Nacionales
Reordenamiento municipal ayudará a reducir mora de fiscalización de cinco años
La Ley Especial para la Reestructuración Municipal aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa, que redujo la cantidad de municipios de 262 a 44, conlleva entre sus beneficios prácticos la posibilidad de agilizar los procesos de fiscalización que hace la Corte de Cuentas de la República (CCR) a los fondos públicos que reciben las alcaldías, logrando reducir de esta manera la mora de auditorías que el ente contralor arrastra desde 2018.
El cuerpo de ley fue propuesto por el presidente de la república, Nayib Bukele, el 1.º de junio pasado en la Asamblea Legislativa, durante su discurso de cuarto año de mandato, y luego aprobado con votos de las fracciones legislativas de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC en la sesión plenaria del 13 de junio anterior, sin el respaldo de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo.
Según el presidente de la CCR, Roberto Anzora, la mora se generó porque el esquema municipal de 262 alcaldías favoreció el desorden contable en las alcaldías, pero la nueva normativa —la que calificó de moderna— le permitirá al ente contralor ser más oportuno en darle mejor seguimiento a dicha tarea.
«Hoy por hoy tenemos más de 100 alcaldías que las llevamos con un atraso de 2018. Tenemos cinco años, que le denominamos caducidad, para auditar a cualquier entidad pública.
Hay que ser sumamente claro y honesto en esto: esa misma carga, esa misma burocracia, todo lo que implicaban los atrasos en las contabilidades de las entidades, que no estaban documentados los gastos, no permitían que la Corte también avanzara y fuera oportuna en sus acciones de control. Hay una gran oportunidad para que desaparezca ese atraso», dijo el presidente de la CCR.
El artículo 13 de la nueva normativa establece que la reestructuración municipal será efectiva para las próximas elecciones de concejos municipales del 3 de marzo del próximo año; no obstante, el ente contralor estatal ya está evaluando las acciones que tomará para operativizar el marco legal y reducir la cantidad de auditorías no concluidas a las municipalidades.
«Ya nos reunimos con el cuerpo gerencial del área de auditoría para establecer un plan especial de auditoría para actualizar todos estos temas y acercarlos lo más posible a 2023. Queremos en este lapso avanzar muchísimo en esos temas, y ya estamos preparando los recursos y la estructura necesaria para la implementación de la nueva metodología de fiscalización», explicó Anzora.
Como parte de esas acciones, según el funcionario, el ente contralor valora conformar una sola dirección o unidad administrativa enfocada en auditar a las 44 municipalidades, para ya no tener una estructura tan dispersa en las tres sedes regionales de la CCR (San Miguel, Santa Ana y San Vicente), como existió con el esquema de las 262 alcaldías.
Asimismo, la normativa abrió las puertas a la CCR para que implemente la fiscalización digital, que contribuirá no solo a fortalecer este proceso, sino también a reducir la mora acumulada desde 2018. «La ley da la oportunidad de hacer uso de tecnología, ya la Corte de Cuentas venía trabajando en un tema de un buzón digital y tratar de hacer las auditorías a las municipalidades por medio de este mecanismo. Creo que la ley va a permitir consolidar este proyecto», consideró Anzora.
El viejo esquema de organización municipal favoreció el cometimiento de actos de corrupción con fondos públicos en las alcaldías, según reflejan informes de exámenes especiales de las direcciones de auditoría y las sentencias definitivas ejecutoriadas por las cámaras de la CCR.
Un caso de irregularidades con fondos públicos —tal como señala un examen especial del ente contralor— refiere que Jaime Recinos, en su calidad de alcalde del FMLN en Cuscatancingo en el período 2006-2018, se recetó $4,000 de fondos de la municipalidad en viáticos para un viaje oficial a Malasia, a pesar de que el Coams/Opamss le habían entregado $3,341.67 para el pago de los boletos aéreos y $1,980 de viáticos.
El reparo de la CCR es porque el jefe municipal cobró «doble viático», acción ilegal con base en el Reglamento para el Control de Misiones Oficiales Realizadas por Funcionarios y Empleados del Sector Público y Municipal.
Otro caso es el del exalcalde de ARENA de Cojutepeque Jorge Alberto Rivas, quien actualmente enfrenta un proceso penal por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, porque presuntamente malversó $441,375.67 de fondos de la municipalidad para 11 proyectos, los cuales nunca se ejecutaron.
Ahora, con la nueva ley, el ente fiscalizador jugará un rol más contingencial para prevenir actos de corrupción con fondos públicos en las municipalidades, porque, según el presidente de la CCR, se podrán fortalecer los procesos de capacitación y asesoría técnica-legal que los auditores desarrollan con los alcaldes, regidores, concejales y demás personal municipal involucrado con el manejo de dinero de los contribuyentes.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
