Política
Comisión Financiera escucha propuesta de la Defensoría del Consumidor para reformar la Ley contra la Usura
Este viernes 29 de octubre, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa recibió al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y su equipo de trabajo, quienes presentaron seis propuestas para reformar la Ley contra la Usura, la cual data de 2013 y ha sufrido dos cambios.
La sugerencia de la entidad gubernamental contempla la modificación de cuatro artículos ya existentes y la incorporación de dos disposiciones.
En el artículo 5 se propone ampliar los segmentos de créditos referentes a créditos de consumo a personas naturales con orden de descuento a cuenta y sin orden de descuento sin cargo a cuenta.
Asimismo, se sugiere obligar a los acreedores a informar al Banco Central de Reserva (BCR) sobre las modalidades de contratación generadas por el uso de tarjetas de crédito como operaciones crediticias independientes del crédito rotativo.
También se crearía una presunción de derechos en la cual todos los créditos otorgados en los que no se identifiquen montos, destino o ambas categorías se considerarán como créditos de consumo para personas naturales sin orden de descuento o sin cargo a cuenta.
En el artículo 6 de la normativa, la Defensoría del Consumidor recomienda tomar en cuenta en el cálculo de las tasas máximas legales en el segmento de vivienda las operaciones de crédito que remite el Fondo Social de la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Con el cambio en el artículo 11 se busca compensar al deudor por el uso indebido del dinero o por cobrar intereses sobre los intereses de una mora.
Mientras en el artículo, relacionado con las sanciones administrativas, se pretende aumentar el monto total de la multa de 50 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos.
También se busca ampliar de dos a cinco años el plazo de prescripción de los casos, para que la Defensoría del Consumidor tenga más tiempo para hacer las investigaciones y presentarlos ante el Tribunal Sancionador.
Con las modificaciones a la normativa se busca beneficiar a un 70% de la población que no es sujeto a créditos en la banca y debe recurrir a financieras o a los usureros para obtener un préstamo a cambio de pagar altos intereses.
El diputado de Nuevas Ideas y presidente en funciones de la mesa legislativa, Caleb Navarro, expresó que les parece atinada la propuesta hecha por la Defensoría del Consumidor, la cual analizará en las próximas sesiones de trabajo.
Asimismo, el funcionario destacó que con los cambios en la normativa se pretende brindar a la población el tercer acto de justicia financiera.
El primero fue la aprobación de reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas y el segundo (que está por ser presentado al pleno) tiene que ver con modificaciones a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.
“Con esta reforma, sería el primer país de la región en tocar este tipo de intereses financieros. Esta Asamblea Legislativa estuvo secuestrada por malos diputados muchísimos años, quienes no legislaban a favor del pueblo porque tenían interés de beneficiar a los agentes económicos”, apuntó el diputado Navarro.
El titular de la Defensoría del Consumidor, expuso a los legisladores que a través de auditorías realizadas por la institución le realizó a diferentes financieras, bancos y casas de empeño se ha logrado identificar cobros indebidos por un monto superior a los $3.3 millones.
“Estos datos denotan una realidad que en el país deben cambiar para contrarrestar una serie de abusos. Se debe trabajar para identificarlos, corregirlos y multarlos. Vemos necesario avanzar a una reforma profunda que permita identificar nuevos servicios financieros que no están sujetos a esta regulación”, señaló Salazar.
Además, sostuvo que se debe hacer una revisión de la metodología que se utiliza para reducir las tasas de interés máximas que son calculadas por el BCR.
En el tema de las sanciones, Salazar explicó que tiene que legislar para que los consumidores tengan derecho a la compensación, ya que actualmente la institución se limita a ordenar el cobro indebido.
“Queremos que desde la Ley contra la Usura se sancione la multa, ya que desde el 2013 a la fecha esta ley no sanciona directamente la multa. La Defensoría del Consumidor lo ha logrado hacer, pero a través de disposiciones auxiliares. Ese tema debe ser adecuado y corregido. Se está haciendo un trabajo serio para brindar justicia financiera y el acceso a un financiamiento a las familias y a los emprendedores”, dijo el funcionario.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
