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Arévalo asumirá la presidencia de Guatemala en medio de la persecución de la Fiscalía

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El socialdemócrata Bernardo Arévalo asume este domingo el cargo de presidente de Guatemala para los próximos cuatro años, en medio de las presiones judiciales ejercidas por una muy cuestionada Fiscalía contra su inesperado triunfo en las elecciones de agosto, que rompió así con décadas de gobiernos conservadores.

Arévalo se ha topado con los escollos de una Fiscalía que intentó incluso impedirle el derecho a competir en una segunda vuelta que se había ganado en las urnas y que está seguro que no ha dicho todavía su última palabra.

«Algo van a intentar», ha advertido esta semana Arévalo durante una de sus últimas entrevistas antes de asumir como presidente.

«Son patadas de ahogado. Lo hemos dicho insistentemente, son medidas desesperadas de gente que está a punto de perder el negocio y tratan de cualquier manera impedirlo», ha dicho. Finalmente, un recurso de amparo del Constitucional aseguró su participación en aquella segunda ronda, en la que se impuso holgadamente al oficialismo.

Desde entonces, ha sido objeto de una persecución protagonizada por la Judicatura, con algunos de sus representantes incluidos en esas listas elaboradas por Estados Unidos para señalar a supuestos agentes antidemocráticos y corruptos.

Es el caso de la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras –a quien Arévalo ya ha confirmado que le solicitará su renuncia–, los fiscales Cinthia Monterroso y Rafael Curruchiche, o el juez Fredy Orellana, quien esta semana instó de nuevo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cumplir con la suspensión del Movimiento Semilla, el partido de Arévalo en las elecciones.

La persecución ha sido ampliamente cuestionada por organismos internacionales que, en sintonía con las denuncias de Arévalo, han llegado a hablar de «golpe de Estado técnico», así como por un gran sector de la población guatemalteca, descontenta con el «pacto de los corruptos». denunciado por el nuevo presidente.

Persecución judicial

El Movimiento Semilla centró su campaña en mensajes contra la corrupción y la recuperación de la democracia, en un país en el que durante años el sistema tradicional de partidos cooptó las instituciones en benefició de intereses particulares de políticos, empresarios, militares e incluso del crimen organizado.

La primera etapa de esta persecución comenzó cuando tras conseguir colarse en la segunda vuelta contra todo pronóstico, los a priori favoritos de aquella cita, como el oficialista Vamos, exigieron la repetición de los comicios bajo alegaciones de fraude, en contra de la transparencia defendida por las misiones internacionales.

Posteriormente, entraron en escena la fiscal general Porras y el fiscal especial Curruchiche, quienes presentaron una demanda por fraude contra el Movimiento Semilla por el supuesto uso de firmas falsas para poder ser inscrito.

Retos del muevo gobierno

Hijo del primer presidente electo del país, el bien considerado Juan José Arévalo (1945-1951) responsable de profundas reformas sociales– tendrá como principal reto la gobernabilidad de un país que ha vivido uno de sus procesos electorales más convulsos de los últimos tiempos.

Además de con los procesos abiertos en su contra, la suspensión del Movimiento Semilla, o los intentos de los fiscales por despojarle de su inmunidad, Arévalo se las tendrá que ver con un Congreso controlado por los conservadores, en el que solo cuenta con 23 de los 160 escaños de los que está formado.

Arévalo ha prometido invertir en infraestructuras para generar puestos de empleo y trabajar en el desarrollo de las áreas afectadas por la pobreza con el fin de prevenir no solo el crimen sino también las migraciones masivas a Estados Unidos.

Para llevar a cabo esas reformas que tanto precisa el país deberá ponerse de acuerdo además de con unos sectores sociales con los que parece congeniar, también con una clase dirigente vinculada al Ejército y al sector privado que ya le ha evidenciado sus reticencias al cambio.

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Internacionales

India lanza bombardeos en Pakistán y este promete una respuesta contundente

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La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.

Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.

La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.

De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.

El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.

En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.

Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.

La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.

Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.

La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.

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Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate

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Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.

Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.

Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.

La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.

El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.

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Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad

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El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.

Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.

El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.

El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.

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