Judicial
Penalista denuncia y expone las irregularidades y atropellos de exfiscal Douglas Meléndez, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortez
Sergio Toruño, abogado penalista y exfiscal, denunció al exfiscal general Douglas Meléndez, a su primo Wil Walter Ruiz, quien aún trabaja en la Fiscalía General de la República y Jorge Cortez exdirector contra la corrupción y la impunidad; por irregularidades y atropellos durante sus funciones en esta institución.
Toruño señala que fue uno de los abogados a los que la fiscalía de Douglas Meléndez persiguió arbitrariamente, durante tres años y lamenta que aún no se haga justicia ante las arbitrariedades del exfuncionario Meléndez y su séquito.
El jurista comenta el caso en el que fue presionada la señora Hilda Guadalupe Trigueros, en el caso que fue creado por el exfiscal Meléndez contra el empresario Enrique Rais.
La señora Trigueros buscó ayuda legal por un caso de violencia intrafamiliar, sin embargo, los fiscales utilizaron el caso para hacerlo mediático, a tal grado de difundir audios de llamadas entre la víctima y su abogado Ernesto Gutierrez, produciendo una revictimización.
El abogado Toruño explica que Meléndez mezcló 31 personas en casos no relacionados, creando uno solo, llamándolo «corruptela», con el principal propósito de buscar la reelección de su cargo.
Además indica que la noticia criminis de «corruptela», es el caso del Banco Promérica, que era por lavado de dinero y activos, sin embargo, Jorge Cortez lo dejó fuera del requerimiento.
Douglas Meléndez, apoyado por Wil Wlater Ruiz y Jorge Cortez reforzaron el caso corruptela creando una persecución arbitraria para todos los implicados, implementando un juicio mediático para presionar a los jueces para que resolvieran sus “caprichos e intereses y no con base en lo que dicta la ley”, subraya el abogado.
El abogado también indica que Hilda Trigueros le aseguró que nunca tuvo “absolutamente ninguna relación ni con el ex fiscal Luis Martinez ni jamás conoció al señor Enrique Rais”, pero que la incorporaron en el caso “por venganza de una fiscal que lleva el caso quien se aprovechó para incorporar a mi clienta” por ser amiga del papá de su ex esposo, que también es abogado.
Trigueros se declaró víctima del montaje de este caso, donde le incluyeron declaraciones falsas de siete fiscales que fueron supuestamente fueron torturados por Jorge Cortez, para que señalaran a Enrique Rais, explica Toruño.
La práctica de Meléndez, Cortez y Walter Ruiz era hasta criminalizar a los abogados de los casos mediáticos, tal y como señaló el abogado Mario Machado en un programa de Telecorporación Salvadoreña, a quien le intervinieron sus teléfonos y lo intimidaron, por ser el abogado que representó el caso del expresidente Elias Antonio Saca.
Actualmente Jorge Cortez y Wil Walter Ruiz, son parte de la FGR, a pesar de ser acusados por este tipo de ilegalidades.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
