Sucesos
Padre de empleada del Pollo Campestre asesinada: «Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado”
El calvario de más de seis meses vivido por la familia de la empleada del Pollo Campestre que desapareció en un centro comercial de San Salvador se alargará por lo menos una semana más ya que este es el tiempo que representantes de Medicina Legal se tardarían en confirmar que los restos humanos encontrados en Usulután son los de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, arremetió contra las autoridades de seguridad por el tipo de atención recibida y que lo mantiene en zozobra ya que a pesar de haberse divulgado la noticia de la muerte de la joven no hay ningún documento que certifique lo establecido por voceros de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Me ha tocado andar para arriba y abajo, perder días completos para hacerles fuerza a la Fiscalía y Policía para que investigaran el caso porque lo querían cerrar», denunció el familiar de la joven quien tuvo que recurrir a un abogado particular para ser escuchado en las instituciones que señaló.
«Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado, porque él se encargó de las diligencias y era a quien atendían las diferentes instituciones involucradas», señaló el hombre quien también recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).
«Es duro enterarse de esta noticia»
La noticia divulgada por voceros de la PNC, la media noche del martes, tomó por sorpresa a la familia Flores quienes durante el tiempo en el que tarden los resultados tendrán que realizar una serie de trámites administrativos para poder reclamar el cuerpo, en caso las pruebas sean positivas.
«Es duro enterarse de esta noticia, porque uno no se espera tal cosa. Uno no se siente normal, en mi familia hemos llorado y son cosas que no se le desean a nadie», expresó muy dolido el hombre quien fue notificado de la situación en horas de la mañana del miércoles.
En sede fiscal, la familia Flores fue advertida que los restos encontrados posiblemente eran los de su hija, pero que aún no se tenía certeza de que fuera ella hasta que le realizaran el examen de ADN en Medicina Legal de San Salvador.
Además, se enteraron que el presunto homicida fue identificado como Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaragüense, un hombre de quien ya tenían sospechas por las averiguaciones que realizaron con amistades de su hija y por medio del sistema de video vigilancia del centro comercial donde fue vista por última vez la joven.
Problemas desencadenados por el caso
La desesperación que ha invadido el seno familiar los llevó a cerrar una discoteca y una pupusería que administraban para centrar su atención en la desaparición de Zuleyma, algo que ya les ha comenzado a pasar factura.
«Económicamente de eso dependía ya que no tenía trabajo, pero anímicamente la familia ya no se sentía bien ante la desaparición de mi hija, tuve que cerrar los dos negocios», justificó el hombre quien recordó que su hija le ayudaba en sus días libres en ambos negocios.
Al ser cuestionado por el hombre que se señala como el asesino de su hija exigió: «Que la ley le ponga el castigo que se merece». Además, aseguró que lo ha perdonado y que confía en la ley terrenal y la justicia divina para que se encarguen de castigarlo por el crimen que cometió.
Para el padre de la joven quien con los ingresos de su trabajo pretendía continuar sus estudios universitarios, desconoce cuál fue el motivo principal por lo que su compañero de trabajo la asesinó.
Por: El Salvador Times.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
