Judicial
Penalista denuncia y expone las irregularidades y atropellos de exfiscal Douglas Meléndez, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortez
Sergio Toruño, abogado penalista y exfiscal, denunció al exfiscal general Douglas Meléndez, a su primo Wil Walter Ruiz, quien aún trabaja en la Fiscalía General de la República y Jorge Cortez exdirector contra la corrupción y la impunidad; por irregularidades y atropellos durante sus funciones en esta institución.
Toruño señala que fue uno de los abogados a los que la fiscalía de Douglas Meléndez persiguió arbitrariamente, durante tres años y lamenta que aún no se haga justicia ante las arbitrariedades del exfuncionario Meléndez y su séquito.
El jurista comenta el caso en el que fue presionada la señora Hilda Guadalupe Trigueros, en el caso que fue creado por el exfiscal Meléndez contra el empresario Enrique Rais.
La señora Trigueros buscó ayuda legal por un caso de violencia intrafamiliar, sin embargo, los fiscales utilizaron el caso para hacerlo mediático, a tal grado de difundir audios de llamadas entre la víctima y su abogado Ernesto Gutierrez, produciendo una revictimización.
El abogado Toruño explica que Meléndez mezcló 31 personas en casos no relacionados, creando uno solo, llamándolo «corruptela», con el principal propósito de buscar la reelección de su cargo.
Además indica que la noticia criminis de «corruptela», es el caso del Banco Promérica, que era por lavado de dinero y activos, sin embargo, Jorge Cortez lo dejó fuera del requerimiento.
Douglas Meléndez, apoyado por Wil Wlater Ruiz y Jorge Cortez reforzaron el caso corruptela creando una persecución arbitraria para todos los implicados, implementando un juicio mediático para presionar a los jueces para que resolvieran sus “caprichos e intereses y no con base en lo que dicta la ley”, subraya el abogado.
El abogado también indica que Hilda Trigueros le aseguró que nunca tuvo “absolutamente ninguna relación ni con el ex fiscal Luis Martinez ni jamás conoció al señor Enrique Rais”, pero que la incorporaron en el caso “por venganza de una fiscal que lleva el caso quien se aprovechó para incorporar a mi clienta” por ser amiga del papá de su ex esposo, que también es abogado.
Trigueros se declaró víctima del montaje de este caso, donde le incluyeron declaraciones falsas de siete fiscales que fueron supuestamente fueron torturados por Jorge Cortez, para que señalaran a Enrique Rais, explica Toruño.
La práctica de Meléndez, Cortez y Walter Ruiz era hasta criminalizar a los abogados de los casos mediáticos, tal y como señaló el abogado Mario Machado en un programa de Telecorporación Salvadoreña, a quien le intervinieron sus teléfonos y lo intimidaron, por ser el abogado que representó el caso del expresidente Elias Antonio Saca.
Actualmente Jorge Cortez y Wil Walter Ruiz, son parte de la FGR, a pesar de ser acusados por este tipo de ilegalidades.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
