Internacionales
Policías de Nueva York golpean a un preso que murió un día después, según video difundido por fiscalía
En un video recién publicado de una fatal golpiza en una prisión de Nueva York, varios guardias penales maltratan repetidamente a un hombre esposado, golpeándolo en el pecho con un zapato y levantándolo por el cuello para luego dejarlo caer.
Las imágenes de la cámara corporal de la agresión cometida el 9 de diciembre contra Robert Brooks fueron hechas públicas el viernes por el fiscal general del estado, que investiga el uso de la fuerza por parte de los agentes.
https://twitter.com/amilcarrock/status/1873080741073945083?t=zwEKm8RU2Dz-THlDWcTZGQ&s=19
Brooks, de 43 años, fue declarado muerto en un hospital la mañana siguiente al ataque en la Instalación Correccional de Marcy, una prisión estatal del condado de Oneida, donde estaba encarcelado.
Trece guardias penales y una enfermera implicados en el ataque podrían ser despedidos, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien se dijo “indignada y horrorizada” por los videos del “asesinato sin sentido”.
El metraje, hecho público el viernes, muestra a los guardias golpeando repetidamente a Brooks en la cara y en la entrepierna mientras está esposado en una mesa de exploración médica.
Uno de los oficiales usa un zapato para golpear a Brooks en el estómago, mientras otro lo levanta por el cuello y lo deja caer de nuevo sobre la mesa. Luego, los oficiales le quitan la camisa y los pantalones mientras yace inmóvil y ensangrentado boca arriba.
“Estos videos son impactantes y perturbadores, y aconsejo a todas las personas que tomen las debidas precauciones antes de decidir verlos”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Los resultados finales de la autopsia de Brooks aún están pendientes.
Posible asfixia
Los hallazgos preliminares de un examen médico indican “preocupación por asfixia debido a la compresión del cuello como causa de muerte, así como el fallecimiento debido a las acciones de otra persona”, según los documentos judiciales.
Los videos no incluyen audio porque las cámaras corporales no habían sido activadas por los agentes que las llevaban. El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado emitió una directiva tras la muerte de Brooks, según la cual el personal debe usar cámaras corporales en cada interacción con las personas encarceladas.
James dijo que su oficina ya investiga el uso de la fuerza que produjo la muerte de Brooks, pero no reveló si alguno de los guardias sería acusado de cometer algún delito.
Con la publicación de los videos, “el público ahora puede ver por sí mismo la naturaleza horrorosa y extrema del mortal ataque contra Robert L. Brooks”, dijo una abogada de su familia, Elizabeth Mazur.
“Como pueden ver los espectadores, el señor Brooks fue golpeado fatal y violentamente por un grupo de guardias cuyo trabajo era mantenerlo seguro”, dijo Mazur.
“Merecía vivir, y todas las demás personas que viven en la Instalación Correccional de Marcy merecen saber que no tienen que vivir con miedo a la violencia por parte del personal de la prisión”.
Integridad socavada
El sindicato de guardias penales estatales, que vio el metraje de la agresión antes de su divulgación, dijo en un comunicado: “Lo que presenciamos es, por decir lo menos, incomprensible y ciertamente no refleja el gran trabajo que la gran mayoría de nuestros elementos realiza todos los días”.
“Este incidente no solo pone en peligro a todos nuestros miembros, sino que socava la integridad de nuestra profesión. No podemos ni vamos a tolerar este comportamiento”, dijo el sindicato, la Asociación Caritativa de Guardias Penales y Policías del Estado de Nueva York.
Brooks cumplía una condena de 12 años de prisión por agresión en primer grado desde 2017. Había llegado a la Instalación Correccional de Marcy unas horas antes de la golpiza, tras ser trasladado de otra prisión estatal cercana, dijeron autoridades.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
