Internacionales
Policías de Nueva York golpean a un preso que murió un día después, según video difundido por fiscalía
En un video recién publicado de una fatal golpiza en una prisión de Nueva York, varios guardias penales maltratan repetidamente a un hombre esposado, golpeándolo en el pecho con un zapato y levantándolo por el cuello para luego dejarlo caer.
Las imágenes de la cámara corporal de la agresión cometida el 9 de diciembre contra Robert Brooks fueron hechas públicas el viernes por el fiscal general del estado, que investiga el uso de la fuerza por parte de los agentes.
https://twitter.com/amilcarrock/status/1873080741073945083?t=zwEKm8RU2Dz-THlDWcTZGQ&s=19
Brooks, de 43 años, fue declarado muerto en un hospital la mañana siguiente al ataque en la Instalación Correccional de Marcy, una prisión estatal del condado de Oneida, donde estaba encarcelado.
Trece guardias penales y una enfermera implicados en el ataque podrían ser despedidos, según la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien se dijo “indignada y horrorizada” por los videos del “asesinato sin sentido”.
El metraje, hecho público el viernes, muestra a los guardias golpeando repetidamente a Brooks en la cara y en la entrepierna mientras está esposado en una mesa de exploración médica.
Uno de los oficiales usa un zapato para golpear a Brooks en el estómago, mientras otro lo levanta por el cuello y lo deja caer de nuevo sobre la mesa. Luego, los oficiales le quitan la camisa y los pantalones mientras yace inmóvil y ensangrentado boca arriba.
“Estos videos son impactantes y perturbadores, y aconsejo a todas las personas que tomen las debidas precauciones antes de decidir verlos”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
Los resultados finales de la autopsia de Brooks aún están pendientes.
Posible asfixia
Los hallazgos preliminares de un examen médico indican “preocupación por asfixia debido a la compresión del cuello como causa de muerte, así como el fallecimiento debido a las acciones de otra persona”, según los documentos judiciales.
Los videos no incluyen audio porque las cámaras corporales no habían sido activadas por los agentes que las llevaban. El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado emitió una directiva tras la muerte de Brooks, según la cual el personal debe usar cámaras corporales en cada interacción con las personas encarceladas.
James dijo que su oficina ya investiga el uso de la fuerza que produjo la muerte de Brooks, pero no reveló si alguno de los guardias sería acusado de cometer algún delito.
Con la publicación de los videos, “el público ahora puede ver por sí mismo la naturaleza horrorosa y extrema del mortal ataque contra Robert L. Brooks”, dijo una abogada de su familia, Elizabeth Mazur.
“Como pueden ver los espectadores, el señor Brooks fue golpeado fatal y violentamente por un grupo de guardias cuyo trabajo era mantenerlo seguro”, dijo Mazur.
“Merecía vivir, y todas las demás personas que viven en la Instalación Correccional de Marcy merecen saber que no tienen que vivir con miedo a la violencia por parte del personal de la prisión”.
Integridad socavada
El sindicato de guardias penales estatales, que vio el metraje de la agresión antes de su divulgación, dijo en un comunicado: “Lo que presenciamos es, por decir lo menos, incomprensible y ciertamente no refleja el gran trabajo que la gran mayoría de nuestros elementos realiza todos los días”.
“Este incidente no solo pone en peligro a todos nuestros miembros, sino que socava la integridad de nuestra profesión. No podemos ni vamos a tolerar este comportamiento”, dijo el sindicato, la Asociación Caritativa de Guardias Penales y Policías del Estado de Nueva York.
Brooks cumplía una condena de 12 años de prisión por agresión en primer grado desde 2017. Había llegado a la Instalación Correccional de Marcy unas horas antes de la golpiza, tras ser trasladado de otra prisión estatal cercana, dijeron autoridades.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
