Judicial
Penalista denuncia y expone las irregularidades y atropellos de exfiscal Douglas Meléndez, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortez
Sergio Toruño, abogado penalista y exfiscal, denunció al exfiscal general Douglas Meléndez, a su primo Wil Walter Ruiz, quien aún trabaja en la Fiscalía General de la República y Jorge Cortez exdirector contra la corrupción y la impunidad; por irregularidades y atropellos durante sus funciones en esta institución.
Toruño señala que fue uno de los abogados a los que la fiscalía de Douglas Meléndez persiguió arbitrariamente, durante tres años y lamenta que aún no se haga justicia ante las arbitrariedades del exfuncionario Meléndez y su séquito.
El jurista comenta el caso en el que fue presionada la señora Hilda Guadalupe Trigueros, en el caso que fue creado por el exfiscal Meléndez contra el empresario Enrique Rais.
La señora Trigueros buscó ayuda legal por un caso de violencia intrafamiliar, sin embargo, los fiscales utilizaron el caso para hacerlo mediático, a tal grado de difundir audios de llamadas entre la víctima y su abogado Ernesto Gutierrez, produciendo una revictimización.
El abogado Toruño explica que Meléndez mezcló 31 personas en casos no relacionados, creando uno solo, llamándolo «corruptela», con el principal propósito de buscar la reelección de su cargo.
Además indica que la noticia criminis de «corruptela», es el caso del Banco Promérica, que era por lavado de dinero y activos, sin embargo, Jorge Cortez lo dejó fuera del requerimiento.
Douglas Meléndez, apoyado por Wil Wlater Ruiz y Jorge Cortez reforzaron el caso corruptela creando una persecución arbitraria para todos los implicados, implementando un juicio mediático para presionar a los jueces para que resolvieran sus “caprichos e intereses y no con base en lo que dicta la ley”, subraya el abogado.
El abogado también indica que Hilda Trigueros le aseguró que nunca tuvo “absolutamente ninguna relación ni con el ex fiscal Luis Martinez ni jamás conoció al señor Enrique Rais”, pero que la incorporaron en el caso “por venganza de una fiscal que lleva el caso quien se aprovechó para incorporar a mi clienta” por ser amiga del papá de su ex esposo, que también es abogado.
Trigueros se declaró víctima del montaje de este caso, donde le incluyeron declaraciones falsas de siete fiscales que fueron supuestamente fueron torturados por Jorge Cortez, para que señalaran a Enrique Rais, explica Toruño.
La práctica de Meléndez, Cortez y Walter Ruiz era hasta criminalizar a los abogados de los casos mediáticos, tal y como señaló el abogado Mario Machado en un programa de Telecorporación Salvadoreña, a quien le intervinieron sus teléfonos y lo intimidaron, por ser el abogado que representó el caso del expresidente Elias Antonio Saca.
Actualmente Jorge Cortez y Wil Walter Ruiz, son parte de la FGR, a pesar de ser acusados por este tipo de ilegalidades.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
