Judicial
ÚLTIMA HORA: Fiscalía acusa a Pastor Carlos Rivas por conducción peligrosa
La Fiscalía General de la República FGR, solicitó al Juzgado 4º de Paz de San Salvador audiencia inicial contra el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI, Carlos Rivas, por el delito de Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores establecido en el artículo 147 E del Código Penal.
El proceso iniciará a las 9 de la mañana, del lunes 29 de abril.
Rivas fue detenido la madrugada del jueves y, de acuerdo con personal de la Policía Nacional Civil (PNC), se negó a realizarse la prueba de alcotest tras ser detenido, pero se encontraba en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su liberación.
El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, quien fue detenido el jueves santo por manejar en estado de ebriedad, anunció a sus fieles en medio de un sermón tras ser liberado que se retira temporalmente para no seguir “alimentando” la situación y se defendió de los señalamientos asegurando que el día de su detención estaba «desvelado».
Rivas fue detenido la madrugada del jueves y, de acuerdo con personal de la Policía Nacional Civil (PNC), se negó a realizarse la prueba de alcotest tras ser detenido, pero se encontraba en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su liberación.
El líder religioso anunció que se retirará temporalmente de los sermones en el Tabernáculo, ya que dijo que la noticia le afectó a su familia, por lo que quiere estar con ellos en este momento y evitar que también sean “blancos de ataque” de esa “sociedad enferma”.
“En estos días, hermanitos, yo no voy a predicar, con dolor de mi alma pero lo voy a hacer porque no quiero seguir alimentando todo eso, donde ya no hay material para sacar y aún así lo están sacando. Necesito tomarme un tiempo para estar con mi familia, mi hija, mi nieto, quiero estar con ellos para apoyarlos”, anunció.
Rivas explicó que un grupo de pastores quedará al cargo del TAI mientras él está con su familia. Sin embargo, no especificó el tiempo que eso duraría, se limitó a decir «de manera indefinida». También pidió a los fieles que oren por él y por su familia.
Por otro lado, intentó explicar al situación a su feligresía y aseguró que cuando fue detenido estaba «desvelado» no en estad de ebriedad.
“Al no acceder (a la prueba e alcotest) me llevan y me toman esa foto, que es ilegal, eran más o menos las cinco y media de la mañana, no había dormido en toda la noche, estaba de aquí para allá. Toman esa foto y se genera la noticia que sale”, dijo el religioso en una actividad a la que se dirigió a sus fieles.
También criticó a las redes sociales y a medios de comunicación han contribuido a un “linchamiento” en su contra de parte de alguna parte de la población que solo quiere “hacer leña del árbol caído”.
“Se persigue ahora un afán de linchamiento que existe en el país, es una cosa tremenda, ese deseo mal sano de la desgracia del otro y hacer leña del árbol caído, de difamar sin razón alguno, de odiar al que piensa diferente… esa costumbre malsana de condenar aunque no se haya vencido en juicio, de un linchamiento, son los resultados de una sociedad que está dolida y enferma y que busca un lugar para hacer catarsis y desahogar toda la frustración que hay”, denunció el pastor.
Planteó que esto incrementa si el blanco es una persona conocida, en este caso él que es un pastor de una iglesia con miles de fieles en el país y es por eso que algunos “más se van a ensañar”.
Debido a que Rivas fue liberado antes de que se cumpliera el plazo de ley que se estipula para los conductores detenidos en estado de ebriedad, 72 horas, el fiscal general, Raúl Melara ordenó verificar el proceso y dijo que si es necesario se van a deducir responsabilidades.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
