Judicial
Interponen denuncia penal contra Bertha Deleón, Arnau Baulenas, Carlos Martínez D’aubuisson y José Luis Sanz
La abogada Jessica Rivas, en su calidad de mujer, ciudadana y abogada interpuso esta tarde, Denuncia Penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la abogada y candidata a diputada por Nuestro Tiempo: Bertha De León, los españoles Arnau Baulenas -colaborador judicial del IDHUCA- y José Luis Sanz -Director del periódico digital “El Faro”; así como también contra Carlos Martínez D’aubuisson -quien forma parte del staff de periodistas de El Faro- señalados del cometimiento de los delitos de Fraude Procesal, Encubrimiento y Coacción, con la intención de lograr la impunidad de Martínez D’aubuisson, a quien el periódico virtual LA PÁGINA, apuntó de haber abusado sexualmente a una compañera periodista, a quien se ha identificado como “MARTA” para proteger su identidad.
De acuerdo a la profesional del derecho, su decisión está movida por sentar un precedente sobre lo que es la violencia de género, la corrupción y la desprotección jurisdiccional, a la cual puede verse sometida cualquier mujer frente a una relación de poder; el caso de “MARTA” deja muchas interrogantes, pues a pesar que el IDHUCA publicó el 18 de julio del presente año un comunicado que supuestamente contenía el deseo e interés de la víctima, de no dar continuidad a su caso y no sentirse víctima de violencia de género, ni solicitar que se prosiguiera una investigación penal contra la persona que habría abusado de ella.
En este caso, debemos dejar bien claro, apuntó la abogada que nadie asuma que se trata de una persecución penal por motivos políticos o contra la libertad de expresión; las cosas como son. Tenemos una víctima que ha sufrido violencia de género y se debe indagar qué clase de asesoría, asistencia y acompañamiento ha recibido, porque a primer impresión parecería que todos los involucrados, incluyendo a quien ha actuado como su abogada -Bertha Deleón- están interesados en resolver la situación del infractor y no en proteger a la víctima, como tampoco prevenir que vuelva a ocurrir. Cuestionó que la abogada Deleón, hace tremendos aspavientos cuando considera que hay una expresión que la violenta en redes sociales; pero cuando se trata de la víctima “MARTA” no ha tenido un solo pronunciamiento exigiendo al Fiscal General llegar hasta el fondo de los hechos y castigar a los responsables. Y si la asesoró para que en su declaración “MARTA” ocultara hechos o circunstancias para variar una línea de investigación o cambiar la calificación jurídica, eso sería Fraude Procesal y está sancionado hasta con 10 años de prisión
También lamentó que en este intento de evitar la justicia, para el periodista Martínez D’aubuisson, estén involucrados dos sujetos de nacionalidad Española, refiriéndose a Baulenas -del IDHUCA- y a José Luis Sanz -de El Faro-; “sería una pena -de comprobarse- que mientras la Audiencia Nacional se ocupa de reconstruir la historia y que no queden impunes crímenes de lesa humanidad -como el de los Jesuitas- tengamos aquí dos personas de ese país, que pretendan torcer la justicia”
De acuerdo al documento de denuncia, la abogada ha solicitado al Fiscal General, una serie de diligencias que comprobarán que “MARTA” habría sido coaccionada y que se cometió Fraude Procesal, para ocultar la verdad de los acontecimientos, entre estos que se citen a entrevista varias personas que estuvieron en la Fiesta donde ocurrió el abuso, las Consultoras de Género que atendieron a “MARTA” en las oficinas de EL FARO y a José María Tojeira, Diretor del IDHUCA. “El IDHUCA tiene mucho que explicar, especialmente a las mujeres de este país, porque la institución que por años se destacó por exigir al Estado el derecho a la verdad, hoy está a gusto, con que este caso quede a las sombras.” Recalcó.
Por último, dijo que hay en esto un reto para Fiscalía, demostrar que en verdad hay una política de atención y respuesta a la violencia de género; y que nadie puede escudarse en que realiza “periodismo incómodo” o en “ser opinóloga” para creer que podrán estar por encima de la ley.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
