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RELATO: Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada en venganza por la muerte de otro delincuente
La joven se relacionaba con pandilleros desde que tenía 15 años de edad.
Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada por excompinches en venganza por muerte de otro delincuente
El sueño de formar un hogar y dejar atrás su conflictiva adolescencia le fue arrebatado a una expandillera a quien sus excompinches esperaron por dos años para cobrarle la muerte de un miembro de la estructura criminal a manos de delincuentes rivales.
En 2015, Daniela Argueta Acevedo tenía 15 años de edad, cursaba octavo grado en el centro escolar de Ciudad Credisa y había iniciado una relación sentimental con un pandillero, algo que la llevó a ser muy amiga de Maryori, una compañera de clases que también era pareja de un delincuente.
Ser novias de delincuentes parecía ser convenientes para ambas menores ya que cada vez que tenía problemas con algunas de sus compañeras recurrían a sus novios, quienes eran temidos por el grupo criminal que acecha la colonia Amatepec, en Soyapango.
La complicidad de las dos jóvenes llegó duró un año y se terminó cuando mataron a la pareja de Maryori, quien comenzó a sospechar que Daniela había colaborado para que este fuera atacado por rivales de la zona.
Conforme pasaron los días, la doliente comenzó a atar cabos para confirmar su versión que Argueta era “oreja” de la pandilla contraía a la que ambas pertenecía. Algo que expuso a sus compinches.
Maryorí también le advirtió a Daniela que cobraría venganza por lo que supuestamente había hecho y que la mandaría a matar con unos pandilleros de la misma manera como mataron a su pareja.
El peso que su compañera de estudio tenía en la estructura era mayor al que ella o su novio tenían, por lo que Argueta recurrió a su familia para escapar de ese sector de Soyapango y refugiarse en una zona de la frontera La Hachadura en Ahuachapán.
Regresó solo a que la mataran
Dos años pasaron y Argueta supuso que todo había cambiado por lo que decidió regresar para ver nuevamente a su familia. Tenía 18 años y un nuevo novio con quien planeaba irse a vivir y formar una familia.
Durante su trayecto hacia Soyapango notó que un hombre la siguió hasta llegar a la colonia Santa Marta, cuando llegó a la colonia donde vivía su familia sintió un alivio, sin imaginar que había personas que la estaban esperando para matarla.
La promesa de Maryori se cumplió el 22 de julio de 2018 cuando Daniela y su actual novio se encontraban preparando para la mudanza, siempre en el mismo sector. Todos los muebles se pasaban de mano en mano hasta llegar a la casa donde ahora residirían.
Un vehículo rojo llegó a la zona y de este salió Dennys Alexander H., de 18 años, quien con un arma en la mano le disparó directamente en el ojo derecho a la mujer que murió inmediatamente.
El atacante se dio a la fuga y posterior a la denuncia fue arrestado acusado del delito de homicidio agravado.
El imputado se encuentra a la espera que el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador programe la fecha del juicio para que se defina su futuro legal.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
