Sucesos
Padre de empleada del Pollo Campestre asesinada: «Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado”
El calvario de más de seis meses vivido por la familia de la empleada del Pollo Campestre que desapareció en un centro comercial de San Salvador se alargará por lo menos una semana más ya que este es el tiempo que representantes de Medicina Legal se tardarían en confirmar que los restos humanos encontrados en Usulután son los de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, arremetió contra las autoridades de seguridad por el tipo de atención recibida y que lo mantiene en zozobra ya que a pesar de haberse divulgado la noticia de la muerte de la joven no hay ningún documento que certifique lo establecido por voceros de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Me ha tocado andar para arriba y abajo, perder días completos para hacerles fuerza a la Fiscalía y Policía para que investigaran el caso porque lo querían cerrar», denunció el familiar de la joven quien tuvo que recurrir a un abogado particular para ser escuchado en las instituciones que señaló.
«Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado, porque él se encargó de las diligencias y era a quien atendían las diferentes instituciones involucradas», señaló el hombre quien también recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).
«Es duro enterarse de esta noticia»
La noticia divulgada por voceros de la PNC, la media noche del martes, tomó por sorpresa a la familia Flores quienes durante el tiempo en el que tarden los resultados tendrán que realizar una serie de trámites administrativos para poder reclamar el cuerpo, en caso las pruebas sean positivas.
«Es duro enterarse de esta noticia, porque uno no se espera tal cosa. Uno no se siente normal, en mi familia hemos llorado y son cosas que no se le desean a nadie», expresó muy dolido el hombre quien fue notificado de la situación en horas de la mañana del miércoles.
En sede fiscal, la familia Flores fue advertida que los restos encontrados posiblemente eran los de su hija, pero que aún no se tenía certeza de que fuera ella hasta que le realizaran el examen de ADN en Medicina Legal de San Salvador.
Además, se enteraron que el presunto homicida fue identificado como Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaragüense, un hombre de quien ya tenían sospechas por las averiguaciones que realizaron con amistades de su hija y por medio del sistema de video vigilancia del centro comercial donde fue vista por última vez la joven.
Problemas desencadenados por el caso
La desesperación que ha invadido el seno familiar los llevó a cerrar una discoteca y una pupusería que administraban para centrar su atención en la desaparición de Zuleyma, algo que ya les ha comenzado a pasar factura.
«Económicamente de eso dependía ya que no tenía trabajo, pero anímicamente la familia ya no se sentía bien ante la desaparición de mi hija, tuve que cerrar los dos negocios», justificó el hombre quien recordó que su hija le ayudaba en sus días libres en ambos negocios.
Al ser cuestionado por el hombre que se señala como el asesino de su hija exigió: «Que la ley le ponga el castigo que se merece». Además, aseguró que lo ha perdonado y que confía en la ley terrenal y la justicia divina para que se encarguen de castigarlo por el crimen que cometió.
Para el padre de la joven quien con los ingresos de su trabajo pretendía continuar sus estudios universitarios, desconoce cuál fue el motivo principal por lo que su compañero de trabajo la asesinó.
Por: El Salvador Times.
Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el encuentro, el Vicepresidente Ulloa, en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), destacó el compromiso de la institución con la profesionalización de la función pública, la mejora continua de los servicios estatales y la construcción de una administración más eficiente, innovadora y orientada al bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente Ejecutivo de CERTAL resaltó la transformación que vive el país y señaló que el modelo salvadoreño resulta de especial interés para América Latina, al integrar componentes como la tecnología, el turismo, la innovación, la educación con valores esenciales como la ética y la fe. “Queremos que El Salvador sea un aliado principal de CERTAL, para mostrar Latinoamérica al mundo”, afirmó.
Asimismo, habló sobre los siguientes pasos para establecer un centro de formación de alta tecnología, una iniciativa que permitirá abrir nuevos espacios de colaboración, fortalecer los lazos de hermandad entre Uruguay y El Salvador, y proyectar de forma integral los avances alcanzados en la región.
El Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Sr. Camilo Trigueros destacó los avances del CNR como referente de modernización institucional, gracias a una nueva estructura orientada a agilizar trámites, reducir costos y facilitar procesos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, aclaró que El Salvador ya cuenta con herramientas como la firma electrónica, la factura electrónica y el sello electrónico, fortaleciendo así la transformación digital del Estado. Destacó también la reciente participación en el Encuentro Ministerial organizado por CERTAL junto a la Secretaría de la Presidencia en Montevideo, Uruguay, en donde tuvo la oportunidad de presentar los avances de modernización del CNR, así como los proyectos de formación impulsados desde la ESIAP, los cuales fueron presentados en el mencionado evento por la Directora Ejecutiva de la institución, Sra. @ClaudiadeLarin.
CERTAL es una organización que impulsa espacios de diálogo y articulación entre los sectores público y privado, especialmente en los ámbitos de las telecomunicaciones, mediante cumbres, simposios, encuentros de alto nivel, conferencias y jornadas de capacitación; razón por la cual, se ha comenzado a trabajar en diferentes iniciativas en el marco del acuerdo interinstitucional entre la ESIAP y el CNR para el fortalecimiento de la administración pública en la región.
#Nacionales l Con el propósito de oficializar diferentes iniciativas de cooperación para el fortalecimiento institucional, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una reunión con el Presidente Ejecutivo de certalatam,Pablo Scotellaro.
En el… pic.twitter.com/FOHfy2aZgs
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 26, 2026
Principal
Juez solicita certificaciones de condenas por crímenes que ordenaron 486 cabecillas de la MS
El juicio contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha procesados en audiencia única abierta, permanecerá en receso hasta que diversos tribunales envíen unas 20 certificaciones de condenas impuestas a la Mara Salvatrucha, por crímenes que ordenó la ranfla histórica y demás jefes de esa estructura señalados de 47,427 delitos.
A mediados de la segunda semana de mayo cuando la Fiscalía General de la República informó al juez de la causa que estaban listos para exponer extensos alegatos finales, el funcionario judicial informó que iban entrar en una pausa indefinida porque, pese a las solitudes enviadas a varios tribunales de todo el país para que entregaran las certificaciones de juicios que terminaron en condenas en contra de la MS, no se había recibido respuesta.
La última información que se sabe, es que el juez ya volvió a requerir a los tribunales esas certificaciones, que son parte de la prueba documental que el ministerio público ha ofrecido para fortalecer la acusación por múltiples crímenes consumados con el aval de los 486 cabecillas enjuiciados.
Hasta que el tribunal tenga en su sede esa documentación, se reanudará la audiencia única, esas certificaciones de condenas son hechos que la Mara Salvatrucha perpetró entre el 2012 y 2022, período mediante el cual cometieron de 444 casos de homicidios con un total de 29,000 víctimas.
Esos hechos fueron ejecutados por la organización terrorista conformada por 32 programas [estructura jerárquica superior] distribuidos en 230 clicas [células territoriales].
A mediados de mayo lo último que la Fiscalía presentó fue la prueba documental y pericial mediante la lectura para que sea valorada por el juez.
Las agrupaciones ilícitas es el delito principal acusado por el hecho de ser miembros de la Mara Salvatrucha, se incluyen también extorsión, tráfico de armas, tráfico de droga, trata de personas y homicidio.
El ministerio público ha informado que cuando se reinicie con la audiencia van a exponer alegatos finales extensos con varias jornadas en las cuales aclararán al juez la participación de los terroristas en cada uno de los ilícitos atribuidos y que se les condene por cada una de las imputaciones.
Con audios y videos se ha establecido el nivel jerárquico en la MS, para consumar los delitos entre el 2012 y 2022 y acreditar la autoría mediata en los aparatos organizados de poder y no ver a los cabecillas como simples cómplices o inductores, sino como los hombres de atrás, quienes en su calidad de máximos jefes de estructuras ordenaron crímenes a cientos de pandilleros.
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
