Judicial
Munguía Payés utilizó a familia para comprar bienes y no dejar rastro de enriquecimiento ilícito
David Munguía Payés, fungiendo como ministro de Defensa y titular de Justicia y Seguridad, benefició a sus parientes más cercanos con transacciones de dinero para que compraran inmuebles y vehículos, así lo han señalado fiscales especializados de extinción de dominio en sus argumentos iniciales de la audiencia preparatoria que fue reanudada este miércoles.
El exfuncionario utilizó esa estrategia para evitar que Probidad detectara que casas y vehículos eran de su propiedad, según las indagaciones realizadas por la Fiscalía.
El ministerio público al investigar un antes y un después, ha expuesto al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio que Munguía Payés tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Cuando fue funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal ha cuestionado que los parientes de Munguía Payés no tenían capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Pero los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
Ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, la Fiscalía pretende que se despoje de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
En el expediente se incluye a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Lo que también pretende la Fiscalía es que pasen al Estado, el dinero de 10 cuentas de ahorro y de depósitos a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en San Salvador y en La Libertad.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
