Política
Modifican ley para recuperar carros en custodia de autoridades en un máximo de 90 días
Con 66 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la modificación de la Ley de Devolución o en Pública Subasta de Vehículos Automotores o Piezas automotrices, Secuestrados o Decomisados, con el fin de reducir los tiempos para que un juez determine qué proceso debe seguirse con los autos que estén en depósito judicial o administrativo, porque fueron parte una investigación o estuvieron involucrados en accidentes.
Los parlamentarios decidieron actualizar la normativa en la sesión plenaria número 105, debido a que esta nunca ha sido modificada desde que entró en vigencia, en 2004.
“Ahora, se respetará el plazo que tendrán las personas para reclamar sus vehículos decomisados. Estamos cumpliéndole al país”, dijo el legislador Christian Guevara, quien aseguró que podrán removerse los vehículos en abandono.
Una vez que entre en vigencia las actualizaciones admitidas se acortarán los tiempos (de 12 meses a 90 días) para que una persona reclame un vehículo o piezas automotrices en depósito, embargados o puestos a disposición de autoridad judicial, tras haberse levantado las restricciones legales para la devolución de dichos bienes. El juez deberá notificar (en un máximo de 30 días) a los legítimos dueños que acudan a retirarlos. Si ese plazo no se cumple, el vehículo será vendido en una subasta pública.
“Muchos de los vehículos están en estado de abandono, pues los propietarios no llegan a retirarlos. Esta ley, vigente desde 2004, no ha cumplido su razón de ser, porque los tiempos son demasiado extensos para ir a reclamar un carro”, comentó el legislador Caleb Navarro.
El producto de la venta de estos bienes se destinará al pago de las costas del procedimiento, los impuestos, derechos, tasas o multas que se adeudaren y los gastos en que se haya incurrido para su conservación o depósito. En caso de existir remanente, ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses. Transcurrido ese plazo, si nadie se presentó a reclamarlo, pasará al Fondo General de la Nación.
Los fondos que se obtienen con la subasta de los vehículos sirven al Estado para hacer obras de inversión a favor de la población.
“Con estas modificaciones se va a poder liberar espacios públicos en donde se mantienen los vehículos. Las reformas brindan certeza jurídica a las personas que se les han decomisado sus vehículos y quieren saber cómo recuperarlo”, puntualizó la diputada Marcela Pineda.
La legisladora agregó que la acumulación de estos vehículos pueden afectar la salud de las personas que habitan en los alrededores de los predios, porque, algunas veces, sirven como criaderos de zancudo u otros animales.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
