Este viernes 29 de octubre, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa recibió al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y su equipo de trabajo, quienes presentaron seis propuestas para reformar la Ley contra la Usura, la cual data de 2013 y ha sufrido dos cambios.

La sugerencia de la entidad gubernamental contempla la modificación de cuatro artículos ya existentes y la incorporación de dos disposiciones.

 En el artículo 5 se propone ampliar los segmentos de créditos referentes a créditos de consumo a personas naturales con orden de descuento a cuenta y sin orden de descuento sin cargo a cuenta.

Asimismo, se sugiere obligar a los acreedores a informar al Banco Central de Reserva (BCR) sobre las modalidades de contratación generadas por el uso de tarjetas de crédito como operaciones crediticias independientes del crédito rotativo.

También se crearía una presunción de derechos en la cual todos los créditos otorgados en los que no se identifiquen montos, destino o ambas categorías se considerarán como créditos de consumo para personas naturales sin orden de descuento o sin cargo a cuenta.

En el artículo 6 de la normativa, la Defensoría del Consumidor recomienda tomar en cuenta en el cálculo de las tasas máximas legales en el segmento de vivienda las operaciones de crédito que remite el Fondo Social de la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).

Con el cambio en el artículo 11 se busca compensar al deudor por el uso indebido del dinero o por cobrar intereses sobre los intereses de una mora.

Mientras en el artículo, relacionado con las sanciones administrativas, se pretende aumentar el monto total de la multa de 50 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos.

También se busca ampliar de dos a cinco años el plazo de prescripción de los casos, para que la Defensoría del Consumidor tenga más tiempo para hacer las investigaciones y presentarlos ante el Tribunal Sancionador.  

Con las modificaciones a la normativa se busca beneficiar a un 70% de la población que no es sujeto a créditos en la banca y debe recurrir a financieras o a los usureros para obtener un préstamo a cambio de pagar altos intereses.

El diputado de Nuevas Ideas y presidente en funciones de la mesa legislativa, Caleb Navarro, expresó que les parece atinada la propuesta hecha por la Defensoría del Consumidor, la cual analizará en las próximas sesiones de trabajo.

Asimismo, el funcionario destacó que con los cambios en la normativa se pretende brindar a la población el tercer acto de justicia financiera.

El primero fue la aprobación de reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas y el segundo (que está por ser presentado al pleno) tiene que ver con modificaciones a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.

“Con esta reforma, sería el primer país de la región en tocar este tipo de intereses financieros. Esta Asamblea Legislativa estuvo secuestrada por malos diputados muchísimos años, quienes no legislaban a favor del pueblo porque tenían interés de beneficiar a los agentes económicos”, apuntó el diputado Navarro.

El titular de la Defensoría del Consumidor, expuso a los legisladores que a través de auditorías realizadas por la institución le realizó a diferentes financieras, bancos y casas de empeño se ha logrado identificar cobros indebidos por un monto superior a los $3.3 millones.

“Estos datos denotan una realidad que en el país deben cambiar para contrarrestar una serie de abusos. Se debe trabajar para identificarlos, corregirlos y multarlos. Vemos necesario avanzar a una reforma profunda que permita identificar nuevos servicios financieros que no están sujetos a esta regulación”, señaló Salazar.

Además, sostuvo que se debe hacer una revisión de la metodología que se utiliza para reducir las tasas de interés máximas que son calculadas por el BCR.

En el tema de las sanciones, Salazar explicó que tiene que legislar para que los consumidores tengan derecho a la compensación, ya que actualmente la institución se limita a ordenar el cobro indebido.

“Queremos que desde la Ley contra la Usura se sancione la multa, ya que desde el 2013 a la fecha esta ley no sanciona directamente la multa. La Defensoría del Consumidor lo ha logrado hacer, pero a través de disposiciones auxiliares. Ese tema debe ser adecuado y corregido. Se está haciendo un trabajo serio para brindar justicia financiera y el acceso a un financiamiento a las familias y a los emprendedores”, dijo el funcionario.