Política
Expresidente de la República acusa a varios diputados como Parker, Angulo y Gallegos por recibir sobornos de miles de dólares
El expresidente de la República, Mauricio Funes, utilizó su cuenta de Twiiter para acusar a los diputados del PCN, Roberto Angulo y Antonio Almendariz; de GANA, Guillermo Gallegos y Mario Tenorio; y del PDC a Rodolfo Parker de recibir sobornos de miles de dólares.
El primer tuit de Funes referente al tema fue uno donde aseguró que «un informante» le dijo que el pedecista Parker recibió $50,000 mensuales para él y algunos dirigentes del partido, como Ana Guadalupe Martínez, aunque no especifica en concepto de que o quiénes son los que dieron al dinero a los parlamentarios.
«Este es otro diputado que, según mi informante, recibió sobornos de hasta $50,000 mensuales para repartir entre él y algunos dirigentes del PDC como Ana Guadalupe Martínez. Todo eso quedará en la impunidad porque el Fiscal. Meléndez le ha garantizado que no lo investigará», escribió Funes.
Luego escribió que en la comisión política de la Asamblea Legislativa había dos diputados del PCN que tiene incrementos en el patrimonio por los sobornos y lo acompañó con la foto de Almendáriz y Angulo del PCN.
«Lo más perverso es que en la Comisión que decidirá la reelección del Fiscal Meléndez están dos del PCN que tienen un incremento ilícito de su patrimonio proveniente del cobro mensual de sobornos entre $5 y $10 mil mensuales que el Fiscal les ha prometido que no será investigado», dijo.
Funes asegura que hay una promesa del actual fiscal general de no investigar estas transacciones y a estos diputados a cambio de que den su voto para reelegirlo para un segundo periodo al frente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Luego escribió un tercer tuit donde dijo que Meléndez les prometió a Guillermo Gallegos y Mario Tenorio no investigar una cantidad de dinero que habrían recibido, según Funes.
«Me dijeron que el Fiscal Meléndez les ha prometido a Gallegos y a Tenorio no investigar el origen ilícito de los $10,000 mensuales que, según mi informante, recibieron del 2009 al 2018. Tampoco va a investigar el dinero lavado a través de la ONG de la esposa de Gallegos», agregó el exmandatario desde su asilo en Nicaragua.
Sin embargo, pese a las acusaciones de Funes, todo apunta que Meléndez logrará los 56 votos necesarios para reelegirse como fiscal general. Por el momento, ninguno de los legisladores señalados a sentado postura sobre las declaraciones del exmandatario.
Este es otro diputado que, según mi informante, recibió sobornos de hasta $50 mil mensuales para repartir entre él y algunos dirigentes del PDC como Ana Guadalupe Martínez. Todo eso quedará en la impunidad porque el Fiscal. Meléndez le ha garantizado que no lo investigará pic.twitter.com/CtbG6Fftu8
— Mauricio Funes (@FunesCartagena) 18 de diciembre de 2018
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
