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¿Por qué la FGR se resiste que Jueces y Magistrados imparciales conozcan el caso Corruptela?
Después de dos años de estar diligenciando el caso conocido como «Corruptela» el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para procesar en audiencia preliminar al expresidente Mauricio Funes, al exfiscal Luis Martínez, a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci, y 25 imputados más.
En el expediente el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba en las entrañas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que la entregas de dádivas económicas a cambio de favores a personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios de investigaciones de casos, era la conducta criminal de los imputados
El Juzgado Cuarto de Instrucción al decidir que ya no seguirá procesando a la presunta red de corrupción enviará el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, para que realice la audiencia preliminar que estaba programada para este 7 de enero.
Fuentes cercanas al caso han cuestionado en reiteradas ocasiones del por qué la fiscalía ha caído en el delito de omisión y a quiénes protegen el tan sonado caso “Corruptela”: ¿Qué tanto miedo tiene la FGR que se les salga de su control de la Cámara primera?, ¿Por qué la Fiscalía no quiere que un tribunal imparcial sin prejuicios conozca el caso Fabricado Corruptela? y ¿Qué arreglos tenía el exfiscal general Douglas Meléndez con la Cámara primera y el Juez cuarto de instrucción que no quiere que conozca jueces y cámaras imparciales?, sostiene las fuentes.
Cabe mencionar que el fiscal general, Raúl Melara, sorprendió el pasado 20 de diciembre, con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente.
Por lo tanto, las fuentes cuestionan: ¿Qué espera Melara para separar los fiscales señalados de cometer acciones que rayan con ilícito que han sido denunciados ante los Derechos Humanos como la FGR?
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mí no me costaron”, comentó uno de los afectados.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
Proceso lleva más de dos años
El caso Corruptela fue revelado en la administración del fiscal Douglas Meléndez quien ordenó captura para su antecesor, Luis Martínez.
La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.
Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.
El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.
Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.
Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.
Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.
En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.
Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.
Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.
«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.
El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.
Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.
Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.
Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.
«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.
Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.
Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.
«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.
También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.
«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.
Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.
«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.
La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.
«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.
Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.
La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.
Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.
En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.
«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.
Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.
«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.
Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.
