Política
Ministro de Justicia y Seguridad: “Las visitas familiares a pandilleros se van a tener que permitir en algún momento, el contacto con la familia es fundamental, Pero es algo que de momento está en estudio en la Asamblea Legislativa”
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, consideró que permitir la visita de familiares a los reos sería parte de las modificaciones que se pueden hacer a las medidas extraordinarias impuestas en seis centros penales de El Salvador donde están recluidos pandilleros. El anuncio se da apenas días después que una relatora especial de la ONU calificara esas medidas como «deshumanizantes».
Esta semana, la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Agnes Callamard, pidió al Gobierno de Salvador Sánchez Cerén levantar una serie de restricciones a los presos porque a su juicio deshumanizan a los delincuentes.
“Las visitas de los familiares se van a tener que permitir en algún momento, el contacto con la familia es fundamental, pero por el momento se tienen prohibidas ya que estamos corrigiendo los abusos que realizaban los privados de libertad a este beneficio”, apuntó Ramírez.
El ministro también aclaró que se pretende que parte de las medidas extraordinarias sean permanentes, algo que de momento está en estudio en la Asamblea Legislativa. “Pero no es para que se vuelvan a tener las condiciones que se tenían”, aclaró.
De igual manera remarcó que las medidas extraordinarias les han dado resultados positivos para poder recuperar el control del sistema penitenciario y reconstruir la institucionalidad que se había perdido.
En el pasado, las autoridades dijeron que las medidas para tener un mayor control en las cárceles se dieron para evitar que desde esos lugares se ordenaran ilícitos como extorsiones y homicidios. Como parte de esas medidas, implementadas hace casi dos años, también se restringieron las visitas familiares, se bloqueó la señal de telefonía en los perímetros de las cárceles y se ejerció un mayor control con los abogados defensores de pandilleros.
Respecto al informe presentado por la relatora Callamard, señaló que coinciden con ella en que hay una serie de medidas extraordinarias que no contribuyen a la seguridad y que vienen a deshumanizar las condiciones en las que se encuentran los reos.
“Ella se refiere a algunas de las medidas que a su criterio no tienen como objetivo el control de la seguridad y que deshumanizan a los privados de libertad, pero no se refiere a las medidas en su conjunto”, aclaró.
Según detalló Ramírez Landaverde, Callamard visitó y verificó las condiciones que tienen los reos en dos centros penales que desde hace dos años se encuentran bajo el régimen de medidas extraordinarias.
“Se le explicó la necesidad de establecer un corte al tráfico de comunicación, a la prohibición de visitas, ella entiende y comprende que esto es debido a la forma de operar y que queremos supera esta situación“, agregó Ramírez Lanvaderde.
El funcionario dijo que coinciden en muchos puntos del informe entregado por Callamard tras su visita pero remarcó que “estamos trabajando para tener un sistema seguro, bajo medida de control y humano”.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
