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Empresa que elaboró bandera gigantesca encontró aberturas ocasionadas por objetos externos y el costo real de la misma es $4,700
La alcaldía de San Salvador aseguró el pasado martes que la bandera de El Salvador colocada la semana pasada en el redondel Masferrer, en la capital, fue vandalizada.
La municipalidad indicó, por medio de un comunicado, que por esta razón decidieron quitarla la noche del lunes para evaluar los daños y repararla.
En el escrito condenaron el hecho y lo tildaron de «provocaciones», a la vez que manifestaron que están investigando lo ocurrido para dar con los responsables.
Sin embargo, es versión, es poco creíble para miles de salvadoreños que criticaron lo sucedido a la bandera que, según la administración de la comuna, ronda un precio de más de $300,000, siendo ésta la más grande de la región centroamericana.
«Como municipalidad condenamos de manera enérgica los daños realizados a nuestro símbolo patrio. Desde la alcaldía se están realizando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ultraje a nuestra bandera», lamentó la alcaldía capitalina.
La empresa Torogoz, ha salido al paso sobre el daño al símbolo patrio y ha aclarado al mismo tiempo el costo real de la misma, desmintiendo el exorbitante preció que el alcalde Ernesto Muyshondt anunció al momento de ser instalada e izada en el redondel Masferrer de San Salvador.
“Debido a los hechos ocurridos en la bandera monumental instalada en el redondel Masferrer, cuyo costo fue de $4,700. Nuestros técnicos evaluaron la bandera dañada y encontraron aberturas ocasionadas por objetos externos, provocando la rotura de la misma. Torogoz, empresa 100% salvadoreña, cumpliendo con nuestro compromiso con el país, repondremos la bandera monumental”, reza el comunicado.
Serán las investigaciones de las autoridades competentes con el uso de las cámaras de videovigilancias ubicadas en el sector, las que determinen si existieron hechos vandálicos a la bandera o si las rasgaduras fueron ocasionadas por las fuertes ráfagas de vientos existentes en los últimos días en el país.
Un niño de un año de edad falleció este día en la hacienda Atalaya, en el distrito de Acajutla, Sonsonate, luego de caer de manera accidental en una canaleta de agua, según reportes preliminares.
De acuerdo con la información inicial, el menor habría sufrido el percance dentro del sector, por causas que aún se encuentran bajo investigación. Autoridades competentes se desplazaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.
Familiares, amigos y vecinos del menor expresaron su pesar por lo sucedido, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes de la comunidad. Las autoridades reiteraron que será el proceso investigativo el que establezca las circunstancias del incidente.
Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en Bélgica por violación, decisión que la corte de Amberes consideró el jueves sin precedentes.
Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está reglamentado, y Amberes figura entre las ciudades que reivindica proteger a las personas que declaran esta actividad, en su gran mayoría mujeres.
No es excepcional que trabajadores sexuales acudan a la justicia cuando no son pagados por sus clientes, según una portavoz de la corte de apelaciones de Amberes contactada por AFP.
Pero es la primera vez que un rechazo de pago o «una astucia» como mostrar un falso justificativo de pago es considerado en un proceso como falta de consentimiento en la relación sexual, y por lo tanto violación, agregó la portavoz.
Según la corte, el código penal belga estipula que «hay violación cuando hubo penetración sexual a una persona que no consintió».
Por lo tanto «no hay consentimiento si el acto sexual se realizó con engaño u otro comportamiento castigable», señaló.
En su decisión, la corte de apelaciones consideró que el hombre engañó deliberadamente a su víctima al simular que efectuaba un pago a través de su aplicación bancaria.
Ocurrió seis veces con ella, cuando el cliente le mostró para engañarla la pantalla del teléfono donde aparecía una transacción no firmada o una correspondiente a un pago anterior que, si funcionó, indicó la corte.
El hombre, búlgaro de unos 30 años de edad, dijo que actuó bajo los efectos de la cocaína, según la portavoz.
Fue condenado a tres años de cárcel en suspenso y tiene la obligación de hacer una psicoterapia y someterse a controles regulares que prueben que ya no consume droga.
Un grupo de 89 cristianos secuestrados desde mediados de enero tras un ataque de bandas armadas contra tres iglesias en Nigeria fue liberado este jueves.
Los fieles, vestidos con camisetas naranjas, llegaron en un autobús escoltado por las fuerzas de seguridad y fueron acogidos por el gobernador del estado de Kaduna, Uba Sani.
La autoridad de este estado del norte de Nigeria afirmó que en total 183 personas fueron secuestradas, 11 lograron escapar y 83 regresaron hace unos días.
El secuestro masivo tuvo lugar el 18 de enero durante un ataque contra iglesias durante la misa dominical en una zona remota del estado de Kaduna.
Las circunstancias de la liberación no fueron reveladas. El pago de rescates es ilegal en Nigeria, pero hay sospechas de que el gobierno recurre habitualmente a esta práctica.
La semana pasada, un líder tradicional informó que la mitad de los secuestrados en realidad lograron huir durante el ataque y se escondieron en otras aldeas.
El país más poblado de África experimentó un resurgimiento de los secuestros masivos desde noviembre. Estados Unidos acusó al país de ser incapaz de frenar esta violencia.
El presidente estadounidense Donald Trump acusó a finales de 2025 a los grupos armados nigerianos de perseguir a los cristianos, a quienes describió como víctimas de «genocidio». A finales de diciembre Estados Unidos lanzó ataques en el estado de Sokoto, en el noroeste, contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico.
La ola de secuestros de finales del año pasado llevó al presidente nigeriano, Bola Tinubu, a declarar el estado de emergencia de seguridad nacional y a lanzar una campaña de reclutamiento de soldados y policías para combatir la inseguridad.
