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¿Por qué la FGR se resiste que Jueces y Magistrados imparciales conozcan el caso Corruptela?
Después de dos años de estar diligenciando el caso conocido como «Corruptela» el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para procesar en audiencia preliminar al expresidente Mauricio Funes, al exfiscal Luis Martínez, a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci, y 25 imputados más.
En el expediente el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba en las entrañas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que la entregas de dádivas económicas a cambio de favores a personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios de investigaciones de casos, era la conducta criminal de los imputados
El Juzgado Cuarto de Instrucción al decidir que ya no seguirá procesando a la presunta red de corrupción enviará el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, para que realice la audiencia preliminar que estaba programada para este 7 de enero.
Fuentes cercanas al caso han cuestionado en reiteradas ocasiones del por qué la fiscalía ha caído en el delito de omisión y a quiénes protegen el tan sonado caso “Corruptela”: ¿Qué tanto miedo tiene la FGR que se les salga de su control de la Cámara primera?, ¿Por qué la Fiscalía no quiere que un tribunal imparcial sin prejuicios conozca el caso Fabricado Corruptela? y ¿Qué arreglos tenía el exfiscal general Douglas Meléndez con la Cámara primera y el Juez cuarto de instrucción que no quiere que conozca jueces y cámaras imparciales?, sostiene las fuentes.
Cabe mencionar que el fiscal general, Raúl Melara, sorprendió el pasado 20 de diciembre, con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente.
Por lo tanto, las fuentes cuestionan: ¿Qué espera Melara para separar los fiscales señalados de cometer acciones que rayan con ilícito que han sido denunciados ante los Derechos Humanos como la FGR?
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mí no me costaron”, comentó uno de los afectados.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
Proceso lleva más de dos años
El caso Corruptela fue revelado en la administración del fiscal Douglas Meléndez quien ordenó captura para su antecesor, Luis Martínez.
Un motociclista perdió la vida la madrugada de este domingo 23 de agosto al perder el control de su vehículo y colisionar contra el muro de una vivienda en la 1.ª calle poniente, en la entrada a Usulután, cerca del cementerio municipal.
Según reportes preliminares, el conductor habría perdido el control de la motocicleta. Personal del Sistema de Emergencias Médicas 132 (SEM) acudió al lugar tras el llamado de auxilio, pero al llegar constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del accidente.
Judicial
PNC captura a tres personas con marihuana en residencial Terranova de San Miguel; una de ellas había sido reportada como desaparecida
La Policía Nacional Civil capturó a dos hombres y una mujer durante un procedimiento en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde se localizó marihuana y objetos presuntamente vinculados a su distribución. Los detenidos son Lindsay Michelle Aguilar Fuentes, de 19 años; José Luis Méndez Argueta, de 21, y Dixma Alexander Amador Torres, de 23. Aguilar Fuentes había sido reportada como desaparecida en redes sociales antes de ser localizada en el operativo.
Durante el registro, las autoridades incautaron marihuana (sin especificar cantidad), una balanza electrónica, una picadora para droga, seis teléfonos celulares, una motocicleta, una pipa y dinero en efectivo. Los tres quedaron bajo custodia y serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga.
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La PNC no ha detallado las circunstancias exactas que llevaron al operativo ni el rol específico atribuido a cada uno de los capturados. Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades individuales.
El caso se suma a los operativos que la institución realiza de forma permanente contra el tráfico y posesión de sustancias ilícitas en el oriente del país.
Las autoridades instan a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales.
Capturamos a dos hombres y una mujer durante un procedimiento realizado en una vivienda de la residencial Terranova, en San Miguel, donde nuestros equipos localizaron marihuana y otros objetos relacionados con su distribución.
Entre los detenidos se encuentra Lindsay Michelle… pic.twitter.com/3TxG3ijoPX
— PNC El Salvador (@PNCSV) August 22, 2026
Judicial
Condenan a cinco años de cárcel a un hombre que amenazó de muerte a su propia madre en Santa Ana
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana condenó a cinco años de prisión a José Andrés Ábrego Coto, de 31 años, por los delitos de amenazas en perjuicio de su madre y resistencia. Los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2026 en una vivienda de la colonia Gerardo Barrios, distrito de Santa Ana.
Ábrego Coto llegó al domicilio de su madre y la amenazó con quitarle la vida. Ante el temor de que cumpliera la amenaza, la víctima pidió auxilio a la Policía Nacional Civil. Cuando los agentes llegaron al lugar lo encontraron en el exterior de la vivienda y le ordenaron someterse a una requisa personal, pero el imputado se negó y debió ser neutralizado.
Durante el proceso, la madre del condenado manifestó que su hijo ya había sido procesado anteriormente por causarle lesiones y que cumplió una condena por ese delito. El caso se tramitó por la vía de juicio sumario.
La sentencia confirma la detención del imputado y cierra el proceso por estos hechos específicos. Las autoridades no han informado sobre medidas adicionales de protección para la víctima.
Este tipo de casos de violencia intrafamiliar reiterada pone de relieve la importancia de la denuncia oportuna y la actuación policial inmediata.
