Judicial
FGR de Raúl Melara pierde caso en que acusó a Adán Perdomo por apropiarse de alimentos del Gobierno
El Juzgado de Instrucción de Ilopango absolvió este jueves al alcalde de esa localidad, el arenero Adán Perdomo, que era acusado por el delito de peculado, al haberse apropiado de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que entrega el Gobierno en bolsas solidarias a familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19.
Este es un nuevo caso que pierde la Fiscalía de Raúl Melara al no poder sustentar la acusación contra el edil, luego de que la Policía recibiera una denuncia ciudadana en la que se confirmaba que personas estaban en la sede del partido ARENA trasegando alimentos de las bolsas solidarias hacia paquetes con la foto del alcalde Perdomo.
El edil confesó que había llevado los alimentos a la sede arenera de ese municipio, pues los paquetes que le entregó el Gobierno para repartirlos entre la población ya no cabían en las instalaciones de la alcaldía.
Las fotografías presentadas por la Policía dejaban ver que en efecto había bolsas solidarias del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) en la sede tricolor, mismo lugar donde se estaban llenando bolsas que entregaría el alcalde en su campaña.
El primer revés que tuvo la Fiscalía en este caso comenzó cuando el juzgado decidió que el alcalde seguiría el proceso en libertad condicional, pues no había peligro para que se fugara por ese caso y porque su apoderado legal presentó suficientes arraigos.
Algunos políticos y funcionarios han cuestionado el actuar de la Fiscalía con personas ligadas con el partido ARENA, como el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, que tiene varios procesos en su contra con casos comprobados en apropiación de retenciones laborales que rondan los $6 millones, su participación en negociaciones con miembros de estructuras criminales y denuncias de proveedores por el no pago de servicios, entre otros.
El fiscal general, Raúl Melara, también conoce el proceso contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía, por el incumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso para que reinstale a más de 70 empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018 para darle vida a la empresa TECLASEO. También fue demandado por la retención de cuotas sindicales y por la muerte de un vendedor ambulante tras ordenar el desalojo de locatarios de las calles de Santa Tecla.
En ambos casos la Fiscalía General de la República ha actuado con paciencia e incluso ha retrasado algunos procesos para conocerlos después de las elecciones de este domingo 28 de febrero.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
