Política
Buscan acortar tiempos para recuperar vehículos en custodia de autoridades
Los diputados de la Comisión de Hacienda, por unanimidad, emitieron un dictamen favorable para modificar la Ley de Devolución o en Pública Subasta de Vehículos Automotores o Piezas automotrices, Secuestrados o Decomisados.
Con las enmiendas se pretenden reducir los tiempos para que un juez determine qué proceso debe seguirse con los autos que estén en depósito judicial o administrativo, porque fueron parte una investigación o estuvieron involucrados en accidentes.
La normativa actual, vigente desde 2004, establece que si ninguna persona reclama el vehículo un año después de concluido un procedimiento en el que aparezcan automotores o piezas automotrices en depósito (embargados o puestos a disposición de autoridad judicial), o tras haberse levantado las restricciones legales para su devolución, el juez deberá notificar a los legítimos dueños que tienen 30 días para que acudan a retirarlo. Si ese plazo no se cumple, el vehículo será vendido en una subasta pública.
En cambio, el proyecto de reforma avalado por la mesa de trabajo acorta de 12 meses a 90 días el lapso que tiene el juzgador, tras haber culminado todo el proceso legal, para notificarle a los propietarios de los carros que pueden recuperarlos o se venderán.
El producto de la venta de estos bienes se destinará al pago de las costas del procedimiento, los impuestos, derechos, tasas o multas que se adeudaren y los gastos en que se haya incurrido para su conservación o depósito. En caso de existir remanente, ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses. Transcurrido ese plazo, si nadie se presentó a reclamarlo, pasará al Fondo General de la Nación.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara, destacó la importancia de actualizar la ley. Él expuso que en diferentes inmuebles del Estado —entre ellos los predios de la Policía Nacional Civil (PNC)— se acumulan automotores o desperdicios de los mismos, por lo que se consumen recursos como el espacio físico y el personal que se delega para custodiarlos.
El legislador, secundado por sus colegas, agregó que estos almacenes, sobre todo los que están en la vía pública, generan contaminación visual y pueden causar daño a la salud, debido a que son criaderos de insectos u otros animales.
“Muchas veces, (los vehículos) pasan años deteriorándose y causan una mala imagen. Cuando uno viene del aeropuerto de Comalapa, a la entrada del desvío de Santo Tomás está acumulada una gran cantidad de automotores. Ahora que estamos abiertos al mundo, que están viniendo más turistas, no podemos seguir dando estas imágenes deplorables o de décadas atrás, que ya no corresponden a este nuevo país”, sostuvo el diputado Guevara.
Los integrantes de la mesa de trabajo señalaron que los fondos que se obtienen con la subasta de los vehículos sirven al Estado para hacer obras de inversión a favor de la población.
Como parte del estudio de la propuesta de reforma, la comisión pidió la opinión de la Fiscalía General de la República, de la Unidad Técnica del Sector Justicia y de la PNC.
“Esta es una ley avanzada y el tema de brindar un canal legal y certeza jurídica a todas las personas que tengan vehículos en alguna Delegación (policial) por infracción de ley o por algún proceso judicial”, dijo la parlamentaria Marcela Pineda.
Siete de cada 10 salvadoreños dicen que en las elecciones pasadas votaron de forma libre, consciente, sin miedo y sin ningún condicionamiento ni presión de parte de terceros, de acuerdo con los datos presentados esta mañana en la última encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Las elecciones del 4 de febrero dejaron como ganador a Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, que ganó con un amplio margen y un contundente apoyo de la población. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron 2.7 millones de salvadoreños los que dieron su respaldo para un segundo mandato a Nayib Bukele.
En los comicios hubo amplia participación de los partidos políticos. En total, comieron seis fórmulas presidenciales de las diversas corrientes políticas. El entonces candidato de ARENA y ahora expulsado del partido, Joel Sánchez, fue en primero en reconocer el triunfo electoral de Nayib Bukele en las elecciones libres y democráticas.
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
