Judicial
RELATO: Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada en venganza por la muerte de otro delincuente
La joven se relacionaba con pandilleros desde que tenía 15 años de edad.
Mujer que trataba de dejar atrás su vida como pandillera fue ejecutada por excompinches en venganza por muerte de otro delincuente
El sueño de formar un hogar y dejar atrás su conflictiva adolescencia le fue arrebatado a una expandillera a quien sus excompinches esperaron por dos años para cobrarle la muerte de un miembro de la estructura criminal a manos de delincuentes rivales.
En 2015, Daniela Argueta Acevedo tenía 15 años de edad, cursaba octavo grado en el centro escolar de Ciudad Credisa y había iniciado una relación sentimental con un pandillero, algo que la llevó a ser muy amiga de Maryori, una compañera de clases que también era pareja de un delincuente.
Ser novias de delincuentes parecía ser convenientes para ambas menores ya que cada vez que tenía problemas con algunas de sus compañeras recurrían a sus novios, quienes eran temidos por el grupo criminal que acecha la colonia Amatepec, en Soyapango.
La complicidad de las dos jóvenes llegó duró un año y se terminó cuando mataron a la pareja de Maryori, quien comenzó a sospechar que Daniela había colaborado para que este fuera atacado por rivales de la zona.
Conforme pasaron los días, la doliente comenzó a atar cabos para confirmar su versión que Argueta era “oreja” de la pandilla contraía a la que ambas pertenecía. Algo que expuso a sus compinches.
Maryorí también le advirtió a Daniela que cobraría venganza por lo que supuestamente había hecho y que la mandaría a matar con unos pandilleros de la misma manera como mataron a su pareja.
El peso que su compañera de estudio tenía en la estructura era mayor al que ella o su novio tenían, por lo que Argueta recurrió a su familia para escapar de ese sector de Soyapango y refugiarse en una zona de la frontera La Hachadura en Ahuachapán.
Regresó solo a que la mataran
Dos años pasaron y Argueta supuso que todo había cambiado por lo que decidió regresar para ver nuevamente a su familia. Tenía 18 años y un nuevo novio con quien planeaba irse a vivir y formar una familia.
Durante su trayecto hacia Soyapango notó que un hombre la siguió hasta llegar a la colonia Santa Marta, cuando llegó a la colonia donde vivía su familia sintió un alivio, sin imaginar que había personas que la estaban esperando para matarla.
La promesa de Maryori se cumplió el 22 de julio de 2018 cuando Daniela y su actual novio se encontraban preparando para la mudanza, siempre en el mismo sector. Todos los muebles se pasaban de mano en mano hasta llegar a la casa donde ahora residirían.
Un vehículo rojo llegó a la zona y de este salió Dennys Alexander H., de 18 años, quien con un arma en la mano le disparó directamente en el ojo derecho a la mujer que murió inmediatamente.
El atacante se dio a la fuga y posterior a la denuncia fue arrestado acusado del delito de homicidio agravado.
El imputado se encuentra a la espera que el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador programe la fecha del juicio para que se defina su futuro legal.
Nota tomada de El Salvador Times
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
La Fiscalía General de la República presentó este viernes la solicitud de imposición de medidas en contra de 5 personas capturadas durante el cerco de seguridad de San Marcos, tras acusarlos de ser miembros de la MS.
Los sospechosos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y han sido identificados como German Ismael Salazar Rodríguez, Marvin Daniel Mejía Fuentes, Jorge Luis Ramírez Merino, William Ernesto Ortiz Ramos y Óscar Aparicio Martínez Ventura.
«Todos pertenecen a las clicas San Marcos locos salvatruchos, San tomas locos salvatruchos y Octubres liros locos salvatruchos», aseguró la FGR.
La solicitud se presentó ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
La madrugada del lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele ordenó el despliegue de 2,000 soldados y 500 policías en la colonia 10 de Octubre, luego que la ciudadanía asegurara haber detectado a un grupo de presuntos pandilleros en el lugar.
«Inteligencia policial ha determinado que en la colonia 10 de Octubre, en San Marcos, San Salvador Sur, se encuentra un grupo de pandilleros escondidos», escribió Bukele en su cuenta de X. Según el mandatario, con este despliegue buscan «extraer hasta el último pandillero que se encuentre en el área».
Bukele acompañó su publicación con un video de la formación de los militares y policías en el cuartel El Zapote, en San Salvador, y posteriormente el despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo por su parte: «vamos a seguir capturando a estos remanentes terroristas, con contundencia vamos a demostrarles que en este país el control del territorio le pertenece al Estado y a los salvadoreños de bien».
En cuanto al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, señaló: «Estamos estableciendo un cerco militar junto con la Policía Nacional Civil, la metodología es sabida, cercamos el lugar, y luego junto con la policía se extrae del sitio cercado aquellos delincuentes, de los cuales ya tenemos los archivos, los perfiles de ellos, que son los que se pueden encontrar en estos sectores», dijo.
