Sucesos
Padre de empleada del Pollo Campestre asesinada: «Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado”
El calvario de más de seis meses vivido por la familia de la empleada del Pollo Campestre que desapareció en un centro comercial de San Salvador se alargará por lo menos una semana más ya que este es el tiempo que representantes de Medicina Legal se tardarían en confirmar que los restos humanos encontrados en Usulután son los de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, arremetió contra las autoridades de seguridad por el tipo de atención recibida y que lo mantiene en zozobra ya que a pesar de haberse divulgado la noticia de la muerte de la joven no hay ningún documento que certifique lo establecido por voceros de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Me ha tocado andar para arriba y abajo, perder días completos para hacerles fuerza a la Fiscalía y Policía para que investigaran el caso porque lo querían cerrar», denunció el familiar de la joven quien tuvo que recurrir a un abogado particular para ser escuchado en las instituciones que señaló.
«Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado, porque él se encargó de las diligencias y era a quien atendían las diferentes instituciones involucradas», señaló el hombre quien también recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).
«Es duro enterarse de esta noticia»
La noticia divulgada por voceros de la PNC, la media noche del martes, tomó por sorpresa a la familia Flores quienes durante el tiempo en el que tarden los resultados tendrán que realizar una serie de trámites administrativos para poder reclamar el cuerpo, en caso las pruebas sean positivas.
«Es duro enterarse de esta noticia, porque uno no se espera tal cosa. Uno no se siente normal, en mi familia hemos llorado y son cosas que no se le desean a nadie», expresó muy dolido el hombre quien fue notificado de la situación en horas de la mañana del miércoles.
En sede fiscal, la familia Flores fue advertida que los restos encontrados posiblemente eran los de su hija, pero que aún no se tenía certeza de que fuera ella hasta que le realizaran el examen de ADN en Medicina Legal de San Salvador.
Además, se enteraron que el presunto homicida fue identificado como Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaragüense, un hombre de quien ya tenían sospechas por las averiguaciones que realizaron con amistades de su hija y por medio del sistema de video vigilancia del centro comercial donde fue vista por última vez la joven.
Problemas desencadenados por el caso
La desesperación que ha invadido el seno familiar los llevó a cerrar una discoteca y una pupusería que administraban para centrar su atención en la desaparición de Zuleyma, algo que ya les ha comenzado a pasar factura.
«Económicamente de eso dependía ya que no tenía trabajo, pero anímicamente la familia ya no se sentía bien ante la desaparición de mi hija, tuve que cerrar los dos negocios», justificó el hombre quien recordó que su hija le ayudaba en sus días libres en ambos negocios.
Al ser cuestionado por el hombre que se señala como el asesino de su hija exigió: «Que la ley le ponga el castigo que se merece». Además, aseguró que lo ha perdonado y que confía en la ley terrenal y la justicia divina para que se encarguen de castigarlo por el crimen que cometió.
Para el padre de la joven quien con los ingresos de su trabajo pretendía continuar sus estudios universitarios, desconoce cuál fue el motivo principal por lo que su compañero de trabajo la asesinó.
Por: El Salvador Times.
El Gobierno de El Salvador implementará un amplio dispositivo de seguridad y logística para el desarrollo del IRONMAN 70.3 San Salvador, que incluirá el despliegue de casi 4,000 elementos de distintas instituciones, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, el orden vial y el normal desarrollo de la competencia.
El titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, destacó que el evento representa un hito para el país, tanto a nivel deportivo como turístico.
«Esta es una competencia sumamente grande, es la primera vez que se desarrolla en el país. Son las condiciones de seguridad las que han permitido que se realice acá», expresó el funcionario en la entrevista que brindó a Radio YSKL.
Según Reyes, el dispositivo estará integrado por personal de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, gestores de tránsito y otras instituciones de apoyo.
«Son casi 4 mil elementos los que se van a desplegar para el evento. Colaborarán 2,000 efectivos de la Fuerza Armada, 1,000 de la PNC, y todo el equipo de gestores del Viceministerio de Transporte, y otras instituciones», detalló.
El funcionario detalló que la competencia iniciará en el lago de Ilopango con la etapa de natación. Posteriormente, los participantes realizarán la transición hacia el ciclismo, recorriendo el bulevar del Ejército y la carretera Panamericana hasta Cojutepeque.
El evento finalizará en el Centro Histórico de San Salvador.
Las autoridades señalaron que la competencia también tendrá un impacto positivo en el turismo y la economía nacional, debido a la llegada de atletas y visitantes extranjeros.
«Los participantes vienen de otros países no solo a la competencia, sino también a generar turismo que le hace bien a nuestro país, porque genera dinamización», afirmó Reyes.
El IRONMAN 70.3 San Salvador posiciona a El Salvador como sede de eventos deportivos internacionales. El evento deportivo será el próximo domingo 22 de febrero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reestructurado su operatividad institucional de cara a las elecciones de presidente de la república, diputados y concejos municipales que se realizarán el 28 de febrero de 2027.
Para tal efecto, el organismo colegiado ha creado 10 comisiones multidisciplinarias de trabajo que desarrollan funciones administrativas, operativas, logísticas, jurídicas y de planeación, según se detalla en la memoria de labores 2024-2025.
Como parte de los grupos de trabajo está la Comisión de Seguimiento I del Plan General de Elecciones [PLAGEL] 2027, cuya función es la de «dar seguimiento a la elaboración de los programas en el ámbito de sufragio en el territorio nacional y sufragio en el extranjero».
Estos programas incluyen la elaboración del Plan General de Seguridad Electoral, la inclusión e igualdad electoral, el cierre del registro electoral y generación de padrones, información y atención de consulta ciudadana, capacitación electoral, organización y logística electoral, soporte de escrutinio de la Junta Receptora de Voto (JRV).
También incluye la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados electorales preliminares [Sistema para voto electrónico y transmisión de resultados electorales preliminares] y escrutinio final.
Esta comisión es integrada por Roxana Soriano, presidenta del TSE, una magistrada propietaria y dos suplentes.
La obligatoriedad de crear e integrar estas comisiones está normado en el artículo 50 del Código Electoral, para los fines que la institución designe, es decir, administrativo, operativo, logístico, jurídico y de planeación, «conforme sea requerido para la óptima gestión de la administración pública».
En lo relativo siempre a las elecciones, fue creada la Comisión de Seguimiento II y III del PLAGEL y la Comisión Organizadora de este plan, entre otras.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que más de $7,000 que fueron decomisados a pandilleros pasen al Estado.
Durante la audiencia de sentencia, la representación fiscal logró comprobar que los $7,087 incautados a tres pandilleros de la MS en un procedimiento realizado el 2 de julio de 2019 en San Salvador procedían de actividades ilícitas.
«Se demostró que ese dinero procedía de diversos delitos de maras o pandillas en virtud de que se encontró manuscritos de diferentes aportaciones de las diversas clicas de El Salvador, utilizado para financiar actividades ilícitas» explicó el fiscal del caso, al concluir la audiencia.
El monto fue decomisado a Santos Elías Guardado Flores, William Arnoldo Hernández Navidad y José Luis González Villalobos, quienes no lograron justificar la procedencia legal de los fondos.
Semanas atrás, el mismo juzgado resolvió que otros $30,000 pasaran al Estado por estar relacionados directamente a la actividad delictiva de agrupaciones ilícitas.
El dinero fue incautado el 2 de enero de 2023 a Kevin Eduardo Castillo Mejía en la residencial Ciudad Versalles, en San Juan Opico, La Libertad. El detenido tenía registro criminal por pertenecer a grupos criminales.
