Judicial
Sobre él pesan al menos 14 órdenes de captura por homicidios – El «Danger» es un peligroso cabecilla de la MS que huyó a México meses atrás, volvió a El Salvador y se escondía en un motel mientras otros pandilleros lo cuidaban
La persecución policial lo obligó a huir al monte y pernoctar en madrigueras improvisadas en la zona norte del occidental departamento de Ahuachapán, eludiendo, momentáneamente, la búsqueda de las autoridades.
Unos seis de sus colaboradores, armados, lo mantenían al tanto de los movimientos de sus perseguidores para evitar así caer en manos de la justicia.
Pero finalmente, el Danger, un cabecilla de la MS, se cansó del hostigamiento policía y decidió entonces huir fuera del país, rumbo a Guatemala y luego, supuestamente, hacia México. Eso ocurrió hace unos dos meses.
La ausencia del terrorista de hizo notar en cantones como El Junquillo y Las Chinamas, entre otros, de la jurisdicción de la cabecera departamental donde dejó su huella sangrienta. Y no era para menos. Sobre el tipo pesaban 17 órdenes de captura, 14 de ellas por el delito de homicidio, giradas por un juzgado de instrucción de la ciudad de Santa Ana.
No se sabe qué fue lo que lo obligó a volver a suelo salvadoreño. Lo cierto fue que desde principios de la semana la policía había detectado algunos indicios que señalaban de que Héctor Antonio Castaneda Borja (31) alias Danny, Danger o Choreja estaba de vuelta.
Así fue como los investigadores de la delegación de Ahuachapán dieron con él la noche de este jueves en el interior de un motel situado sobre la carretera que de Ahuachapán conduce a la frontera de Las Chinamas, donde fue sorprendido en compañía de una mujer.
Las autoridades incautaron un arma de fuego con su cargador y munición y una licencia de conducir de México.
A Castaneda Borja se le atribuye la muerte de un alumno de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) identificado como Gustavo Adolfo Quezada Martínez (23), acribillado a tiros a finales de 2017.
También la de dos peones agrícolas ultimados ese mismo año siempre en la jurisdicción de Ahuachapán. En total suman 14 los asesinatos cometidos a lo largo de tres años, entre el 2016 y 2018.
A Castaneda Borja, se le atribuyen, además, los delitos de extorsión, organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
El imputado, junto con otros tres pandilleros acusados también por homicidio, fueron presentados ante los medios de comunicación este viernes en las instalaciones de El Castillo de la PNC.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
