Política
Presidente de la Asamblea y jefes de fracción de ARENA y FMLN, no demuestran interés para resolver el impago del FODES
Ni el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce, ni los jefes de fracción de ARENA y el FMLN, Carlos Reyes y Nidia Díaz, llegaron a la reunión que convocó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para encontrar soluciones conjuntas al impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).
Esto confirma, una vez más, la postura de bloqueo por parte de ese sector de la Asamblea Legislativa, a raíz de la caída de ingresos en las finanzas públicas y un “entuerto” en los decretos 608 y 728 aprobados por el Congreso salvadoreño.
Los representantes de ARENA y el FMLN ya habían adelantado su no participación, confirmando con su ausencia de hoy que dan la espalda a las 203 alcaldías que están bajo su mandato, más del 70% del territorio nacional, por lo que las protestas del pasado martes (que incluso provocaron cierres de calles y violaciones a derechos humanos) pierden validez y se convierten en parte de su “viejo manual” de choque contra el Gobierno.
Tampoco asistió, en representación de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, presidenta de esta asociación y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán bajo la bandera de ARENA, que incluso fue condenada por la Corte de Cuentas de la República en 2008 por hacer un mal manejo de $1.1 millones del FODES, junto con 18 alcaldes de esta gremial.
“Es lamentable que no hayan asistido, pero esto confirma su postura y su lamentable acción de ir en contra del diálogo que quiere construir el Gobierno, pero nosotros no vamos a dejar de plantear soluciones y sabemos que el tema FODES requiere consensos”, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante esta situación.
Es de destacar que los diputados deben hacer reformas a los decretos legislativos 608 y 728 para poder dar más recursos a las alcaldías ($75 millones), ya que ellos, en afán de bloquear al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, generaron una contradicción legal que impide hacer las distribuciones al ministerio de Hacienda.
Hay que recordar que entre febrero y agosto de este año se han transferido a las carteras del Estado más de $627.4 millones, desde el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), para atender la pandemia de COVID-19, según confirmó Zelaya.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
