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¿Por qué la FGR se resiste que Jueces y Magistrados imparciales conozcan el caso Corruptela?
Después de dos años de estar diligenciando el caso conocido como «Corruptela» el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para procesar en audiencia preliminar al expresidente Mauricio Funes, al exfiscal Luis Martínez, a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci, y 25 imputados más.
En el expediente el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba en las entrañas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que la entregas de dádivas económicas a cambio de favores a personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios de investigaciones de casos, era la conducta criminal de los imputados
El Juzgado Cuarto de Instrucción al decidir que ya no seguirá procesando a la presunta red de corrupción enviará el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, para que realice la audiencia preliminar que estaba programada para este 7 de enero.
Fuentes cercanas al caso han cuestionado en reiteradas ocasiones del por qué la fiscalía ha caído en el delito de omisión y a quiénes protegen el tan sonado caso “Corruptela”: ¿Qué tanto miedo tiene la FGR que se les salga de su control de la Cámara primera?, ¿Por qué la Fiscalía no quiere que un tribunal imparcial sin prejuicios conozca el caso Fabricado Corruptela? y ¿Qué arreglos tenía el exfiscal general Douglas Meléndez con la Cámara primera y el Juez cuarto de instrucción que no quiere que conozca jueces y cámaras imparciales?, sostiene las fuentes.
Cabe mencionar que el fiscal general, Raúl Melara, sorprendió el pasado 20 de diciembre, con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente.
Por lo tanto, las fuentes cuestionan: ¿Qué espera Melara para separar los fiscales señalados de cometer acciones que rayan con ilícito que han sido denunciados ante los Derechos Humanos como la FGR?
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mí no me costaron”, comentó uno de los afectados.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
Proceso lleva más de dos años
El caso Corruptela fue revelado en la administración del fiscal Douglas Meléndez quien ordenó captura para su antecesor, Luis Martínez.
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil de El Salvador, ejecutó un operativo para desarticular una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona oriental del país.
De acuerdo con las autoridades, la operación es resultado de un año de investigaciones, periodo durante el cual se logró identificar a cada uno de los integrantes de la red criminal, incluyendo a los responsables del abastecimiento de droga y a los redistribuidores que operaban en distintos sectores.
Las indagaciones determinaron que la estructura mantenía presencia en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Durante el procedimiento, las autoridades incautaron diferentes porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que servirán como evidencia para fortalecer el proceso investigativo.
Según el reporte fiscal, los implicados serán procesados por los delitos de tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas, mientras continúan las diligencias para determinar la posible participación de otras personas vinculadas a la estructura.
Personal de Comandos de Salvamento atendió un fuerte accidente vial en horas del mediodía de este martes, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Comalapa departamento de La Paz.
Los rescatistas indicaron que producto del accidente, cinco personas resultaron lesionadas, entre ellos dos menores de edad.
Lamentablemente una mujer y uno de los menores fallecieron cuando eran trasladados hacia diferentes unidades médicas.
De acuerdo con el reporte de los paramédicos, el accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo en el que se conducían las víctimas se estrelló contra un árbol tras intentar no atropellar a una mujer que cruzaba la calle.
El Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) confirmó que la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) mantiene actualizados todos sus instrumentos normativos, lo que favorece el desarrollo inmobiliario y la construcción en la zona de mayor concentración urbana del país.
El informe, denominado Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, confirma que estos instrumentos son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional del Gran San Salvador, un aspecto que favorece las proyecciones de las empresas desarrolladoras y le da al sector construcción certeza y predictibilidad para sus proyectos.
«Los instrumentos normativos metropolitanos que la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) se encuentra actualizando y son coincidentes con las tendencias de crecimiento habitacional en tipología, densidad y ubicación», indica el estudio, preparado por el CAF junto con el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo de Estados Unidos.
Asimismo, resalta que dichos instrumentos ayudan a prever herramientas urbanísticas para desarrollos habitacionales sociales y de otras modalidades.
En ese sentido, la Opamss, bajo la dirección ejecutiva de Luis Rodríguez, impulsa políticas que facilitan a todos los sectores relacionados con la construcción y el rubro inmobiliario herramientas para que los proyectos puedan ejecutarse cumpliendo la normativa nacional, reduciendo los trámites y construyendo así al crecimiento económico de El Salvador.
Por otra parte, las estadísticas de la institución destacan que, en el inicio de 2026, la inversión total de la construcción en el país supera los $5,100 millones, con una proyección de ejecución cercana a los $3,000 millones en el curso de los próximos meses. De esta cifra, el sector habitacional concentra un 53 % de los proyectos en desarrollo, seguido del logístico con un 12.9 % y el turístico con un 12.4 %.
