicidio culposo en perjuicio de López Amaya, y lesiones culposas al bebé como resultado de un aparente mal procedimiento que es investigado.
Estos hechos sucedieron el 16 de julio de este año a eso de la 1:30 de la madrugada en el centro hospitalario migueleño.
«En el mismo caso, Fiscalía atribuye a cinco médicos (más) y dos enfermeras en delito de negación de asistencias sanitaria dado que no le brindaron asistencia médica ni de enfermería posterior al lapso quirúrgico de la cesárea, esto provocó la muerte de la joven Alondra el 19 de julio como consecuencia de una lesión practicada en el intestino de la joven», explicó el fiscal del caso.
La misma fuente aseguró que este procedimiento produjo en la joven «un shock séptico generalizado y terminó causándole la muerte».
Por estas razones, la Fiscalía ha solicitado al juez del caso que Romero Blanco se mantenga bajo arresto mientras es procesado, en tanto que para el resto de los médicos y enfermeras pidió instrucción con medidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
