Nacionales
¿Por qué la FGR se resiste que Jueces y Magistrados imparciales conozcan el caso Corruptela?
Después de dos años de estar diligenciando el caso conocido como «Corruptela» el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, se declaró incompetente para procesar en audiencia preliminar al expresidente Mauricio Funes, al exfiscal Luis Martínez, a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci, y 25 imputados más.
En el expediente el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba en las entrañas de la Fiscalía General de la República (FGR), y que la entregas de dádivas económicas a cambio de favores a personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios de investigaciones de casos, era la conducta criminal de los imputados
El Juzgado Cuarto de Instrucción al decidir que ya no seguirá procesando a la presunta red de corrupción enviará el expediente al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, para que realice la audiencia preliminar que estaba programada para este 7 de enero.
Fuentes cercanas al caso han cuestionado en reiteradas ocasiones del por qué la fiscalía ha caído en el delito de omisión y a quiénes protegen el tan sonado caso “Corruptela”: ¿Qué tanto miedo tiene la FGR que se les salga de su control de la Cámara primera?, ¿Por qué la Fiscalía no quiere que un tribunal imparcial sin prejuicios conozca el caso Fabricado Corruptela? y ¿Qué arreglos tenía el exfiscal general Douglas Meléndez con la Cámara primera y el Juez cuarto de instrucción que no quiere que conozca jueces y cámaras imparciales?, sostiene las fuentes.
Cabe mencionar que el fiscal general, Raúl Melara, sorprendió el pasado 20 de diciembre, con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente.
Por lo tanto, las fuentes cuestionan: ¿Qué espera Melara para separar los fiscales señalados de cometer acciones que rayan con ilícito que han sido denunciados ante los Derechos Humanos como la FGR?
Para fortalecer el proceso judicial a fin de presentarlo a los tribunales, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, junto a un grupo de auxiliares trató de coaccionar bajo amenazas a varios empleados de la institución, para que se declararan testigos criteriados a fin de mentir durante el proceso judicial.
“Si no accedían iban a ser procesados como cómplices y les decían que les iban a fabricar pruebas. Los sometieron a largos interrogatorios sin la presencia de abogados y varios los tuvieron encerrados en bodegas”, narró en su momento una abogada defensora de uno de los empleados del ministerio público que fue amenazado.
Tras la salida de Douglas Meléndez de la FGR, los empleados amenazados denunciaron ante la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos los atropellos de los que eran víctimas y al final renunciaron a ser criteriados. “No podía mentir sobre situaciones que a mí no me costaron”, comentó uno de los afectados.
La abogada de Arriaza y él mismo presentaron un escrito a la juez Cuarto de Instrucción de la capital, Lila Álvarez Blanco, para solicitar que enviara el proceso judicial a una instancia competente, ya que si el proceso continuaba en San Salvador este podría terminar siendo nulo, debido que el territorio donde se supone ocurrieron los presuntos hechos no están en la jurisdicción de competencia de la instancia judicial.
Proceso lleva más de dos años
El caso Corruptela fue revelado en la administración del fiscal Douglas Meléndez quien ordenó captura para su antecesor, Luis Martínez.
El nuevo Laboratorio de Calidad del Agua que construye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en San Miguel; supera el 90 % de avance. Los equipos continúan trabajando en acabados, instalaciones eléctricas y obras complementarias que darán paso a un espacio moderno para el control y análisis del agua.
«Cada avance nos acerca a procesos más ágiles para reforzar la calidad del agua en la zona oriental», señaló la autónoma.
Este proyecto forma parte del Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca fortalecer el control y aseguramiento de la calidad del agua en la zona oriental.
Este laboratorio con certificaciones internacionales tiene una inversión de $1.3 millones garantizará la mejor calidad de agua para más de 452,000 salvadoreños de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a seis años de cárcel a Diego Alberto Montano González por el delito de tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Pablo Tacachico, en el municipio de La Libertad Norte.
Según la investigación, el imputado fue sorprendido mientras transportaba droga oculta en una motocicleta.
De acuerdo al expediente judicial, el 11 de junio de 2025, miembros de la Fuerza Armada que realizaban un patrullaje preventivo, le hicieron alto a Montano, quien se conducía en una motocicleta color rojo.
Durante un procedimiento de registro, los militares encontraron 113.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de $399, en la cajuela del vehículo
Durante el juicio, con pruebas periciales y documentales, la Fiscalía comprobó que el procesado no solo transportaba droga para el consumo personal, sino que también lo hacía con fines de comercialización.
La Fiscalía General de la República informó que el salvadoreño José Leonel Castellón fue extraditado al estado de Florida, en Estados Unidos, en donde es requerido para que enfrente la justicia por el delito de homicidio en contra de su pareja.
De acuerdo a la versión de la Fiscalía, Castellón mantenía frecuentes discusiones y actos de violencia en contra de la víctima. Según el expediente judicial, el 21 de octubre de 2023, ambos salieron de la vivienda y nadie volvió a saber de ellos. Días después la mujer fue encontrada fallecida y en estado de descomposición dentro de una camioneta, en las cercanías de una línea férrea próxima al aeropuerto de Miami, en Florida.
Mientras tanto, Castellón huyó a El Salvador en donde fue capturado a finales de abril de 2024. De acuerdo a la legislación salvadoreña, el imputado ha cometido el delito de feminicidio agravado.
Frente al requerimiento de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, a través del juzgado Sexto de Paz de San Salvador, autorizó la extradición, no sin antes realizar un proceso para evitar impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres.
Previo a realizar el proceso, la Fiscalía informó que verificó que el imputado no tuviera expedientes pendientes con la justicia salvadoreña.
