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Presidente Bukele reitera que El Salvador está en camino a ser el país más seguro de América, gracias a las estrategias contra el crimen organizado
Foto: Cortesía
El Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que el país está encaminado a ser el más seguro del continente, luego de décadas de violencia e inseguridad, gracias al compromiso de su Gobierno de enfocar esfuerzos en el combate contra grupos criminales, lo que permite sentar las bases para el desarrollo social de El Salvador.
“El Salvador era uno de los lugares más peligrosos para vivir, la capital mundial del asesinato; ahora estamos en el camino a ser el país más seguro de todo el continente americano”, manifestó el Presidente de la República, Nayib Bukele, durante la entrevista en el programa “Tucker Carlson Tonight”, del canal de noticias Fox News.
Asimismo, explicó que los pandilleros que han sido capturados siguen siendo jefes de los pandilleros que permanecen en las calles, ante esto, se tuvo que tomar medidas como racionarles la comida, para quienes están afuera dejen de cometer homicidios en contra de la población.
Durante el encuentro, el Presidente Bukele enfatizó que durante los gobiernos anteriores los criminales tenían el control de las calles y los territorios, generando zozobra y miedo a los salvadoreños; sin embargo, esto cambió con la ejecución de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
“Teníamos un problema grave en cuanto a homicidios, que se resolvía con sentido común. Lo que hicimos fue tomar un camino diferente al que se había tomado hasta ese momento. La mayoría de las cárceles de América Latina son cuarteles criminales desde donde se ordenan los asesinatos. En El Salvador cortamos por completo la comunicación que en el pasado tenían los pandilleros. No tienen forma de comunicarse”, enfatizó.
De igual manera, el mandatario salvadoreño destacó que el combate al crimen organizado es uno de los principales objetivos de su Gobierno, que va de la mano con otros temas de gran relevancia como la educación, la salud, la generación de empleo, la inversión pública y la infraestructura; todo con el objetivo del desarrollo social y económico de las familias salvadoreñas.
Durante el Gobierno del Presidente Bukele, el país contabiliza 200 días con cero homicidios y la reducción significativa de los delitos de alto impacto, gracias al amplio despliegue territorial de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador y la estrategia del Plan Control Territorial.
El sicario de la Mara Salvatrucha, Irving Humberto Linares, alias «Mico» o «Demente», fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para expulsarlo hacia El Salvador.
Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), lo arrestaron en la aldea San Jerónimo, El Tumbador, San Marcos, ar suroeste de Guatemala.
«Se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que será expulsado a su país de origen para que sea procesado por agrupaciones ilícitas», publicó la PNC de Guatemala.
En esa nación no tiene antecedentes de algún delito que haya cometido, pero al estar indocumentado y verificar que es un miembro activo de la MS, lo dejaron en detención para entregarlo por un punto fronterizo, a la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Tampoco se ha informado que sea reclamado por algún tribunal salvadoreño, pero por ser pandillero una vez sea expulsado hacia El Salvador, será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
El marero será incorporado a un expediente único presentado en los tribunales de crimen organizado para que en los próximos dos años enfrente la audiencia en la que un juez dictará una resolución.
El año pasado la Policía del vecino país detuvo a 93 pandilleros, a 47 los entregaron a El Salvador, por tener órdenes de captura por agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidio, tráfico ilícito, limitación ilegal a la libertad de circulación, y otros delitos de crimen organizado.
Otros 46 quedaron detenidos y procesados en esa nación por delitos relativos a las drogas, extorsión, tráfico de drogas y homicidio.
En lo que va de 2026, en Guatemala, han sido detenidos más de 15 pandilleros quienes fueron expulsados hacia El Salvador, a varios los capturaron en México.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.
“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.
Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.
Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.
La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.
Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.
En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.
El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador aplicó condenas de 20 años y de 16 años de cárcel en contra de tres pandilleros de la MS 13 que extorsionaron a un empresario, en San Salvador. También los sentenció a pagar $800 a la víctima de forma solidaria.
Renán Antonio Mercadillo Villalta fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada continuada; mientras que a Christopher Steven Mejía Pérez y William Antonio Martínez Cartagena les fue impuesta una pena de 16 años de cárcel por el delito de extorsión agravada.
Según el expediente judicial, la extorsión inicio desde 2014 cuando pandilleros que se identificaron como integrantes de la MS 13 llegaron al negocio de la víctima y exigieron un monto inicial de $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
De acuerdo a la investigación fiscal, en diciembre de 2019, los imputados intentaron incrementar la cuota a $500, advirtiendo al empresario que, de no pagar, atentarían contra su vida y la de sus empleados. Luego de una negociación, el monto de la extorsión fue fijado en $400.
Después de cinco años de pagar para seguir operando con su negocio, finalmente el 17 de diciembre de 2019 la víctima denunció a los pandilleros ante la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil.
De esta manera, las autoridades policiales coordinaron dos entregas controladas de dinero, de las cuales la primera se realizó el 21 de enero de 2020 y la segunda el 18 de marzo de ese mismo año, con el fin de identificar y procesar a los delincuentes.
Según el expediente judicial, Mercadillo Villalta recolectó el dinero en ambas entregas, mientras que Mejía Pérez y Martínez Cartagena brindaron seguridad perimetral únicamente en la primera entrega.
