Judicial
Logran que constructora pague indemnización a familia de trabajador que murió en La Puerta del Diablo
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la empresa que ejecuta obras en el parque nacional Puerta del Diablo, indemnizará a la familia de un joven trabajador quien falleció el pasado 2 de septiembre, al despeñarse mientras trataba de huir de un ataque de abejas.
El joven Douglas Enrique Ortiz, fue atacado por abejas cuando trabajaba en una estructura a una altura considerable. Al ser picado, trató de escapar pero, por no poseer equipo adecuado como arneses y otros, cayó al vacío muriendo en el acto.
«Hoy anuncio que hemos logrado que la empresa reconozca una fuerte indemnización a la madre del joven fallecido en el proyecto en la Puerta del Diablo en Planes de Renderos», dijo el funcionario.
Agregó que el propósito de su ministerio «es llevar justicia laboral», y que en el pasado «los poderosos imponían sus criterios y, ante pérdidas de vida y accidentes laborales de sus trabajadores, solo reemplazaban a las víctimas como piezas desechables», comentó.
«Esa impunidad se ha terminado, estamos llevando justicia incluso en las zonas rurales donde antes estos accidentes pasaban desapercibidos y las personas humildes, dada su sencillez aceptaban lo que el patrón decidía», manifestó.
Castro se refirió además al caso de dos niños que resultaron intoxicados en una finca en Ahuachapán, luego de manipular agroquímicos con los que trabajaban para su patrono. «Gracias a Dios ambos están con vida, pero el empleador deberá pagar indemnización grande y proporcional a los daños ocacionados a las dos familias de los menores», advirtió.
Detalló que el MINTRAB garantizará que los pagos se hagan de forma inmediata a las familias afectadas.
«Sabemos que nunca una cantidad borrará el dolor y el sufrimiento, pero es una medida de justicia y reparación para las víctimas. Ver los rostros de personas humildes que nos manifiestan que no tenían esperanza, pero que ahora se sienten satisfechos porque se ha reconocido el daño y protegidos sus derechos, nos compromete aún más para avanzar por este camino», añadió.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
