Judicial
Penalista denuncia y expone las irregularidades y atropellos de exfiscal Douglas Meléndez, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortez
Sergio Toruño, abogado penalista y exfiscal, denunció al exfiscal general Douglas Meléndez, a su primo Wil Walter Ruiz, quien aún trabaja en la Fiscalía General de la República y Jorge Cortez exdirector contra la corrupción y la impunidad; por irregularidades y atropellos durante sus funciones en esta institución.
Toruño señala que fue uno de los abogados a los que la fiscalía de Douglas Meléndez persiguió arbitrariamente, durante tres años y lamenta que aún no se haga justicia ante las arbitrariedades del exfuncionario Meléndez y su séquito.
El jurista comenta el caso en el que fue presionada la señora Hilda Guadalupe Trigueros, en el caso que fue creado por el exfiscal Meléndez contra el empresario Enrique Rais.
La señora Trigueros buscó ayuda legal por un caso de violencia intrafamiliar, sin embargo, los fiscales utilizaron el caso para hacerlo mediático, a tal grado de difundir audios de llamadas entre la víctima y su abogado Ernesto Gutierrez, produciendo una revictimización.
El abogado Toruño explica que Meléndez mezcló 31 personas en casos no relacionados, creando uno solo, llamándolo «corruptela», con el principal propósito de buscar la reelección de su cargo.
Además indica que la noticia criminis de «corruptela», es el caso del Banco Promérica, que era por lavado de dinero y activos, sin embargo, Jorge Cortez lo dejó fuera del requerimiento.
Douglas Meléndez, apoyado por Wil Wlater Ruiz y Jorge Cortez reforzaron el caso corruptela creando una persecución arbitraria para todos los implicados, implementando un juicio mediático para presionar a los jueces para que resolvieran sus “caprichos e intereses y no con base en lo que dicta la ley”, subraya el abogado.
El abogado también indica que Hilda Trigueros le aseguró que nunca tuvo “absolutamente ninguna relación ni con el ex fiscal Luis Martinez ni jamás conoció al señor Enrique Rais”, pero que la incorporaron en el caso “por venganza de una fiscal que lleva el caso quien se aprovechó para incorporar a mi clienta” por ser amiga del papá de su ex esposo, que también es abogado.
Trigueros se declaró víctima del montaje de este caso, donde le incluyeron declaraciones falsas de siete fiscales que fueron supuestamente fueron torturados por Jorge Cortez, para que señalaran a Enrique Rais, explica Toruño.
La práctica de Meléndez, Cortez y Walter Ruiz era hasta criminalizar a los abogados de los casos mediáticos, tal y como señaló el abogado Mario Machado en un programa de Telecorporación Salvadoreña, a quien le intervinieron sus teléfonos y lo intimidaron, por ser el abogado que representó el caso del expresidente Elias Antonio Saca.
Actualmente Jorge Cortez y Wil Walter Ruiz, son parte de la FGR, a pesar de ser acusados por este tipo de ilegalidades.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
