Judicial
Pandillero roba y agrede sexualmente a una joven que le gustó cuando la vio a bordo de un bus
El sujeto le robó un celular y $30, pero fue capturado en flagrancia y procesado por los hechos.
Pandillero roba y agrede sexualmente a una joven que le gustó cuando la vio a bordo de un bus
Un pandillero se subió a un bus del transporte colectivo, donde agredió sexualmente a una mujer de 23 años y luego le robó un celular y $30. El sujeto fue capturado en flagrancia y procesado por los hechos.
Según información judicial, el hombre que fue identificado como Gilberto A, de 37 años, confesó en el juicio en su contra los hechos que cometió el pasado 22 de febrero de 2018 en un bus que hace su recorrido de San Salvador a Cojutepeque.
El hombre aseguró ante el juez del Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador que iba en el bus y vio a «una señorita muy bonita». Entonces, decidió sentarse a su lado y le pregunto la hora, luego le dijo que le diera el celular que llevaba, cuando la mujer se lo entregó vio que llevaba dinero. Entonces, se los pidió y ella le dio los $30 que andaba.
El hombre inmediatamente le manifestó que él era pandillero y que se iba bajar con él donde le indicara, además que si no lo hacía caso la iba matar. Fue en ese momento que el hombre procedió a tocarle sus partes íntimas.
A la altura del kilómetro quince y medio una patrulla policial le hizo parada al bus, ya que alguien había alertado a las autoridades que en ese transporte llevaban a una joven privada de libertad.
Al bajarse todos, el agente observó a la víctima en estado crítico de nervios y le preguntó lo que sucedía, identificando inmediatamente al sujeto.
Los agentes le realizaron una requisa y el hombre portaba el celular de la víctima y los $30 que le había robado, en el momento le informaron que quedaba detenido.
Tras la confesión y el acuerdo de hacer un proceso abreviado, el juez lo condenó a cinco años de prisión. Con esta decisión, el hombre volverá a la cárcel, pues ya había estado durante 12 años pagando una pena por homicidio.
Nota tomada de el salvador times
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
