Política
Pleno legislativo ratifica préstamo de $50 millones con el BID para financiar viviendas de interés social
Más de 20,000 familias de bajos ingresos económicos serán beneficiadas con el Programa de Financiamiento de Vivienda Social, luego de que 66 diputados de la Asamblea Legislativa ratificaran un préstamo de $50 millones, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo a lo expuesto por los parlamentarios en la sesión plenaria número 89, el Fondo Social para la Vivienda (FSV) suscribirá el préstamo para ejecutar dicho proyecto, con el que se busca reducir el déficit habitacional del país al atender la demanda de financiamiento de interés social.
“Estamos completando el proceso para poder dar garantía a este contrato de préstamo y este dinero será puesto para disminuir el nivel de desigualdad y déficit habitacional que ha sido una deuda histórica”, expresó el legislador William Soriano.
Lo anterior se logrará mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios -para la adquisición de vivienda nueva o usada- a familias con ingresos bajos y medios, a mujeres que sean cabeza de hogar, a sectores de ingresos variables, al sector juvenil y a salvadoreños que residen en el exterior. Esto con el fin de brindarles a las familias beneficiarias una solución habitacional.
Se trata de un proyecto que tiene como objetivo garantizar los derechos de vida de las personas menos favorecidas en el país, atendiendo a que todo individuo debe tener un techo donde dormir.
“Las necesidades heredadas son muchísimas, pero estamos mejorando las condiciones de vida de nuestro pueblo y como bancada cyan seguimos trabajando de la mano con nuestro presidente de la República, Nayib Bukele”, apuntó el diputado Felipe Interiano.
Con este contrato de garantía, que fue acordado por el BID y el FSV el 19 de diciembre de 2022, se brindará líneas de crédito de vivienda de interés social hasta por $40 mil. El financiamiento del BID al Fondo permitirá brindar a sus usuarios créditos en condiciones blandas, de entre 20 y 25 años plazo.
El 15 de marzo de 2022, el pleno legislativo autorizó al Órgano Ejecutivo el otorgamiento de los fondos, a través del Ministerio de Hacienda.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
