Política
Nueva Asamblea Legislativa vota para que delito de corrupción no prescriban
Los diputados de la Asamblea Legislativa (AL) aprobaron la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal (CPP) para que los delitos de corrupción no prescriban, además la reforma incluye un efecto retroactivo.
A esto también se le sumó la modificación del artículo 34 del CPP que trata sobre autores mediáticos, considerando como tal a los que cometen el delito por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Con este respaldo, emitido por 65 legisladores en la sesión plenaria número 19, se eliminan las barreras temporales que evitan la persecución de delitos de corrupción, muchos de ellos institucionalizados bajo mecanismos oscuros para desviar fondos públicos.
“Como Bancada Cyan hemos aprobado la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal relativo a que los delitos de corrupción no prescriban. Hoy, con diputados valientes, esto termina”, aseguró la diputada Marcela Pineda.
Las partes del Código Penal a modificar tienen relación con los delitos relativos a la administración pública y la corrupción. Gobiernos anteriores establecieron un marco regulatorio para blindarse ante la justicia y quedar en la impunidad por el cometimiento de estos delitos, a través de la prescripción de los mismos después de 10 años.
Esta reforma incluye los delitos amparados en el capítulo dos y tres del Código Penal, es decir los relativos a la corrupción como el enriquecimiento ilícito – la práctica del aumento del patrimonio de una manera desmedida-, delitos de cohecho, cohecho impropio, tortura, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbre, desaparición forzada, delitos cometidos a la libertad sexual de menores incapaz, peculado por culpa, tráfico de influencia, entre otros.
Un estudio minucioso de la reforma
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se dio a la tarea de estudiar y analizar la reforma luego que desde hace un mes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregara al presidente de la AL, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en donde solicitó la modernización de ese apartado.
Al seno de la comisión asistieron representantes del Ministerio de Justicia, de la FGR, la procuradora General de la República, Miriam Aldana Revelo, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, con el fin de escuchar las diferentes observaciones, aportar insumos y opiniones referentes a la actualización de las normas para eliminar cualquier impunidad con los delitos de corrupción.
“Es necesario recordar que desde 1998 en El Salvador se han firmado diferentes tratados en contra de la corrupción, pero faltaba la voluntad política, la voluntad de aquellos diputados dispuestos a combatirla”, indicó la legisladora Pineda.
De acuerdo con lo establecido y emitido por los diputados que aprobaron dicha reforma, este cambio no busca perseguir políticos, sino perseguir corruptos. “La impunidad ya no es una aleada de esta Asamblea Legislativa, hoy los salvadoreños tienen legisladores aleados a la población”, dijo la representante de la comisión que dictaminó favorablemente.
Como parte de los preparativos de cara a los comicios generales de 2027, la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) prevé desarrollar 66 misiones de verificación del proceso de emisión del Documento Único de Identidad (DUI) en el exterior.
El director propietario de la JVE por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Alexis Zepeda, aseguró que el derecho al voto de la diáspora está garantizado para los comicios del 28 de febrero de 2027.
«Nosotros tenemos un presupuesto para hacer las misiones de fiscalización en el extranjero. Tenemos más de 66 misiones para el voto en el presupuesto extraordinario, divididas entre los 11 institutos políticos que conformamos la JVE», explicó Zepeda.
Señaló que este proceso de fiscalización iniciará en septiembre próximo, con base en las coordinaciones que se hagan con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las oficinas del RNPN ubicadas en diferentes países y consulados de El Salvador serán visitadas por la JVE con el propósito de verificar el debido proceso de emisión del DUI.
Zepeda reiteró que en las misiones en el extranjero, así como en las previstas en territorio nacional, participan los directores que representan a los 13 institutos políticos.
A la vez, dijo que estas misiones permitirán hacer un diagnóstico de las ciudades donde hay más concentración de salvadoreños.
En el territorio nacional también se desarrollará el proceso de fiscalización de duicentros, identificando los que tiene mayor afluencia.
Asimismo, enfatizó que la renovación masiva del DUI es importante para que la población tenga actualizado su documento y pueda ejercer su voto.
«Es fundamental que la gente esté en orden para aparecer en los padrones electorales. Si alguien no aparece en el padrón electoral, no puede ejercer el sufragio. Hemos solicitado, como Junta de Vigilancia Electoral, una audiencia para reunirnos con la junta directiva del RNPN para ver el plan de acción [de duización masiva]», indicó Zepeda.
Por otra parte, señaló que como JVE están verificando que se cumplan los tiempos establecidos en el calendario electoral publicado por el TSE
Zepeda comentó que las coordinaciones con el organismo colegiado y la JVE «son excelentes», y permiten desarrollar un proceso de fiscalización apegado a la ley
«Por mandato de ley se establece que verificamos el calendario electoral. Vamos viendo por tiempos cómo se va realizando todo el proceso en que se está organizando una elección. La relación que tenemos con el actual Tribunal Supremo Electoral, para mí, es una de las mejores de la historia», aseveró.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
La diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó la operación militar para detener a Nicolás Maduro, acusado por Washington de dirigir un cartel de narcotráfico.
«El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su ac El Gobierno de Estados Unidos ha sostenido que su actuación se dirige contra una organización criminal transnacional. Combatir el narcotráfico es una preocupación legítima y compartida por las democracias. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que cuando el poder se ejerce sin límites democráticos, incluso frente a enemigos reales, se corre el riesgo de reproducir aquello que se dice combatir», reaccionó en X.
La legisladora sostuvo que el desafío para la región no es solo combatir el crimen organizado, «sino hacerlo sin convertir la excepción en regla ni debilitar el Estado de derecho. Sin instituciones activas no hay democracia que resista».
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reaccionó a la publicación de la legisla dora. «Entiendo, entonces, lo siguiente: Usted rechaza las acciones gracias a las cuales EE. UU. ha capturado a Nicolás Maduro. Además, condena el “poder sin límites” refiriéndose al presidente Trump».
«También deja claro que DESLEGITIMA todo lo que hará el presidente Trump en Venezuela», agregó Castro. Sin embargo, Maduro y sus aliados han convertido las instituciones venezolanas en un semillero de corrupción.
