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Reordenamiento municipal ayudará a reducir mora de fiscalización de cinco años
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, que redujo la cantidad de municipios de 262 a 44, conlleva entre sus beneficios prácticos la posibilidad de agilizar los procesos de fiscalización que hace la Corte de Cuentas de la República (CCR) a los fondos públicos que reciben las alcaldías, logrando reducir de esta manera la mora de auditorías que el ente contralor arrastra desde 2018.
El cuerpo de ley fue propuesto por el presidente de la república, Nayib Bukele, el 1.º de junio pasado en la Asamblea Legislativa, durante su discurso de cuarto año de mandato, y luego aprobado con votos de las fracciones legislativas de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC en la sesión plenaria del 13 de junio anterior, sin el respaldo de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
Según el presidente de la CCR, Roberto Anzora, la mora se generó porque el esquema municipal de 262 alcaldías favoreció el desorden contable en las alcaldías, pero la nueva normativa —la que calificó de moderna— le permitirá al ente contralor ser más oportuno en darle mejor seguimiento a dicha tarea.
«Hoy por hoy tenemos más de 100 alcaldías que las llevamos con un atraso de 2018. Tenemos cinco años, que le denominamos caducidad, para auditar a cualquier entidad pública.
Hay que ser sumamente claro y honesto en esto: esa misma carga, esa misma burocracia, todo lo que implicaban los atrasos en las contabilidades de las entidades, que no estaban documentados los gastos, no permitían que la Corte también avanzara y fuera oportuna en sus acciones de control. Hay una gran oportunidad para que desaparezca ese atraso», dijo el presidente de la CCR.
El artículo 13 de la nueva normativa establece que la reestructuración municipal será efectiva para las próximas elecciones de concejos municipales del 3 de marzo del próximo año; no obstante, el ente contralor estatal ya está evaluando las acciones que tomará para operativizar el marco legal y reducir la cantidad de auditorías no concluidas a las municipalidades.
«Ya nos reunimos con el cuerpo gerencial del área de auditoría para establecer un plan especial de auditoría para actualizar todos estos temas y acercarlos lo más posible a 2023. Queremos en este lapso avanzar muchísimo en esos temas, y ya estamos preparando los recursos y la estructura necesaria para la implementación de la nueva metodología de fiscalización», explicó Anzora.
Como parte de esas acciones, según el funcionario, el ente contralor valora conformar una sola dirección o unidad administrativa enfocada en auditar a las 44 municipalidades, para ya no tener una estructura tan dispersa en las tres sedes regionales de la CCR (San Miguel, Santa Ana y San Vicente), como existió con el esquema de las 262 alcaldías.
Asimismo, la normativa abrió las puertas a la CCR para que implemente la fiscalización digital, que contribuirá no solo a fortalecer este proceso, sino también a reducir la mora acumulada desde 2018. «La ley da la oportunidad de hacer uso de tecnología, ya la Corte de Cuentas venía trabajando en un tema de un buzón digital y tratar de hacer las auditorías a las municipalidades por medio de este mecanismo. Creo que la ley va a permitir consolidar este proyecto», consideró Anzora.
El viejo esquema de organización municipal favoreció el cometimiento de actos de corrupción con fondos públicos en las alcaldías, según reflejan informes de exámenes especiales de las direcciones de auditoría y las sentencias definitivas ejecutoriadas por las cámaras de la CCR.
Un caso de irregularidades con fondos públicos —tal como señala un examen especial del ente contralor— refiere que Jaime Recinos, en su calidad de alcalde del FMLN en Cuscatancingo en el período 2006-2018, se recetó $4,000 de fondos de la municipalidad en viáticos para un viaje oficial a Malasia, a pesar de que el Coams/Opamss le habían entregado $3,341.67 para el pago de los boletos aéreos y $1,980 de viáticos.
El reparo de la CCR es porque el jefe municipal cobró «doble viático», acción ilegal con base en el Reglamento para el Control de Misiones Oficiales Realizadas por Funcionarios y Empleados del Sector Público y Municipal.
Otro caso es el del exalcalde de ARENA de Cojutepeque Jorge Alberto Rivas, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, porque presuntamente malversó $441,375.67 de fondos de la municipalidad para 11 proyectos, los cuales nunca se ejecutaron.
Ahora, con la nueva ley, el ente fiscalizador jugará un rol más contingencial para prevenir actos de corrupción con fondos públicos en las municipalidades, porque, según el presidente de la CCR, se podrán fortalecer los procesos de capacitación y asesoría técnica-legal que los auditores desarrollan con los alcaldes, regidores, concejales y demás personal municipal involucrado con el manejo de dinero de los contribuyentes.
América Latina y el Caribe encadenaron en 2025 desastres climáticos y olas de calor sofocaron a sus poblaciones, pero la región es incapaz de contabilizar las muertes causadas por esas temperaturas extremas, alertó un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
El documento «El estado del clima en América Latina y el Caribe 2025», presentado este lunes en Brasilia, registra un año de récords en casi todos los frentes.
Lluvias torrenciales, con inundaciones y deslizamientos de tierra, golpearon varios países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela.
El huracán Melissa devastó Jamaica, con pérdidas de más del 40 % de su PIB.
El 85 % del territorio mexicano fue golpeado por una sequía, mientras los glaciares andinos, de cuya agua dependen unas 90 millones de personas, aceleraron su deshielo.
El informe destaca las recurrentes e intensas olas de calor que asolaron gran parte de América del Norte, Central y del Sur, con temperaturas por encima de los 45 ºC en varios puntos.
El documento apunta que el calor extremo implica «una carga creciente para la salud pública».
Pero la mayoría de los países no publica de forma sistemática datos sobre los fallecimientos por calor, y los impactos suelen deducirse a partir del análisis del exceso de mortalidad.
El organismo calcula que en América Latina mueren alrededor de 13,000 personas al año por causas atribuibles al calor, según un promedio de 17 países entre 2012 y 2021. Pero advierte que esa cifra es, casi con certeza, una subestimación.
«A medida que se intensifiquen los episodios de calor extremo, la mortalidad evitable solo se podrá reducir si se redobla la cooperación entre las esferas del clima y la salud», alerta la OMM.
Existe «una necesidad imperiosa de integrar las alertas meteorológicas tempranas con los sistemas de activación de la salud pública», señala la OMM en un comunicado.
Brasil ilustra tanto la magnitud del problema como sus límites. El Instituto Nacional de Meteorología del país registró siete olas de calor a lo largo de 2025.
En febrero, Rio de Janeiro alcanzó 44 ºC y Sao Paulo batió en diciembre su récord histórico con 37.2 ºC en 64 años de mediciones.
Las escuelas retrasaron su regreso a clases, hubo gente que buscó alivio en playas y en los «refugios climáticos» habilitados por las autoridades municipales.
Pero las muertes directamente atribuidas al calor en ese período siguen siendo, en gran parte, invisibles en las estadísticas oficiales.
La secretaria general de la OMM, la argentina Celeste Saulo, dijo que el informe «es un llamado a la acción».
«Nos insta a fortalecer las observaciones, invertir en servicios, subsanar las deficiencias en los sistemas de alerta temprana y garantizar que la información climática llegue a quienes más la necesitan», afirmó la funcionaria en un comunicado.
El Plan de Acción en Salud de Belém, aprobado en la COP30 de la ONU en noviembre, establece una hoja de ruta para adaptar los sistemas de salud a la crisis climática, recuerda la OMM, que llama en su informe a aplicarla.
El puente sobre el río Guastena en Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, beneficia a 6,000 personas así como a 1,000 automovilistas que se movilizan por la zona.
Inaugurado el lunes por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, la infraestructura se convierte en la solución permanente tras el colapso del puente anterior en el 2015 y paliativos pasos provisionales.
«Aquí colapsó un puente en 2015, luego pusieron uno provisional que también colapsó. Nosotros también colocamos un puente provisional mientras diseñábamos y obteníamos los recursos para hacer una obra permanente», explicó Rodríguez. «Así fue como contratamos para hacer este puente de 200 metros de longitud, incluyendo los accesos. Ahora se garantiza una obra de calidad sobre el río Guastena, Chalatenango», añadió.
El puente se ha iluminado y la capacidad hidráulica ampliado para evitar un futuro colapso. «Prácticamente se cuadruplicó», destacó el funcionario.
La nueva obra incluye ciclovía, iluminación LED y solar, aceras, drenajes y señalización completa.
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Honduras niega ingreso de paquetes escolares dirigidos a salvadoreños en exbolsón de Nahuaterique
Tristeza, frustración e indignación provocó a maestros y a padres de familia la prohibición del gobierno hondureño al ingreso de más de 1,900 paquetes escolares que serían entregados a salvadoreños residentes en Nahuterique, en la zona de los exbolsones al norte de Morazán. El ingreso fue negado en el paso fronterizo Pasamono.
La noticia de la negativa fue dada a conocer por la ministra de Educación, Karla Trigueros, quién encabezaba la caravana con la ayuda a las familias salvadoreñas-hondureñas.
«Los trajimos hasta acá, venimos al punto fronterizo, estamos en este lugar. Sin embargo, me acaban de informar que no vamos a poder ingresar con los paquetes escolares al territorio hondureño. Así que nos vamos a retirar en este momento en respeto a las indicaciones que se nos han brindado», lamentó la ministra.
Trigueros explicó que la entrega del material educativo se haría en cumplimiento al mandato del presidente Nayib Bukele de entregar paquetes escolares a todos los niños salvadoreños del sistema educativo. «Y nuestros niños salvadoreños, que tienen doble nacionalidad, también iban a ser acreedores de estos paquetes escolares».
Los alumnos de la maestra Cindy Lorenzo Pineda, de la Escuela de la Libertad, ubicada en el caserío los Patios 2, serían unos de los beneficiados con los paquetes escolares, que de acuerdo con ella iba a fortalecer el proceso de educación.
«De igual forma, los uniformes son de muchísima utilidad para nuestros estudiantes, así como los cuadernos, todo lo que son útiles. Pero, ahorita se nos está comunicando que no, no van no van a dejar que ellos pasen por cuestiones aquí de la Aduana. Entonces, la verdad es que es preocupante que en nuestro país (Honduras) existan este tipo de de inconvenientes, que debería de ser más bien factible recibir ayuda para nuestros centros educativos y no negarles la entrada», reaccionó la docente.
La educadora mostró impotencia ante la situación «porque estábamos contentos de que el día de hoy íbamos a recibir».
La maestra junto con padres de familia y alumnos se reunieron desde las 6:00 de la mañana en el lugar para recibir a la ministra Trigueros y la ayuda enviada por la administración Bukele.
«Ahora se nos dice que no porque por las cuestiones que se están dando. Entonces, la verdad es que sí nos causa un poquito de indignación, que las cosas se den así, acá en esta aduana. Estamos a la espera de que se nos solucione para poder recibir los paquetes escolares», agregó Lorenzo.
Entre los afectados está Saraí Rodríguez, madre de familia de tres niños, quién manifestó sentirse mal porque la noticia había generado mucha felicidad en los hogares y representaría un alivio económico.
«Nos sentíamos felices porque nos habían tomado en cuenta de darnos un paquete para los niños y se nos hace algo injusto, indigno, que las autoridades hondureñas no quieran dejar pasar los paquetes para los niños que con tantas ansias ellos nos están esperando», indicó la señora.
Rodríguez invitó a las autoridades hondureñas a respetar el tratado que establece que ambas naciones puedan brindar ayuda a los habitantes, ya que todos poseen la doble nacionalidad.
«Nos sentimos mal porque ellos (Honduras) siempre son así, siempre que el gobierno de El Salvador quiere ayudarnos ellos siempre ponen algo para no dejar pasar las ayudas y ellos ninguna forma nos están ayudando», dijo.
La madre de familia mencionó que las autoridades hondureñas nunca han ayudado a la población de los exbolsones «desde que yo fui a la escuela y tengo a mis niños en la escuela, ellos nunca les han dado un cuaderno o un lápiz a los niños. Ellos son muy injustos, muy malos».
La señora pidió a las autoridades hondureñas que dejen el egoísmo y permitan el ingreso de las ayudas.
«Les hago un llamado, no sean así, porque nosotros tenemos una convención y que la respeten, que respeten los derechos que tenemos en esa convención y que ya déjennos recibirlas porque el presidente -Bukele- manda la ayuda para los niños y, de verdad que erade mucha bendición para ellos», indicó.
