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Sala de lo Constitucional debilita el Código de Salud, pese a ser única norma jurídica contra el COVID-19
Las últimas decisiones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en relación a la solicitud de pruebas negativas de COVID-19 antes de ingresar al país, están desgastando el Código de Salud, que es la única herramienta jurídica con la que cuenta el Gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele, para vencer la pandemia, que aún sigue en el país y con una importante probabilidad de contagio.
Según el asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, la Sala ha mermado el Código de Salud sin un procedimiento legal, ya que ha suspendido y limitado “de facto” el artículo 164 de esta normativa, que le permite al Gobierno definir cercos sanitarios y establecer otras medidas, como la solicitud de prueba COVID-19 negativa en el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez”.
“Hablando de suspensión y limitación, hoy (ayer) sí se derogó parte del Código de Salud sin el procedimiento (…) pero, en fin, seguiremos combatiendo la pandemia, vale la pena”, afirmó el abogado.
Este artículo dice que todo viajero, para ingresar al país, deberá presentar a la autoridad de salud correspondiente (el Ministerio de Salud, en este caso), certificados internacionales de vacunas válidas o otras pruebas, que se estimen necesarias, para el control sanitario de la ciudadanía.
También incluye la posibilidad de someterse a exámenes médicos, cuando lo estime la autoridad, asevera en la misma parte del Código de Salud.
Más adelante, en el artículo 166, se ratifica esto como requisito de ingreso al país y se le dará importancia y prioridad por parte de las autoridades competentes que, en este caso, por ser materia sanitaria, le compete al Ministerio de Salud.
Por ello se deben de aplicar los respectivos protocolos para evitar una epidemia o pandemia (que es en el caso del COVID-19).
Es de destacar que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en ingles), ha emitido lineamientos a todas las aerolíneas del mundo para que pidan la prueba COVID-19 negativa, antes de abordar los vuelos.
En el Código de Salud, en su artículo 130, dice que el Ministerio de Salud es el que controla, como autoridad competente, “las enfermedades transmisibles”, por lo que las instituciones públicas como la Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración y la Fuerza Armada, entre otras, deben de prestarle “toda la colaboración”.
Así, el Gobierno del Presidente Bukele seguirá luchando contra el COVID-19, pese a la oposición de sectores políticos, la Asamblea Legislativa y la misma Sala de lo Constitucional.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
