Judicial
Sobre él pesan al menos 14 órdenes de captura por homicidios – El «Danger» es un peligroso cabecilla de la MS que huyó a México meses atrás, volvió a El Salvador y se escondía en un motel mientras otros pandilleros lo cuidaban
La persecución policial lo obligó a huir al monte y pernoctar en madrigueras improvisadas en la zona norte del occidental departamento de Ahuachapán, eludiendo, momentáneamente, la búsqueda de las autoridades.
Unos seis de sus colaboradores, armados, lo mantenían al tanto de los movimientos de sus perseguidores para evitar así caer en manos de la justicia.
Pero finalmente, el Danger, un cabecilla de la MS, se cansó del hostigamiento policía y decidió entonces huir fuera del país, rumbo a Guatemala y luego, supuestamente, hacia México. Eso ocurrió hace unos dos meses.
La ausencia del terrorista de hizo notar en cantones como El Junquillo y Las Chinamas, entre otros, de la jurisdicción de la cabecera departamental donde dejó su huella sangrienta. Y no era para menos. Sobre el tipo pesaban 17 órdenes de captura, 14 de ellas por el delito de homicidio, giradas por un juzgado de instrucción de la ciudad de Santa Ana.
No se sabe qué fue lo que lo obligó a volver a suelo salvadoreño. Lo cierto fue que desde principios de la semana la policía había detectado algunos indicios que señalaban de que Héctor Antonio Castaneda Borja (31) alias Danny, Danger o Choreja estaba de vuelta.
Así fue como los investigadores de la delegación de Ahuachapán dieron con él la noche de este jueves en el interior de un motel situado sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a la frontera de Las Chinamas, donde fue sorprendido en compañía de una mujer.
Las autoridades incautaron un arma de fuego con su cargador y munición y una licencia de conducir de México.
A Castaneda Borja se le atribuye la muerte de un alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) identificado como Gustavo Adolfo Quezada Martínez (23), acribillado a tiros a finales de 2017.
También la de dos peones agrícolas ultimados ese mismo año siempre en la jurisdicción de Ahuachapán. En total suman 14 los asesinatos cometidos a lo largo de tres años, entre el 2016 y 2018.
A Castaneda Borja, se le atribuyen, además, los delitos de extorsión, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
El imputado, junto con otros tres pandilleros acusados también por homicidio, fueron presentados ante los medios de comunicación este viernes en las instalaciones de El Castillo de la PNC.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
