Judicial
FGR de Raúl Melara pierde caso en que acusó a Adán Perdomo por apropiarse de alimentos del Gobierno
El Juzgado de Instrucción de Ilopango absolvió este jueves al alcalde de esa localidad, el arenero Adán Perdomo, que era acusado por el delito de peculado, al haberse apropiado de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) que entrega el Gobierno en bolsas solidarias a familias afectadas económicamente por la pandemia del Covid-19.
Este es un nuevo caso que pierde la Fiscalía de Raúl Melara al no poder sustentar la acusación contra el edil, luego de que la Policía recibiera una denuncia ciudadana en la que se confirmaba que personas estaban en la sede del partido ARENA trasegando alimentos de las bolsas solidarias hacia paquetes con la foto del alcalde Perdomo.
El edil confesó que había llevado los alimentos a la sede arenera de ese municipio, pues los paquetes que le entregó el Gobierno para repartirlos entre la población ya no cabían en las instalaciones de la alcaldía.
Las fotografías presentadas por la Policía dejaban ver que en efecto había bolsas solidarias del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) en la sede tricolor, mismo lugar donde se estaban llenando bolsas que entregaría el alcalde en su campaña.
El primer revés que tuvo la Fiscalía en este caso comenzó cuando el juzgado decidió que el alcalde seguiría el proceso en libertad condicional, pues no había peligro para que se fugara por ese caso y porque su apoderado legal presentó suficientes arraigos.
Algunos políticos y funcionarios han cuestionado el actuar de la Fiscalía con personas ligadas con el partido ARENA, como el caso del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt García-Prieto, que tiene varios procesos en su contra con casos comprobados en apropiación de retenciones laborales que rondan los $6 millones, su participación en negociaciones con miembros de estructuras criminales y denuncias de proveedores por el no pago de servicios, entre otros.
El fiscal general, Raúl Melara, también conoce el proceso contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía, por el incumplimiento de una resolución del Juzgado de lo Contencioso para que reinstale a más de 70 empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018 para darle vida a la empresa TECLASEO. También fue demandado por la retención de cuotas sindicales y por la muerte de un vendedor ambulante tras ordenar el desalojo de locatarios de las calles de Santa Tecla.
En ambos casos la Fiscalía General de la República ha actuado con paciencia e incluso ha retrasado algunos procesos para conocerlos después de las elecciones de este domingo 28 de febrero.
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
