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Presidente Bukele reitera que El Salvador está en camino a ser el país más seguro de América, gracias a las estrategias contra el crimen organizado
Foto: Cortesía
El Presidente de la República, Nayib Bukele, reiteró que el país está encaminado a ser el más seguro del continente, luego de décadas de violencia e inseguridad, gracias al compromiso de su Gobierno de enfocar esfuerzos en el combate contra grupos criminales, lo que permite sentar las bases para el desarrollo social de El Salvador.
“El Salvador era uno de los lugares más peligrosos para vivir, la capital mundial del asesinato; ahora estamos en el camino a ser el país más seguro de todo el continente americano”, manifestó el Presidente de la República, Nayib Bukele, durante la entrevista en el programa “Tucker Carlson Tonight”, del canal de noticias Fox News.
Asimismo, explicó que los pandilleros que han sido capturados siguen siendo jefes de los pandilleros que permanecen en las calles, ante esto, se tuvo que tomar medidas como racionarles la comida, para quienes están afuera dejen de cometer homicidios en contra de la población.
Durante el encuentro, el Presidente Bukele enfatizó que durante los gobiernos anteriores los criminales tenían el control de las calles y los territorios, generando zozobra y miedo a los salvadoreños; sin embargo, esto cambió con la ejecución de estrategias como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
“Teníamos un problema grave en cuanto a homicidios, que se resolvía con sentido común. Lo que hicimos fue tomar un camino diferente al que se había tomado hasta ese momento. La mayoría de las cárceles de América Latina son cuarteles criminales desde donde se ordenan los asesinatos. En El Salvador cortamos por completo la comunicación que en el pasado tenían los pandilleros. No tienen forma de comunicarse”, enfatizó.
De igual manera, el mandatario salvadoreño destacó que el combate al crimen organizado es uno de los principales objetivos de su Gobierno, que va de la mano con otros temas de gran relevancia como la educación, la salud, la generación de empleo, la inversión pública y la infraestructura; todo con el objetivo del desarrollo social y económico de las familias salvadoreñas.
Durante el Gobierno del Presidente Bukele, el país contabiliza 200 días con cero homicidios y la reducción significativa de los delitos de alto impacto, gracias al amplio despliegue territorial de la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador y la estrategia del Plan Control Territorial.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
