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Sala de lo Constitucional debilita el Código de Salud, pese a ser única norma jurídica contra el COVID-19
Las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la solicitud de pruebas negativas de COVID-19 antes de ingresar al país, están desgastando el Código de Salud, que es la única herramienta jurídica con la que cuenta el Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, para vencer la pandemia, que aún sigue en el país y con una importante probabilidad de contagio.
Según el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, la Sala ha mermado el Código de Salud sin un procedimiento legal, ya que ha suspendido y limitado “de facto” el artículo 164 de esta normativa, que le permite al Gobierno definir cercos sanitarios y establecer otras medidas, como la solicitud de prueba COVID-19 negativa en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”.
“Hablando de suspensión y limitación, hoy (ayer) sí se derogó parte del Código de Salud sin el procedimiento (…) pero, en fin, seguiremos combatiendo la pandemia, vale la pena”, afirmó el abogado.
Este artículo dice que todo viajero, para ingresar al país, deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente (el Ministerio de Salud, en este caso), certificados internacionales de vacunas válidas o otras pruebas, que se estimen necesarias, para el control sanitario de la ciudadanía.
También incluye la posibilidad de someterse a exámenes médicos, cuando lo estime la autoridad, asevera en la misma parte del Código de Salud.
Más adelante, en el artículo 166, se ratifica esto como requisito de ingreso al país y se le dará importancia y prioridad por parte de las autoridades competentes que, en este caso, por ser materia sanitaria, le compete al Ministerio de Salud.
Por ello se deben de aplicar los respectivos protocolos para evitar una epidemia o pandemia (que es en el caso del COVID-19).
Es de destacar que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en ingles), ha emitido lineamientos a todas las aerolíneas del mundo para que pidan la prueba COVID-19 negativa, antes de abordar los vuelos.
En el Código de Salud, en su artículo 130, dice que el Ministerio de Salud es el que controla, como autoridad competente, “las enfermedades transmisibles”, por lo que las instituciones públicas como la Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y la Fuerza Armada, entre otras, deben de prestarle “toda la colaboración”.
Así, el Gobierno del Presidente Bukele seguirá luchando contra el COVID-19, pese a la oposición de sectores políticos, la Asamblea Legislativa y la misma Sala de lo Constitucional.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
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Capacitación práctica abre oportunidades en áreas creativas y de emprendimiento en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador anunció la realización de cursos cortos de formación durante febrero a través del Centro de Formación Laboral de San Salvador Centro, como parte de su oferta de capacitación para la población. La comuna destacó que estas actividades buscan promover el aprendizaje de nuevas habilidades prácticas.
Entre los talleres disponibles destacan el Taller de decoración Amor y Amistad con globos, el Taller de elaboración de cremas para el cuidado de la piel y el Taller de galletas del amor y la amistad. De acuerdo con la información publicada, las actividades se desarrollarán el lunes 9 de febrero en la sede de la colonia Layco.
Los talleres se impartirán en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., con un costo de 15 dólares e incluyen todos los materiales necesarios. La inscripción permanecerá abierta hasta el mismo día del evento, según detalla la convocatoria.
La municipalidad informó que las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través del teléfono 2205-4000, extensiones 2705 y 2713, o mediante WhatsApp al 7967-3810.
