Política
Comisión Financiera escucha propuesta de la Defensoría del Consumidor para reformar la Ley contra la Usura
Este viernes 29 de octubre, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa recibió al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y su equipo de trabajo, quienes presentaron seis propuestas para reformar la Ley contra la Usura, la cual data de 2013 y ha sufrido dos cambios.
La sugerencia de la entidad gubernamental contempla la modificación de cuatro artículos ya existentes y la incorporación de dos disposiciones.
En el artículo 5 se propone ampliar los segmentos de créditos referentes a créditos de consumo a personas naturales con orden de descuento a cuenta y sin orden de descuento sin cargo a cuenta.
Asimismo, se sugiere obligar a los acreedores a informar al Banco Central de Reserva (BCR) sobre las modalidades de contratación generadas por el uso de tarjetas de crédito como operaciones crediticias independientes del crédito rotativo.
También se crearía una presunción de derechos en la cual todos los créditos otorgados en los que no se identifiquen montos, destino o ambas categorías se considerarán como créditos de consumo para personas naturales sin orden de descuento o sin cargo a cuenta.
En el artículo 6 de la normativa, la Defensoría del Consumidor recomienda tomar en cuenta en el cálculo de las tasas máximas legales en el segmento de vivienda las operaciones de crédito que remite el Fondo Social de la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Con el cambio en el artículo 11 se busca compensar al deudor por el uso indebido del dinero o por cobrar intereses sobre los intereses de una mora.
Mientras en el artículo, relacionado con las sanciones administrativas, se pretende aumentar el monto total de la multa de 50 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos.
También se busca ampliar de dos a cinco años el plazo de prescripción de los casos, para que la Defensoría del Consumidor tenga más tiempo para hacer las investigaciones y presentarlos ante el Tribunal Sancionador.
Con las modificaciones a la normativa se busca beneficiar a un 70% de la población que no es sujeto a créditos en la banca y debe recurrir a financieras o a los usureros para obtener un préstamo a cambio de pagar altos intereses.
El diputado de Nuevas Ideas y presidente en funciones de la mesa legislativa, Caleb Navarro, expresó que les parece atinada la propuesta hecha por la Defensoría del Consumidor, la cual analizará en las próximas sesiones de trabajo.
Asimismo, el funcionario destacó que con los cambios en la normativa se pretende brindar a la población el tercer acto de justicia financiera.
El primero fue la aprobación de reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas y el segundo (que está por ser presentado al pleno) tiene que ver con modificaciones a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.
“Con esta reforma, sería el primer país de la región en tocar este tipo de intereses financieros. Esta Asamblea Legislativa estuvo secuestrada por malos diputados muchísimos años, quienes no legislaban a favor del pueblo porque tenían interés de beneficiar a los agentes económicos”, apuntó el diputado Navarro.
El titular de la Defensoría del Consumidor, expuso a los legisladores que a través de auditorías realizadas por la institución le realizó a diferentes financieras, bancos y casas de empeño se ha logrado identificar cobros indebidos por un monto superior a los $3.3 millones.
“Estos datos denotan una realidad que en el país deben cambiar para contrarrestar una serie de abusos. Se debe trabajar para identificarlos, corregirlos y multarlos. Vemos necesario avanzar a una reforma profunda que permita identificar nuevos servicios financieros que no están sujetos a esta regulación”, señaló Salazar.
Además, sostuvo que se debe hacer una revisión de la metodología que se utiliza para reducir las tasas de interés máximas que son calculadas por el BCR.
En el tema de las sanciones, Salazar explicó que tiene que legislar para que los consumidores tengan derecho a la compensación, ya que actualmente la institución se limita a ordenar el cobro indebido.
“Queremos que desde la Ley contra la Usura se sancione la multa, ya que desde el 2013 a la fecha esta ley no sanciona directamente la multa. La Defensoría del Consumidor lo ha logrado hacer, pero a través de disposiciones auxiliares. Ese tema debe ser adecuado y corregido. Se está haciendo un trabajo serio para brindar justicia financiera y el acceso a un financiamiento a las familias y a los emprendedores”, dijo el funcionario.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
