Sucesos
Padre de empleada del Pollo Campestre asesinada: «Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado”
El calvario de más de seis meses vivido por la familia de la empleada del Pollo Campestre que desapareció en un centro comercial de San Salvador se alargará por lo menos una semana más ya que este es el tiempo que representantes de Medicina Legal se tardarían en confirmar que los restos humanos encontrados en Usulután son los de la joven.
El padre de Zuleyma Marisol Flores Guardado, de 24 años de edad, arremetió contra las autoridades de seguridad por el tipo de atención recibida y que lo mantiene en zozobra ya que a pesar de haberse divulgado la noticia de la muerte de la joven no hay ningún documento que certifique lo establecido por voceros de la Policía Nacional Civil (PNC).
«Me ha tocado andar para arriba y abajo, perder días completos para hacerles fuerza a la Fiscalía y Policía para que investigaran el caso porque lo querían cerrar», denunció el familiar de la joven quien tuvo que recurrir a un abogado particular para ser escuchado en las instituciones que señaló.
«Si no hubiera contratado un abogado particular el caso estaría cerrado, porque él se encargó de las diligencias y era a quien atendían las diferentes instituciones involucradas», señaló el hombre quien también recurrió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA).
«Es duro enterarse de esta noticia»
La noticia divulgada por voceros de la PNC, la media noche del martes, tomó por sorpresa a la familia Flores quienes durante el tiempo en el que tarden los resultados tendrán que realizar una serie de trámites administrativos para poder reclamar el cuerpo, en caso las pruebas sean positivas.
«Es duro enterarse de esta noticia, porque uno no se espera tal cosa. Uno no se siente normal, en mi familia hemos llorado y son cosas que no se le desean a nadie», expresó muy dolido el hombre quien fue notificado de la situación en horas de la mañana del miércoles.
En sede fiscal, la familia Flores fue advertida que los restos encontrados posiblemente eran los de su hija, pero que aún no se tenía certeza de que fuera ella hasta que le realizaran el examen de ADN en Medicina Legal de San Salvador.
Además, se enteraron que el presunto homicida fue identificado como Wilmer Javier Zavala Gómez, de nacionalidad nicaragüense, un hombre de quien ya tenían sospechas por las averiguaciones que realizaron con amistades de su hija y por medio del sistema de video vigilancia del centro comercial donde fue vista por última vez la joven.
Problemas desencadenados por el caso
La desesperación que ha invadido el seno familiar los llevó a cerrar una discoteca y una pupusería que administraban para centrar su atención en la desaparición de Zuleyma, algo que ya les ha comenzado a pasar factura.
«Económicamente de eso dependía ya que no tenía trabajo, pero anímicamente la familia ya no se sentía bien ante la desaparición de mi hija, tuve que cerrar los dos negocios», justificó el hombre quien recordó que su hija le ayudaba en sus días libres en ambos negocios.
Al ser cuestionado por el hombre que se señala como el asesino de su hija exigió: «Que la ley le ponga el castigo que se merece». Además, aseguró que lo ha perdonado y que confía en la ley terrenal y la justicia divina para que se encarguen de castigarlo por el crimen que cometió.
Para el padre de la joven quien con los ingresos de su trabajo pretendía continuar sus estudios universitarios, desconoce cuál fue el motivo principal por lo que su compañero de trabajo la asesinó.
Por: El Salvador Times.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
