Política
Nueva Asamblea Legislativa vota para que delito de corrupción no prescriban
Los diputados de la Asamblea Legislativa (AL) aprobaron la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal (CPP) para que los delitos de corrupción no prescriban, además la reforma incluye un efecto retroactivo.
A esto también se le sumó la modificación del artículo 34 del CPP que trata sobre autores mediáticos, considerando como tal a los que cometen el delito por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Con este respaldo, emitido por 65 legisladores en la sesión plenaria número 19, se eliminan las barreras temporales que evitan la persecución de delitos de corrupción, muchos de ellos institucionalizados bajo mecanismos oscuros para desviar fondos públicos.
“Como Bancada Cyan hemos aprobado la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal relativo a que los delitos de corrupción no prescriban. Hoy, con diputados valientes, esto termina”, aseguró la diputada Marcela Pineda.
Las partes del Código Penal a modificar tienen relación con los delitos relativos a la administración pública y la corrupción. Gobiernos anteriores establecieron un marco regulatorio para blindarse ante la justicia y quedar en la impunidad por el cometimiento de estos delitos, a través de la prescripción de los mismos después de 10 años.
Esta reforma incluye los delitos amparados en el capítulo dos y tres del Código Penal, es decir los relativos a la corrupción como el enriquecimiento ilícito – la práctica del aumento del patrimonio de una manera desmedida-, delitos de cohecho, cohecho impropio, tortura, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbre, desaparición forzada, delitos cometidos a la libertad sexual de menores incapaz, peculado por culpa, tráfico de influencia, entre otros.
Un estudio minucioso de la reforma
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se dio a la tarea de estudiar y analizar la reforma luego que desde hace un mes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregara al presidente de la AL, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en donde solicitó la modernización de ese apartado.
Al seno de la comisión asistieron representantes del Ministerio de Justicia, de la FGR, la procuradora General de la República, Miriam Aldana Revelo, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, con el fin de escuchar las diferentes observaciones, aportar insumos y opiniones referentes a la actualización de las normas para eliminar cualquier impunidad con los delitos de corrupción.
“Es necesario recordar que desde 1998 en El Salvador se han firmado diferentes tratados en contra de la corrupción, pero faltaba la voluntad política, la voluntad de aquellos diputados dispuestos a combatirla”, indicó la legisladora Pineda.
De acuerdo con lo establecido y emitido por los diputados que aprobaron dicha reforma, este cambio no busca perseguir políticos, sino perseguir corruptos. “La impunidad ya no es una aleada de esta Asamblea Legislativa, hoy los salvadoreños tienen legisladores aleados a la población”, dijo la representante de la comisión que dictaminó favorablemente.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
