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Sindicalistas están perdiendo sus viviendas debido al impago que mantiene el alcalde Ernesto Muyshondt
A raíz del impago de las retenciones laborales a cientos de trabajadores por parte del alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, sindicalistas de ASTRAM y STAMSS iniciaron este lunes una huelga de brazos caídos de carácter indefinida, frente a las instalaciones del centro operativo 5 de noviembre, en la capital.
“Tenga piedad de todos los empleados que estamos perdiendo las viviendas por que usted no ha pagado las retenciones laborales a los bancos y al FSV, lo único que pedimos es que respete nuestros derechos”, expresan mediante un escrito los miembros sindicales.
Además del impago de las retenciones laborales que lleva un año, los sindicalistas denuncian el despido injustificado de unos 500 empleados. Sumado a ello, aseguran que el edil esta por privatizar el área de desechos sólidos, en “confabulación con los colombianos”, algo que provocaría que los capitalinos paguen el triple de lo que pagan actualmente en impuestos.
“Tenemos pruebas que el 1 de marzo le incrementará los impuestos a los capitalinos, eso no es justo Sr. Alcalde Neto Muyshondt todo por privatizar los servicios municipales, y para financiar el robo más grande de la historia de la Alcaldía de San Salvador”, añade ASTRAM.
Como es costumbre, el alcalde arenero se escudó diciendo que las acciones que realizan los sindicalistas son parte de una “persecución política a los adversarios del Gobierno”.
Mientras que el candidato a alcalde por Nuevas Ideas, Mario Durán, se comprometió a solucionar la situación al llegar a la comuna. “A cada uno de los empleados les digo que esto ya no sucederá. En el tiempo del Presidente Nayib Bukele nosotros entregábamos incluso hasta cinco días antes de lo normal los salarios y nunca fallamos (…) yo les digo eso no va a pasar en mi administración”, sostuvo.
Los afectados pidieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que cumpla con su rol y que se presente al centro operativo de recolección para que interceda por todos los trabajadores.
Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División de Medio Ambiente, liberaron un halcón peregrino en las cercanías del Lago de Coatepeque, luego de haber sido rescatado por un habitante de la zona, quien lo entregó a las autoridades para su atención.
El ave silvestre fue evaluada y atendida por personal de la División de Medio Ambiente de Texistepeque, en el departamento de Santa Ana. Tras su recuperación, fue liberada durante la tarde del sábado para que continúe su vida en libertad dentro de su hábitat natural.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la protección de la fauna e hicieron un llamado a la población a respetar a estos animales, así como a preservar los espacios naturales y su entorno.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el sábado 18 de abril cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional, sumando así 14 días consecutivos sin muertes a causa de la violencia.
A través de su cuenta oficial en X, la institución detalló: «Finalizamos el sábado 18 de abril, con 0 homicidios en el país». Con este registro, ya son 91 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Según el desglose proporcionado, en enero se contabilizan 27 días sin homicidios, en febrero 24, en marzo 23 y en lo que va de abril 17 días.
De acuerdo con la información oficial, El Salvador se ha posicionado como el país más seguro de la región, lo que ha generado interés de otras naciones en el modelo de seguridad implementado.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
