Política
Buscan acortar tiempos para recuperar vehículos en custodia de autoridades
Los diputados de la Comisión de Hacienda, por unanimidad, emitieron un dictamen favorable para modificar la Ley de Devolución o en Pública Subasta de Vehículos Automotores o Piezas automotrices, Secuestrados o Decomisados.
Con las enmiendas se pretenden reducir los tiempos para que un juez determine qué proceso debe seguirse con los autos que estén en depósito judicial o administrativo, porque fueron parte una investigación o estuvieron involucrados en accidentes.
La normativa actual, vigente desde 2004, establece que si ninguna persona reclama el vehículo un año después de concluido un procedimiento en el que aparezcan automotores o piezas automotrices en depósito (embargados o puestos a disposición de autoridad judicial), o tras haberse levantado las restricciones legales para su devolución, el juez deberá notificar a los legítimos dueños que tienen 30 días para que acudan a retirarlo. Si ese plazo no se cumple, el vehículo será vendido en una subasta pública.
En cambio, el proyecto de reforma avalado por la mesa de trabajo acorta de 12 meses a 90 días el lapso que tiene el juzgador, tras haber culminado todo el proceso legal, para notificarle a los propietarios de los carros que pueden recuperarlos o se venderán.
El producto de la venta de estos bienes se destinará al pago de las costas del procedimiento, los impuestos, derechos, tasas o multas que se adeudaren y los gastos en que se haya incurrido para su conservación o depósito. En caso de existir remanente, ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses. Transcurrido ese plazo, si nadie se presentó a reclamarlo, pasará al Fondo General de la Nación.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara, destacó la importancia de actualizar la ley. Él expuso que en diferentes inmuebles del Estado —entre ellos los predios de la Policía Nacional Civil (PNC)— se acumulan automotores o desperdicios de los mismos, por lo que se consumen recursos como el espacio físico y el personal que se delega para custodiarlos.
El legislador, secundado por sus colegas, agregó que estos almacenes, sobre todo los que están en la vía pública, generan contaminación visual y pueden causar daño a la salud, debido a que son criaderos de insectos u otros animales.
“Muchas veces, (los vehículos) pasan años deteriorándose y causan una mala imagen. Cuando uno viene del aeropuerto de Comalapa, a la entrada del desvío de Santo Tomás está acumulada una gran cantidad de automotores. Ahora que estamos abiertos al mundo, que están viniendo más turistas, no podemos seguir dando estas imágenes deplorables o de décadas atrás, que ya no corresponden a este nuevo país”, sostuvo el diputado Guevara.
Los integrantes de la mesa de trabajo señalaron que los fondos que se obtienen con la subasta de los vehículos sirven al Estado para hacer obras de inversión a favor de la población.
Como parte del estudio de la propuesta de reforma, la comisión pidió la opinión de la Fiscalía General de la República, de la Unidad Técnica del Sector Justicia y de la PNC.
“Esta es una ley avanzada y el tema de brindar un canal legal y certeza jurídica a todas las personas que tengan vehículos en alguna Delegación (policial) por infracción de ley o por algún proceso judicial”, dijo la parlamentaria Marcela Pineda.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2027, a 20 meses de los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de ese año, según informó el organismo colegiado este lunes.
El PLAGEL está compuesto por 46 programas técnicos que permitirán organizar y ejecutar el evento electoral. De estos, 24 se enfocan en el sufragio nacional —incluyendo logística, tecnología, seguridad, capacitación y administración electoral— mientras que los 22 restantes se centran en el voto en el extranjero, garantizando la participación activa de los salvadoreños que residen fuera del país.
Además del plan operativo, los magistrados del TSE avalaron el Presupuesto Especial Extraordinario para la ejecución del evento electoral, aunque aún no se ha revelado el monto aprobado. A modo de referencia, el presupuesto para las elecciones generales de 2024 fue de $71.9 millones, según el informe de rendición de cuentas presentado por el organismo anterior.
“Estamos cumpliendo con hechos concretos la visión de un TSE moderno, ordenado y al servicio de la ciudadanía”, expresó la magistrada presidenta, Roxana Soriano, quien hizo un llamado a todos los salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, a sumarse a lo que denominó “una gran Fiesta Electoral”.
El TSE destacó que con la aprobación unánime del PLAGEL se cuenta ya con un plan técnico sólido y listo para su ejecución, lo que reafirma el compromiso de la institución con la organización de procesos democráticos eficientes, transparentes y accesibles para todos los ciudadanos.
Como parte del calendario electoral, el próximo 14 de julio se dará inicio a las pruebas y simulacros de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados preliminares, un proceso clave que se extenderá durante 19 meses como preparación para los comicios de 2027.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer la conformación de los concejos municipales que serán electos en los comicios de 2027, con base en los datos del censo poblacional realizado en 2024.
Según explicó el organismo colegiado, la asignación del número de concejales por municipio se realiza en cumplimiento del artículo 12 del Código Electoral, el cual establece que se utilizarán los datos del último censo de población disponible para determinar cuántos regidores le corresponden a cada municipio, en función de su cantidad de habitantes.
“El tribunal establece el número de concejales en cada municipio y notifica a los partidos políticos o coaliciones inscritas”, señaló el TSE a través de una publicación oficial.
De acuerdo con la normativa, todos los concejos estarán integrados por un alcalde o alcaldesa, un síndico o síndica, dos regidores propietarios y cuatro suplentes del mismo partido, con aumentos proporcionales según la población. Por ejemplo, municipios con más de 10,000 habitantes podrán contar con hasta cuatro regidores, mientras que aquellos con poblaciones superiores a 100,000 habitantes recibirán el máximo permitido: 10 regidores.
El especialista electoral Juan Gilberto Contreras afirmó que esta medida está en línea con la legislación vigente. Por su parte, el analista político Mauricio Rodríguez destacó que esta decisión refleja el proceso de reestructuración municipal que atraviesa el país, tras la reducción de 262 a 44 municipios.
“Este ajuste representa una modernización del Estado y busca gobiernos municipales más eficientes. Menos regidores implican también un ahorro para el país y un enfoque en la calidad más que en la cantidad”, señaló Rodríguez.
