Política
Comisión Financiera escucha propuesta de la Defensoría del Consumidor para reformar la Ley contra la Usura
Este viernes 29 de octubre, la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa recibió al presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, y su equipo de trabajo, quienes presentaron seis propuestas para reformar la Ley contra la Usura, la cual data de 2013 y ha sufrido dos cambios.
La sugerencia de la entidad gubernamental contempla la modificación de cuatro artículos ya existentes y la incorporación de dos disposiciones.
En el artículo 5 se propone ampliar los segmentos de créditos referentes a créditos de consumo a personas naturales con orden de descuento a cuenta y sin orden de descuento sin cargo a cuenta.
Asimismo, se sugiere obligar a los acreedores a informar al Banco Central de Reserva (BCR) sobre las modalidades de contratación generadas por el uso de tarjetas de crédito como operaciones crediticias independientes del crédito rotativo.
También se crearía una presunción de derechos en la cual todos los créditos otorgados en los que no se identifiquen montos, destino o ambas categorías se considerarán como créditos de consumo para personas naturales sin orden de descuento o sin cargo a cuenta.
En el artículo 6 de la normativa, la Defensoría del Consumidor recomienda tomar en cuenta en el cálculo de las tasas máximas legales en el segmento de vivienda las operaciones de crédito que remite el Fondo Social de la Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO).
Con el cambio en el artículo 11 se busca compensar al deudor por el uso indebido del dinero o por cobrar intereses sobre los intereses de una mora.
Mientras en el artículo, relacionado con las sanciones administrativas, se pretende aumentar el monto total de la multa de 50 salarios mínimos hasta 500 salarios mínimos.
También se busca ampliar de dos a cinco años el plazo de prescripción de los casos, para que la Defensoría del Consumidor tenga más tiempo para hacer las investigaciones y presentarlos ante el Tribunal Sancionador.
Con las modificaciones a la normativa se busca beneficiar a un 70% de la población que no es sujeto a créditos en la banca y debe recurrir a financieras o a los usureros para obtener un préstamo a cambio de pagar altos intereses.
El diputado de Nuevas Ideas y presidente en funciones de la mesa legislativa, Caleb Navarro, expresó que les parece atinada la propuesta hecha por la Defensoría del Consumidor, la cual analizará en las próximas sesiones de trabajo.
Asimismo, el funcionario destacó que con los cambios en la normativa se pretende brindar a la población el tercer acto de justicia financiera.
El primero fue la aprobación de reformas a la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Créditos de las Personas y el segundo (que está por ser presentado al pleno) tiene que ver con modificaciones a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito.
“Con esta reforma, sería el primer país de la región en tocar este tipo de intereses financieros. Esta Asamblea Legislativa estuvo secuestrada por malos diputados muchísimos años, quienes no legislaban a favor del pueblo porque tenían interés de beneficiar a los agentes económicos”, apuntó el diputado Navarro.
El titular de la Defensoría del Consumidor, expuso a los legisladores que a través de auditorías realizadas por la institución le realizó a diferentes financieras, bancos y casas de empeño se ha logrado identificar cobros indebidos por un monto superior a los $3.3 millones.
“Estos datos denotan una realidad que en el país deben cambiar para contrarrestar una serie de abusos. Se debe trabajar para identificarlos, corregirlos y multarlos. Vemos necesario avanzar a una reforma profunda que permita identificar nuevos servicios financieros que no están sujetos a esta regulación”, señaló Salazar.
Además, sostuvo que se debe hacer una revisión de la metodología que se utiliza para reducir las tasas de interés máximas que son calculadas por el BCR.
En el tema de las sanciones, Salazar explicó que tiene que legislar para que los consumidores tengan derecho a la compensación, ya que actualmente la institución se limita a ordenar el cobro indebido.
“Queremos que desde la Ley contra la Usura se sancione la multa, ya que desde el 2013 a la fecha esta ley no sanciona directamente la multa. La Defensoría del Consumidor lo ha logrado hacer, pero a través de disposiciones auxiliares. Ese tema debe ser adecuado y corregido. Se está haciendo un trabajo serio para brindar justicia financiera y el acceso a un financiamiento a las familias y a los emprendedores”, dijo el funcionario.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Política
Fuerte cruce verbal entre diputadas Claudia Ortiz y Marcela Villatoro por aprobación del Presupuesto 2026
Un intenso intercambio de acusaciones entre las diputadas opositoras Claudia Ortiz (partido VAMOS) y Marcela Villatoro (ARENA) ha puesto en evidencia las fracturas recurrentes en la oposición salvadoreña, tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 en la Asamblea Legislativa.
El desencadenante fue la conducta de la fracción de ARENA durante la votación.
Ortiz criticó duramente que los diputados areneros, pese a manifestarse en contra del presupuesto durante el debate, abandonaron el pleno legislativo justo antes de la votación, lo que calificó como una acción «contradictoria» e incoherente.
En respuesta, Villatoro rechazó las críticas y contraatacó acusando a Ortiz de ausentarse en discusiones clave, como las reformas constitucionales previas.
Además, la diputada de ARENA señaló que las posturas de Ortiz terminan «favoreciendo al oficialismo» y profundizando las divisiones dentro de la oposición.
El cruce se extendió a redes sociales, donde usuarios compartieron capturas y comentarios, calificándolo popularmente como una «pelea» entre las dos legisladoras.
Este no es el primer enfrentamiento público entre ambas
En marzo de 2025, durante una plenaria sobre minería metálica, surgió una fuerte polémica cuando Ortiz propuso una reforma constitucional para prohibir la actividad, apoyándose en firmas recolectadas por la Iglesia Católica.
Villatoro la acusó de politizar el tema y de intentar «deshacer» el esfuerzo eclesial, recordando que ARENA ya había presentado iniciativas similares meses antes.
El intercambio evidenció diferencias en estrategia y timing, con Villatoro criticando el enfoque «exprés» de Ortiz.Otros episodios incluyen críticas cruzadas sobre ausencias en debates clave, vínculos históricos de VAMOS con ARENA (expuestos por Villatoro en octubre de 2025) y percepciones de competencia política, donde Ortiz ha sido cuestionada por algunos sectores por sus posturas en seguridad y reformas.
Estas tensiones recurrentes resaltan las dificultades para un frente opositor unido en un Legislativo dominado por Nuevas Ideas.Analistas políticos señalan que estas divisiones debilitan la capacidad de la oposición para presentar alternativas coherentes frente al oficialismo.
