Judicial
Munguía Payés utilizó a familia para comprar bienes y no dejar rastro de enriquecimiento ilícito
David Munguía Payés, fungiendo como ministro de Defensa y titular de Justicia y Seguridad, benefició a sus parientes más cercanos con transacciones de dinero para que compraran inmuebles y vehículos, así lo han señalado fiscales especializados de extinción de dominio en sus argumentos iniciales de la audiencia preparatoria que fue reanudada este miércoles.
El exfuncionario utilizó esa estrategia para evitar que Probidad detectara que casas y vehículos eran de su propiedad, según las indagaciones realizadas por la Fiscalía.
El ministerio público al investigar un antes y un después, ha expuesto al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio que Munguía Payés tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Cuando fue funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal ha cuestionado que los parientes de Munguía Payés no tenían capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Pero los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
Ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, la Fiscalía pretende que se despoje de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
En el expediente se incluye a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Lo que también pretende la Fiscalía es que pasen al Estado, el dinero de 10 cuentas de ahorro y de depósitos a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en San Salvador y en La Libertad.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
