Política
Presidente de la Asamblea y jefes de fracción de ARENA y FMLN, no demuestran interés para resolver el impago del FODES
Ni el presidente de la Asamblea Legislativa y diputado del PCN, Mario Ponce, ni los jefes de fracción de ARENA y el FMLN, Carlos Reyes y Nidia Díaz, llegaron a la reunión que convocó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para encontrar soluciones conjuntas al impago del Fondo de Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades (FODES).
Esto confirma, una vez más, la postura de bloqueo por parte de ese sector de la Asamblea Legislativa, a raíz de la caída de ingresos en las finanzas públicas y un “entuerto” en los decretos 608 y 728 aprobados por el Congreso salvadoreño.
Los representantes de ARENA y el FMLN ya habían adelantado su no participación, confirmando con su ausencia de hoy que dan la espalda a las 203 alcaldías que están bajo su mandato, más del 70% del territorio nacional, por lo que las protestas del pasado martes (que incluso provocaron cierres de calles y violaciones a derechos humanos) pierden validez y se convierten en parte de su “viejo manual” de choque contra el Gobierno.
Tampoco asistió, en representación de la Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, presidenta de esta asociación y alcaldesa de Antiguo Cuscatlán bajo la bandera de ARENA, que incluso fue condenada por la Corte de Cuentas de la República en 2008 por hacer un mal manejo de $1.1 millones del FODES, junto con 18 alcaldes de esta gremial.
“Es lamentable que no hayan asistido, pero esto confirma su postura y su lamentable acción de ir en contra del diálogo que quiere construir el Gobierno, pero nosotros no vamos a dejar de plantear soluciones y sabemos que el tema FODES requiere consensos”, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante esta situación.
Es de destacar que los diputados deben hacer reformas a los decretos legislativos 608 y 728 para poder dar más recursos a las alcaldías ($75 millones), ya que ellos, en afán de bloquear al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, generaron una contradicción legal que impide hacer las distribuciones al ministerio de Hacienda.
Hay que recordar que entre febrero y agosto de este año se han transferido a las carteras del Estado más de $627.4 millones, desde el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), para atender la pandemia de COVID-19, según confirmó Zelaya.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
