Judicial
FGR de Raúl Melara pierde caso en que acusó a Adán Perdomo por apropiarse de alimentos del Gobierno
El Juzgado de Instrucción de Ilopango absolvió este jueves al alcalde de esa localidad, el arenero Adán Perdomo, que era acusado por el delito de peculado, al haberse apropiado de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que entrega el Gobierno en bolsas solidarias a familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19.
Este es un nuevo caso que pierde la Fiscalía de Raúl Melara al no poder sustentar la acusación contra el edil, luego de que la Policía recibiera una denuncia ciudadana en la que se confirmaba que personas estaban en la sede del partido ARENA trasegando alimentos de las bolsas solidarias hacia paquetes con la foto del alcalde Perdomo.
El edil confesó que había llevado los alimentos a la sede arenera de ese municipio, pues los paquetes que le entregó el Gobierno para repartirlos entre la población ya no cabían en las instalaciones de la alcaldía.
Las fotografías presentadas por la Policía dejaban ver que en efecto había bolsas solidarias del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) en la sede tricolor, mismo lugar donde se estaban llenando bolsas que entregaría el alcalde en su campaña.
El primer revés que tuvo la Fiscalía en este caso comenzó cuando el juzgado decidió que el alcalde seguiría el proceso en libertad condicional, pues no había peligro para que se fugara por ese caso y porque su apoderado legal presentó suficientes arraigos.
Algunos políticos y funcionarios han cuestionado el actuar de la Fiscalía con personas ligadas con el partido ARENA, como el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, que tiene varios procesos en su contra con casos comprobados en apropiación de retenciones laborales que rondan los $6 millones, su participación en negociaciones con miembros de estructuras criminales y denuncias de proveedores por el no pago de servicios, entre otros.
El fiscal general, Raúl Melara, también conoce el proceso contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía, por el incumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso para que reinstale a más de 70 empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018 para darle vida a la empresa TECLASEO. También fue demandado por la retención de cuotas sindicales y por la muerte de un vendedor ambulante tras ordenar el desalojo de locatarios de las calles de Santa Tecla.
En ambos casos la Fiscalía General de la República ha actuado con paciencia e incluso ha retrasado algunos procesos para conocerlos después de las elecciones de este domingo 28 de febrero.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
