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Familia de periodista asesinada, Karla Turcios, sigue esperando que se haga justicia a un año de su muerte
Hoy, justamente hace un año, el ámbito periodístico lloró la muerte de uno de sus elementos: Karla Lisseth Turcios Cortez, una mujer de 33 años de edad que laboraba en “El Economista”, una de las revistas del periódico La Prensa Gráfica (LPG), que sin razón alguna fue asesinada por el hombre que decía amarla.
La última vez que sus compañeros de labores vieron con vida a Turcios fue el viernes 13 de abril de 2018. Todos, incluyéndola a ella, retornaron a sus viviendas, pero a eso de las 10:00 de la noche Karla debió regresar a su trabajo por una asignación otorgada a última hora.
Cámaras de seguridad de LPG captaron el momento de su ingreso y de su salida. Esta última acción fue hecha a las 12:00 de la madrugada del sábado 14. Huezo llegó por Karla a las instalaciones del periódico en Santa Elena, La Libertad.
Un asesinato de película
A eso de las 8:00 de la mañana del 14 de abril, el padre de Karla salió de su casa y esto fue la señal para Huezo de asesinar y desaparecer a la periodista con quien había procreado un hijo.
Luego de matar a Turcios, Huezo salió a eso de las 12:30 del medio día con su hijo a una gasolinera y luego se dirigió a un parque. Karla –se supone- había quedado dormida en la casa.
Una hora y media después, el esposo regresó a la casa y no la encontró, pero según manejó en su versión inicial él vio indicios de que Turcios se había bañado antes “de salir de la vivienda”.
A las 4:00 p.m. el padre de Karla regresó a la casa, pero no supo del paradero de ella. Paralelamente, una mujer se presentó a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Rosa Guachipilín para anunciar que había un cadáver de una mujer en el kilómetro 92 de la carretera Longitudinal del Norte.
La denuncia de la mujer en Santa Ana fue verificada por miembros de la PNC que encontraron a una mujer vestida con jeans, camisa negra manga larga y dos bolsas plásticas en la cabeza que estaban amarradas con una prenda íntima.
Al realizarse la inspección por parte de miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) se determinó que la mujer tenía entre seis a ocho horas de fallecida, por lo que podría haber sido asesinada entre las 10:00 y 11:00 de la mañana.
A las 7:00 de la noche del 14 de abril, Mario supuestamente desconocía del paradero de su esposa y publicó un «desesperado» mensaje en el que daba detalles de la última vez que vio a su compañera de vida.
Mario, de 38 años de edad, reportó a la Policía la extraña desaparición de su esposa. Acá inició toda una actuación por su parte, debido a que la versión para formar una coartada empezó a ser ilógica, tanto para las autoridades como para amigos y familiares de la periodista.
En una hora no determinada del sábado, Huezo localizó una nota escrita a mano y con lápiz que decía: “Adiós a su hija lic p-rro”.
El hallazgo y las incongruencias del asesino
En horas de la mañana del 15 de abril el gremio periodístico y todo El Salvador se levantó con la noticia de la desaparición de la mujer.
Huezo seguía actuando como todo un actor profesional y no dejaba de decir que imploraba encontrar con bien a su pareja.
A eso de las 10 de la mañana los medios comenzaron a consultar por el caso a las autoridades que únicamente tenían como reporte el hallazgo del cuerpo de una mujer en Santa Ana.
El Salvador Times se comunicó con la delegación que procesó la escena en el occidente del país y en un primer momento se dijo desconocer si había relación, pero posteriormente uno de los agentes reconoció a Turcios y reveló que se trataba de ella.
La información preliminar fue confirmada por el jefe de la región occidental quien manifestó que el cuerpo era el de Turcios quien fue velada ese mismo día en la Funeraria La Auxiliadora.
El mar de preguntas sin respuestas provocó diversas investigaciones hasta determinar que los datos aportados por Huezo no coincidían con lo registrado por las cámaras de seguridad de al menos siete lugares diferentes.
En los videos quedaron plasmados momentos claves para relacionar el hecho. Se captó cuando él salió en el vehículo de Turcios hacia la carretera Longitudinal del Norte, junto al hijo de ambos. Supuestamente llevaba el cadáver de su víctima. Además, se encontró el teléfono celular de Karla a un kilómetro de distancia a donde fue abandonado su cuerpo.
El sujeto fue capturado el 23 de abril, nueve días más tarde del feminicidio, luego de fingir magistralmente una tristeza profunda por la muerte de la periodista. El sospechoso fue capturado cuando salía de una entrevista televisiva por el caso.
Sin fecha de la audiencia preliminar
El Juzgado 11° de Paz de San Salvador ordenó instrucción formal con detención provisional contra Huezo, luego de que la FGR lo acusara del delito de feminicidio agravado en contra de su compañera de vida.
El ministerio público presentó el 26 de abril de 2018 el requerimiento en contra del hombre, fecha en el que fue presentado ante los medios de comunicación, tras ser detenido en el estacionamiento del Hotel Intercontinental cuando se hacía acompañar de su hijo de cinco años y de su suegro.
El hombre había terminado de brindar una entrevista periodística a la reconocida cadena de noticias Univisión, en donde trató el tema y se mostraba inocente de los hechos.
La FGR solicitó que el juzgado a cargo le colocara reserva total al proceso y que pasara al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, en donde se encuentra actualmente el proceso. Ante esto el juez falló que el caso tuviera reserva parcial para proteger la intimidad de la víctima.
A un año del asesinato de la periodista Turcios, aún no se define fecha para continuar el proceso contra su homicida, su esposo.
Según la FGR se cuenta con suficientes indicios de que el ahora imputado fue el ejecutor del delito. Agregó que se tienen pruebas periciales y documentales, donde hace constar que la víctima vivía con él, sufriendo violencia económica, estipulada y sancionada en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra la Mujer.
Mario es acusado por el delito de feminicidio. Aparentemente el móvil del crimen fue la misogínea, es decir que hubo un odio y menosprecio hacia el ente femenino.
Por: El Salvador Times.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
