Judicial
Sobre él pesan al menos 14 órdenes de captura por homicidios – El «Danger» es un peligroso cabecilla de la MS que huyó a México meses atrás, volvió a El Salvador y se escondía en un motel mientras otros pandilleros lo cuidaban
La persecución policial lo obligó a huir al monte y pernoctar en madrigueras improvisadas en la zona norte del occidental departamento de Ahuachapán, eludiendo, momentáneamente, la búsqueda de las autoridades.
Unos seis de sus colaboradores, armados, lo mantenían al tanto de los movimientos de sus perseguidores para evitar así caer en manos de la justicia.
Pero finalmente, el Danger, un cabecilla de la MS, se cansó del hostigamiento policía y decidió entonces huir fuera del país, rumbo a Guatemala y luego, supuestamente, hacia México. Eso ocurrió hace unos dos meses.
La ausencia del terrorista de hizo notar en cantones como El Junquillo y Las Chinamas, entre otros, de la jurisdicción de la cabecera departamental donde dejó su huella sangrienta. Y no era para menos. Sobre el tipo pesaban 17 órdenes de captura, 14 de ellas por el delito de homicidio, giradas por un juzgado de instrucción de la ciudad de Santa Ana.
No se sabe qué fue lo que lo obligó a volver a suelo salvadoreño. Lo cierto fue que desde principios de la semana la policía había detectado algunos indicios que señalaban de que Héctor Antonio Castaneda Borja (31) alias Danny, Danger o Choreja estaba de vuelta.
Así fue como los investigadores de la delegación de Ahuachapán dieron con él la noche de este jueves en el interior de un motel situado sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a la frontera de Las Chinamas, donde fue sorprendido en compañía de una mujer.
Las autoridades incautaron un arma de fuego con su cargador y munición y una licencia de conducir de México.
A Castaneda Borja se le atribuye la muerte de un alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) identificado como Gustavo Adolfo Quezada Martínez (23), acribillado a tiros a finales de 2017.
También la de dos peones agrícolas ultimados ese mismo año siempre en la jurisdicción de Ahuachapán. En total suman 14 los asesinatos cometidos a lo largo de tres años, entre el 2016 y 2018.
A Castaneda Borja, se le atribuyen, además, los delitos de extorsión, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
El imputado, junto con otros tres pandilleros acusados también por homicidio, fueron presentados ante los medios de comunicación este viernes en las instalaciones de El Castillo de la PNC.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
