Sucesos
Salvadoreño deportado narra detención en EEUU durante pandemia: «Casi pierdo la vida»
El salvadoreño Carlos recuerda el centro de detención para migrantes donde pasó más de dos meses encerrado, en Texas, Estados Unidos, como un lugar con una deficiente atención de salud que no mejoró en tiempos de la pandemia del nuevo coronavirus.
De vuelta en El Salvador, tras ser deportado en avión en medio de la emergencia, el hombre de 31 años dijo que perdió 20 kilos durante su detención, porque sufre de hipertensión y además enfermó del colon, pero las autoridades estadounidenses poco hicieron por curarlo.
Contó que permaneció en una celda para más de 80 personas desde finales de enero hasta inicios de abril, sin que observara medidas ante el coronavirus cuando la pandemia comenzó a propagarse en Estados Unidos, y sin que le hicieran una prueba antes de deportarlo.
«No hubo ningún tipo de protección ni de manejo (…) No aplicaron ningún tipo de pruebas», aseguró Carlos, quien habló con Xinhua bajo condición de no dar su nombre real por motivos de seguridad.
Analistas y defensores han advertido del riesgo de que Estados Unidos mantenga deportaciones hacia América Latina durante la pandemia sin examinar antes a los migrantes, exponiendo que los centros de detención tienen condiciones cuestionables y en varios se han registrado brotes.
En Guatemala, México y otros países latinoamericanos se han reportado contagios entre deportados, una situación que, según han planteado expertos, podía afectar a países de la región con sistemas de salud frágiles.
Carlos relató que durante su detención atestiguó cuando un cubano diabético se desmayó ante la indiferencia de los guardias y, en otra ocasión, un salvadoreño se dobló por dolor de abdomen sin que lo llevaran a la enfermería hasta después de varias horas.
«Sinceramente, teníamos el mismo régimen de las personas que están condenadas por delito grave», expresó el salvadoreño casado y con dos hijas.
Explicó que temer por su vida lo llevó a emigrar a Estados Unidos desde San Salvador a inicios de enero pasado, luego de que pandilleros que lo extorsionaban por ser un pequeño empresario amenazaron con matarlo cuando ya no pudo pagarles más dinero.
Como numerosos centroamericanos, Carlos cruzó la frontera de México con Texas por el río Bravo con la idea de pedir asilo al gobierno de Donald Trump, sin embargo oficiales lo arrestaron en cuanto pisó suelo estadounidense.
Imagen del 17 de mayo de 2020 de deportados salvadoreños, desde un centro de cuarentena del gobierno de El Salvador, donde permanecen desde su repatriación de Estados Unidos. (Xinhua/Alexander Peña)
La Patrulla Fronteriza lo encerró en una celda de corta estancia que los migrantes conocen como la «hielera» por su temperatura extremadamente fría, donde creyó que moriría porque estaba empapado tras atravesar el río y descalzo por orden de los guardias.
El migrante afirmó que pidió auxilio, pero que un oficial respondió: «Eso es lo que se ganan por venir a los Estados Unidos».
Después fue trasladado esposado de manos y pies al centro de detención de Río Grande, en la ciudad de Laredo, Texas, para quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
El salvadoreño dijo que su estancia en el centro fue traumática, pues describió que su peso bajó porque vomitaba los alimentos a causa de sus afecciones, y expuso que en una ocasión el médico tardó nueve días para atenderlo.
«Me fui de El Salvador buscando librar mi vida para Estados Unidos, pero en manos de las autoridades en Estados Unidos casi la pierdo», expresó.
Indicó que la autoridad migratoria lo subió el 7 de abril en un avión para deportarlo a El Salvador, junto con alrededor de 70 salvadoreños, tras sólo medir su temperatura y entregarle una mascarilla.
Carlos compartió su experiencia por teléfono desde un centro de cuarentena del gobierno salvadoreño donde ha permanecido desde su repatriación, y en el cual se encontraban a la fecha unos 100 deportados más.
Frente a la pandemia, El Salvador decidió en marzo aislar en centros de cuarentena a personas que entran al país centroamericano, con el objetivo de evitar una propagación del virus, medida que también ha abarcado instalaciones para los deportados.
«No sé qué va a ser de mí, de mi esposa y de mis hijas, pero algo tengo que hacer», respondió Carlos en torno a su futuro.
Hasta el momento, el gobierno del presidente Nayib Bukele no ha reportado contagios entre deportados a El Salvador, país que sumaba más de 1.500 casos confirmados con 31 fallecimientos.
Imagen del 17 de mayo de 2020 de deportados salvadoreños, desde un centro de cuarentena del gobierno de El Salvador, donde permanecen desde su repatriación de Estados Unidos. (Xinhua/Alexander Peña)
El director de la organización civil Instituto Salvadoreño del Migrante (Insami), César Ríos, dijo a Xinhua que las deportaciones desde Estados Unidos representaban un gran riesgo ante la posibilidad de que los migrantes se contagien en los centros de detención.
La cantidad de detenidos en centros de ICE que dieron positivo por el nuevo coronavirus sumaba ya los 1.145 casos de un total de 2.194 pruebas realizadas, según cifras de la propia agencia estadounidense con corte al martes.
«No debería sorprender que personas migrantes deportadas vengan contaminados (…) Debemos pedir a Estados Unidos que detenga las deportaciones ya, porque es como si nos estuvieran mandando otro nivel de vulnerabilidad que se va a incorporar a las comunidades», planteó Ríos.
El director de la organización subrayó que Estados Unidos continuó con las deportaciones en medio de la pandemia, a pesar de que los países centroamericanos pidieron frenarlas.
«Más que están en estos centros de detención, realmente no hay una atención adecuada o capacitada para ellos. Están, como decimos, a la buena suerte, van a sobrevivir los más fuertes», advirtió por su parte el médico de la Clínica Integral de Atención a Retornados de Insami, Jizi Moza.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
