Política
Nueva Asamblea Legislativa vota para que delito de corrupción no prescriban
Los diputados de la Asamblea Legislativa (AL) aprobaron la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal (CPP) para que los delitos de corrupción no prescriban, además la reforma incluye un efecto retroactivo.
A esto también se le sumó la modificación del artículo 34 del CPP que trata sobre autores mediáticos, considerando como tal a los que cometen el delito por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Con este respaldo, emitido por 65 legisladores en la sesión plenaria número 19, se eliminan las barreras temporales que evitan la persecución de delitos de corrupción, muchos de ellos institucionalizados bajo mecanismos oscuros para desviar fondos públicos.
“Como Bancada Cyan hemos aprobado la reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal relativo a que los delitos de corrupción no prescriban. Hoy, con diputados valientes, esto termina”, aseguró la diputada Marcela Pineda.
Las partes del Código Penal a modificar tienen relación con los delitos relativos a la administración pública y la corrupción. Gobiernos anteriores establecieron un marco regulatorio para blindarse ante la justicia y quedar en la impunidad por el cometimiento de estos delitos, a través de la prescripción de los mismos después de 10 años.
Esta reforma incluye los delitos amparados en el capítulo dos y tres del Código Penal, es decir los relativos a la corrupción como el enriquecimiento ilícito – la práctica del aumento del patrimonio de una manera desmedida-, delitos de cohecho, cohecho impropio, tortura, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbre, desaparición forzada, delitos cometidos a la libertad sexual de menores incapaz, peculado por culpa, tráfico de influencia, entre otros.
Un estudio minucioso de la reforma
Los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se dio a la tarea de estudiar y analizar la reforma luego que desde hace un mes el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregara al presidente de la AL, Ernesto Castro, una iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, en donde solicitó la modernización de ese apartado.
Al seno de la comisión asistieron representantes del Ministerio de Justicia, de la FGR, la procuradora General de la República, Miriam Aldana Revelo, y el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar Serrano, con el fin de escuchar las diferentes observaciones, aportar insumos y opiniones referentes a la actualización de las normas para eliminar cualquier impunidad con los delitos de corrupción.
“Es necesario recordar que desde 1998 en El Salvador se han firmado diferentes tratados en contra de la corrupción, pero faltaba la voluntad política, la voluntad de aquellos diputados dispuestos a combatirla”, indicó la legisladora Pineda.
De acuerdo con lo establecido y emitido por los diputados que aprobaron dicha reforma, este cambio no busca perseguir políticos, sino perseguir corruptos. “La impunidad ya no es una aleada de esta Asamblea Legislativa, hoy los salvadoreños tienen legisladores aleados a la población”, dijo la representante de la comisión que dictaminó favorablemente.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
