Política
Xavi Zablah: “Exigimos una elección justa y transparente para todos”
El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah, exigió transparencia a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ante una serie de anomalías detectadas en el primer simulacro de conteo de votos de las elecciones municipales y legislativas del próximo 28 de febrero.
En su cuenta de Twitter, Zablah mostró un video en el que “un vocero de la Junta de Vigilancia Electoral les dice a los magistrados que hubo un margen de error del 93 % en la transmisión de datos”.
“Llevamos MESES pidiendo que se audite el sistema y no lo permiten. Exigimos una elección justa y transparente para TODOS”, señaló el máximo representante de Nuevas Ideas, el partido político que encabeza las preferencias de votos de los salvadoreños en todo el país.
El vocero de la Junta de Vigilancia señala que el primer simulacro del TSE “fue un total fracaso” e incluso la presidenta de dicha entidad, Dora Esmeralda Martínez, dijo que como último recurso el conteo se tendría que hacer de la forma tradicional.
“Tenemos meses, como Junta de Vigilancia, de estar insistiendo que nos dejen reubicar el sistema”, dijo el vocero, quien les recordó a los magistrados que son los técnicos en informática quienes tienen “por ley” el derecho a fiscalizar el sistema.
Zablah ha insistido sobre la urgente necesidad de una verificación internacional ante la falta de confianza que generan con sus declaraciones los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
Minutos más tarde el Presidente Nayib Bukele denunció las nuevas anomalías de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y mostró preocupación por la cercanía de los comicios.
En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló directamente al magistrado Guillermo Wellman como responsable de un nuevo despido y amenazas contra expertos informáticos, en medio del primer simulacro de transmisión de resultados.
“El magistrado por ARENA en el TSE, Guillermo Wellman Carpio, está despidiendo y amenazando con despedir a cualquier técnico del tribunal que hable sobre los “problemas” del sistema”, señaló el mandatario.
Con este nuevo despedido suman dos expertos del TSE separados en menos de una semana, señaló Bukele. “Ya habían quitado al coordinador de la comisión y hoy quitan a la jefa de proyectos”, afirmó.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
