Judicial
Pandillero roba y agrede sexualmente a una joven que le gustó cuando la vio a bordo de un bus
El sujeto le robó un celular y $30, pero fue capturado en flagrancia y procesado por los hechos.
Pandillero roba y agrede sexualmente a una joven que le gustó cuando la vio a bordo de un bus
Un pandillero se subió a un bus del transporte colectivo, donde agredió sexualmente a una mujer de 23 años y luego le robó un celular y $30. El sujeto fue capturado en flagrancia y procesado por los hechos.
Según información judicial, el hombre que fue identificado como Gilberto A, de 37 años, confesó en el juicio en su contra los hechos que cometió el pasado 22 de febrero de 2018 en un bus que hace su recorrido de San Salvador a Cojutepeque.
El hombre aseguró ante el juez del Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador que iba en el bus y vio a «una señorita muy bonita». Entonces, decidió sentarse a su lado y le pregunto la hora, luego le dijo que le diera el celular que llevaba, cuando la mujer se lo entregó vio que llevaba dinero. Entonces, se los pidió y ella le dio los $30 que andaba.
El hombre inmediatamente le manifestó que él era pandillero y que se iba bajar con él donde le indicara, además que si no lo hacía caso la iba matar. Fue en ese momento que el hombre procedió a tocarle sus partes íntimas.
A la altura del kilómetro quince y medio una patrulla policial le hizo parada al bus, ya que alguien había alertado a las autoridades que en ese transporte llevaban a una joven privada de libertad.
Al bajarse todos, el agente observó a la víctima en estado crítico de nervios y le preguntó lo que sucedía, identificando inmediatamente al sujeto.
Los agentes le realizaron una requisa y el hombre portaba el celular de la víctima y los $30 que le había robado, en el momento le informaron que quedaba detenido.
Tras la confesión y el acuerdo de hacer un proceso abreviado, el juez lo condenó a cinco años de prisión. Con esta decisión, el hombre volverá a la cárcel, pues ya había estado durante 12 años pagando una pena por homicidio.
Nota tomada de el salvador times
Judicial
Testigos confirman actos de corrupción en juicio contra exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano
Durante la vista pública contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, y otros cuatro imputados, varios testigos presentados por la Fiscalía General de la República han respaldado la acusación por delitos de corrupción cometidos durante su gestión.
En casi un mes de juicio, interrumpido en diversas ocasiones y con jornadas parciales, han comparecido empleados municipales que denunciaron afectaciones por el impago de salarios durante periodos de hasta tres meses, así como la retención de cuotas laborales. Esta última situación les impidió recibir atención médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Con estos testimonios, el Ministerio Público busca demostrar los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales e infracción de las condiciones laborales o de seguridad social.
También declaró una perito que elaboró un informe técnico confirmando que, aunque se descontaron las cuotas laborales a los empleados, los fondos no fueron trasladados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El peritaje establece un perjuicio a la administración pública por más de $387,042.71.
Otro experto técnico relató que, mediante un análisis forense digital, extrajo información de los dispositivos electrónicos incautados a los imputados —entre ellos teléfonos celulares—, hallando datos que vinculan a los procesados con actividades ilícitas.
Además, una auditoría financiera reveló que durante la gestión de Montano, la alcaldía pagó $1.2 millones en comisiones a una empresa por recuperación de mora, cifra superior a los $867,499 realmente recuperados. Según el informe, no se realizó un estudio previo para definir el porcentaje de comisión, y la empresa representada por el imputado Ricardo Arturo Roque Baires cobró un 9.97% más que otras contratadas en administraciones anteriores.
Con este conjunto de pruebas, la Fiscalía busca sustentar las acusaciones de malversación e incumplimiento de deberes contra los exfuncionarios municipales.
Judicial
Juzgado programará audiencia inicial para 12 transportistas detenidos por suspensión del servicio
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ha programado para este viernes la audiencia inicial en contra de 12 empresarios del transporte público, quienes fueron capturados entre el 5 y el 7 de mayo de 2025 por presuntamente haber suspendido de forma irregular el servicio, a pesar de ser un servicio público subsidiado por el Estado.
Las detenciones fueron ordenadas luego de que los transportistas no operaran con normalidad sus unidades, lo cual, según las autoridades, constituye una falta grave al tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía y financiado parcialmente con fondos públicos.
El pasado lunes, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado, solicitando que el caso avance a la etapa de instrucción formal. Además, pidió que se otorguen medidas alternas a la detención provisional, lo que permitiría que los imputados continúen el proceso judicial en libertad.
A los acusados se les atribuyen los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, según consta en el expediente promovido por el Ministerio Público.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ayer (lunes) el requerimiento de acusación contra 12 empresarios del transporte colectivo, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Según informó la institución, los señalados serán procesados en libertad, bajo medidas alternas a la detención.
Los imputados poseen concesiones y permisos provisionales para operar diferentes rutas del transporte público. De acuerdo con la FGR, fueron capturados los días 5, 6 y 7 de mayo de 2025, luego de que las autoridades detectaran que no prestaron el servicio de transporte a la población o lo hicieron con una reducción significativa de unidades, pese a que el Gobierno había entregado $12 millones en compensación para garantizar la gratuidad del servicio, debido al cierre temporal del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
“Se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la Fiscalía.
El requerimiento fue presentado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador.
