Judicial
Munguía Payés utilizó a familia para comprar bienes y no dejar rastro de enriquecimiento ilícito
David Munguía Payés, fungiendo como ministro de Defensa y titular de Justicia y Seguridad, benefició a sus parientes más cercanos con transacciones de dinero para que compraran inmuebles y vehículos, así lo han señalado fiscales especializados de extinción de dominio en sus argumentos iniciales de la audiencia preparatoria que fue reanudada este miércoles.
El exfuncionario utilizó esa estrategia para evitar que Probidad detectara que casas y vehículos eran de su propiedad, según las indagaciones realizadas por la Fiscalía.
El ministerio público al investigar un antes y un después, ha expuesto al Juzgado Especializado en Extinción de Dominio que Munguía Payés tuvo un incremento patrimonial no justificado.
Cuando fue funcionario público estuvo incrementando las cuentas bancarias de sus familiares, pero nunca se supo la procedencia lícita de los fondos depositados, hasta que las indagaciones detectaron que ese dinero salió de la partida secreta de la Presidencia de la República.
La representación fiscal ha cuestionado que los parientes de Munguía Payés no tenían capacidad económica para comprar inmuebles y vehículos. Pero los procuradores [abogados de Munguía Payés y parientes] expusieron que el exfuncionario antes de ejercer los cargos públicos reportó que su patrimonio era de $1.4 millones.
Ante el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio, la Fiscalía pretende que se despoje de $4,638,164.91 en bienes, inmuebles y cuentas bancarias a nombre del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
En el expediente se incluye a la madre del exfuncionario, Blanca Lidia López Méndez, al hermano José Roberto Dheming Valle y la hija Blanca Patricia Munguía Molina.
Lo que también pretende la Fiscalía es que pasen al Estado, el dinero de 10 cuentas de ahorro y de depósitos a plazo, dos vehículos y bienes inmuebles, las propiedades están ubicadas en San Salvador y en La Libertad.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una condena de 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega, tras comprobarse su responsabilidad en un caso de violación agravada continuada ocurrido en un hospedaje de Guazapa, San Salvador Norte.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador declaró culpable a José Melvin Rivera Ortega y lo condenó a 12 años y seis meses de prisión por el delito de violación agravada en la modalidad de delito continuado.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospedaje del distrito de Guazapa, municipio de San Salvador Norte, donde el imputado llevó a la víctima bajo engaños.
Una vez en el lugar, Rivera Ortega amenazó a la víctima con una navaja y la agredió sexualmente en varias ocasiones, manteniéndola retenida hasta el día siguiente. La mujer logró escapar y acudió a la Unidad de la Mujer de la Policía Nacional Civil (PNC) de Chalatenango, donde relató lo sucedido y formalizó la denuncia con apoyo de las autoridades fiscales.
Tras la valoración de las pruebas presentadas, el tribunal determinó la culpabilidad del procesado y, además de la pena de prisión, lo condenó al pago de $960 en concepto de responsabilidad civil.
En un caso similar, el pasado 30 de octubre, el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de cárcel a Alexis Hernández, quien fue declarado culpable de abuso sexual agravado contra una menor en el municipio de Santo Tomás, al sur de San Salvador.
Según la investigación, Hernández contactó a la víctima mediante redes sociales, la engañó para que se reuniera con él y la retuvo en su vivienda, donde la agredió sexualmente durante dos días. La menor denunció los hechos tras contarle a su madre lo ocurrido.
Ambos casos refuerzan los esfuerzos del sistema judicial salvadoreño por garantizar justicia para las víctimas de violencia sexual y aplicar sanciones ejemplares a los agresores.
Judicial
Inicia juicio contra seis acusados por traficar más de 300 kilos de cocaína valorados en $8 millones en El Salvador
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla instaló el juicio contra seis personas señaladas de traficar 319 kilogramos de cocaína en distintos puntos del país. La Fiscalía General de la República (FGR) valora la droga incautada en más de 8 millones de dólares.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dio inicio al juicio contra seis acusados de integrar una red de tráfico ilícito de drogas, a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza del traslado y comercialización de 319 kilogramos de cocaína valorados en $8,019,660.
Los procesados fueron identificados como José Carlos Beltrán Torres, Luis Roberto Ayala Serrano —ex motorista del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT)—, Mercedes Eugenia Flores Soriana, Henry Antonio Umaña Lovo, Josué Rigoberto Flores Girón y Marvin Antonio Vásquez Alvarado.
De acuerdo con el ministerio público, todos enfrentan cargos por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras que Ayala Serrano también será procesado por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Según la investigación, los imputados fueron capturados el 7 de abril de 2023 durante varios operativos antidroga coordinados con la Policía Nacional Civil (PNC). En uno de los procedimientos se incautaron 100 kilogramos de cocaína sobre el bulevar Orden de Malta, en la urbanización Santa Elena de Antiguo Cuscatlán, y otros 74 kilogramos en la colonia Quezaltepeque de Santa Tecla.
La FGR también los vincula con otros 145 kilogramos de droga hallados en una embarcación abandonada en la playa Las Hojas, La Paz, en marzo del mismo año.
“Contamos con abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitirá demostrar la responsabilidad penal de los procesados y solicitar una condena ejemplar”, expresó el fiscal del caso.
Con este proceso, la Fiscalía busca desmantelar estructuras criminales dedicadas al narcotráfico internacional, las cuales utilizan rutas terrestres y marítimas para movilizar droga hacia el norte del continente.
Alexis Hernández ha sido condenado a 20 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor de edad, en Santo Tomás, San Salvador Sur.
Este sujeto contactó a la víctima a través de redes sociales y consiguió engañarla para encontrarse con ella. Hernández la llevó a su casa, la retuvo y abusó de ella, durante dos días.
Cuando la menor regresó a casa, le contó a su madre sobre los ataques del imputado.
La condena fue impuesta por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador.
