Sucesos
Padre de empleada del Pollo Campestre asesinada: «Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado”
El calvario de más de seis meses vivido por la familia de la empleada del Pollo Campestre que desapareció en un centro comercial de San Salvador se alargará por lo menos una semana más ya que este es el tiempo que representantes de Medicina Legal se tardarían en confirmar que los restos humanos encontrados en Usulután son los de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, arremetió contra las autoridades de seguridad por el tipo de atención recibida y que lo mantiene en zozobra ya que a pesar de haberse divulgado la noticia de la muerte de la joven no hay ningún documento que certifique lo establecido por voceros de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Me ha tocado andar para arriba y abajo, perder días completos para hacerles fuerza a la Fiscalía y Policía para que investigaran el caso porque lo querían cerrar», denunció el familiar de la joven quien tuvo que recurrir a un abogado particular para ser escuchado en las instituciones que señaló.
«Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado, porque él se encargó de las diligencias y era a quien atendían las diferentes instituciones involucradas», señaló el hombre quien también recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).
«Es duro enterarse de esta noticia»
La noticia divulgada por voceros de la PNC, la media noche del martes, tomó por sorpresa a la familia Flores quienes durante el tiempo en el que tarden los resultados tendrán que realizar una serie de trámites administrativos para poder reclamar el cuerpo, en caso las pruebas sean positivas.
«Es duro enterarse de esta noticia, porque uno no se espera tal cosa. Uno no se siente normal, en mi familia hemos llorado y son cosas que no se le desean a nadie», expresó muy dolido el hombre quien fue notificado de la situación en horas de la mañana del miércoles.
En sede fiscal, la familia Flores fue advertida que los restos encontrados posiblemente eran los de su hija, pero que aún no se tenía certeza de que fuera ella hasta que le realizaran el examen de ADN en Medicina Legal de San Salvador.
Además, se enteraron que el presunto homicida fue identificado como Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaragüense, un hombre de quien ya tenían sospechas por las averiguaciones que realizaron con amistades de su hija y por medio del sistema de video vigilancia del centro comercial donde fue vista por última vez la joven.
Problemas desencadenados por el caso
La desesperación que ha invadido el seno familiar los llevó a cerrar una discoteca y una pupusería que administraban para centrar su atención en la desaparición de Zuleyma, algo que ya les ha comenzado a pasar factura.
«Económicamente de eso dependía ya que no tenía trabajo, pero anímicamente la familia ya no se sentía bien ante la desaparición de mi hija, tuve que cerrar los dos negocios», justificó el hombre quien recordó que su hija le ayudaba en sus días libres en ambos negocios.
Al ser cuestionado por el hombre que se señala como el asesino de su hija exigió: «Que la ley le ponga el castigo que se merece». Además, aseguró que lo ha perdonado y que confía en la ley terrenal y la justicia divina para que se encarguen de castigarlo por el crimen que cometió.
Para el padre de la joven quien con los ingresos de su trabajo pretendía continuar sus estudios universitarios, desconoce cuál fue el motivo principal por lo que su compañero de trabajo la asesinó.
Por: El Salvador Times.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
