Política
Diputados impulsarán reformas para eliminar abusos contra las mujeres en el ámbito laboral
Las diputadas que integran la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, se comprometieron a robustecer la legislación laboral para eliminar los abusos que, por muchos años, este sector poblacional ha sufrido de parte de sus empleadores.
La presidenta de la mesa legislativa, Alexia Rivas, dijo que, en los próximos días, la Comisión de la Mujer en coordinación con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, impulsarán reformas para proteger a las mujeres y propiciar el empoderamiento e independencia económico del sector.
“Nos comprometemos a seguir apoyando cada iniciativa y, sobre todo, cada programa que garantice que cada mujer logre sus sueños”, subrayó la diputada Rivas.
El anuncio fue realizado después de que las diputadas que integran la comisión, recibieran a representantes de las trabajadoras afectadas por el cierre de Florenzi, quienes no recibieron su respectiva indemnización.
Al respecto, la Asamblea Legislativa, en la última sesión plenaria, aprobó un decreto, para exonerar el pago de impuestos por los $975 mil en concepto de ayuda humanitaria enviados por el Consorcio de los Derechos de Trabajadores (WRC), para apoyar a estas mujeres.
Las diputadas, conocieron en voz de una de las afectadas, detalles de los maltratos y abusos que las trabajadoras de la empresa recibieron durante muchos años, y que nunca denunciaron por miedo a perder su fuente de ingresos. Estos abusos, llegaron al punto de deteriorar la salud de muchas de ellas.
Luego de escuchar el testinomio, las legisladoras, también se comprometieron en primera instancia a impulsar jornadas médicas para verificar las condiciones de salud de estas personas, además de incorporar en las modificaciones de ley, elementos para que las empresas se vean obligadas a resguardar la salud física y mental de sus trabajadores.
“Desde esta Asamblea Legislativa y específicamente desde la Comisión de la Mujer, estaremos acompañándoles en cada uno de los sueños que las mujeres merecen y que por muchos años han estado esperando”, puntualizó la diputada Alexia Rivas.
Conocen programas de apoyo a mueres del sector rural
La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género también recibió a representantes del Instituto de Transformación Agraria (ISTA), para conocer el trabajo y atención que la institución brinda a las mujeres del área rural.
El director del ISTA, Oscar Guardado, detalló que la institución atiende a las féminas con un enfoque de empoderamiento femenino y económico para que puedan aprovechar al máximo los recursos de la tierra.
Explicó a las legisladoras, que cuentan con dos programas estratégicos: Mujeres en la Agricultura y Mujeres en Formación, este último incluye la creación de planes de negocios, para que las agricultoras puedan comercializar sus productos.
La diputada de Nuevas Ideas, Norma Lobo, expresó su felicitación por el trabajo que está realizando el ISTA, y señaló la importancia de trabajar no solo en la subsistencia de las mujeres rurales, si no, también en su independencia económica.
“Si a la mujer se le da el acompañamiento y las herramientas, ellas van a salir adelante”, remarcó la diputada Lobo.
La funcionaria hizo énfasis que desde la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, continuarán trabajando por empoderar a las mujeres salvadoreñas y cambiar su realidad en los diferentes ámbitos.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
La Asamblea Legislativa aprobó hoy con 59 votos refomar el inciso 2.° del artículo 27 de la Constitución de la República, a fin de que se permita imponer la pena perpetua en los casos de homicidio, violación y terrorismo.
Dicha modificación constitucional fue solicitada por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, previo a la sesión legislativa 102, acompañada de solicitudes para realizar reformas del Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley contra actos de terrorismo, y otras normativas secundarias, para homologarlas a la disposición superior.
«Nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua [hasta ahora prohibida por la Constitución] para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta en X.
Villatoro explicó que se trata de una reforma «necesaria» para la «transformación» del país y para garantizar la seguridad; y señaló que en los casi cuatro años de implementación del régimen de excepción ha habido todo tipo de ataques de «organizaciones que defienden a los criminales» por el «uso legítimo de herramientas de un Estado de Derecho».
«Independientemente de los millones que han gastado en estas campañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños», afirmó.
Según Villatoro, esas «organizaciones globalistas» ya «se quitaron la máscara» y «representan la maldad, pobreza e inseguridad a la que han sometido a nuestro pueblo», y con ello perdieron algún valor en sus argumentos.
«Si a las organizaciones de criminales violentos [pandillas], a las que ustedes representan, no les hemos cedido ni un milímetro de territorio, tampoco a ustedes les vamos a ceder ni un milímetro de soberanía», advirtió el funcionario.
De hecho, Sonja Wolf, investigadora vinculada a organizaciones que dicen defender derechos humanos, publicó en X: «Qué grave. A El Salvador se le señala por crímenes de lesa humanidad, cometidos bajo el régimen de excepción. En respuesta, al oficialismo se le ocurre proponer una reforma constitucional para imponer castigos aún más severos».
La iniciativa del Ejecutivo fue recibida y promovida ante el pleno por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC. Eran necesarias 10 firmas para seguir con el proceso de reforma constitucional, la cual fue aprobada con dispensa de trámite.
El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, consideró que «es un honor entrar en la historia y estar del lado y para siempre de los buenos salvadoreños».
