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Pandillero que colaboraba con FGR fue vendido por su novia a la Mara Salvatrucha por $5 mil
Durante varias semanas, un delincuente de la Mara Salvatrucha (MS) identificado con el alias de «Buda» se convirtió en aliado de la Fiscalía General de la República (FGR) para dar con la captura de seis peligrosos criminales de esa estructura que opera en una colonia de San Salvador.
Con detalle, fue revelando a las autoridades la forma de operar, delitos cometidos, ubicación y actividades de sus compinches; el trato era que él recibiría una pena menor por su participación en otros delitos. Gracias a su colaboración, fueron cayendo uno a uno seis miembros de la estructura.
Con lo que «el Buda» no contaba era con que la corrupción en el sistema de justicia le jugaría una mala pasada. Un fiscal de la Unidad Antipandillas de la FGR le informó al abogado Alejandro Amaya, quien actuaba como defensor de los pandilleros detenidos, la identidad del «soplón».
Fue la sentencia para «el Buda».
El fiscal, a quien en el proceso solo se le señala con el nombre de Israel, habría llegado a la casa del abogado para entregarle un folder que contenía la documentación del testigo criteriado; esta información no tardó en llegar a las manos de los pandilleros, que sabían que, como ley de la estructura terrorista, el costo de la traición era una sola: la muerte.
La emboscada
Tras la captura de los compinches del «Buda», este salió huyendo de su casa ubicada en una colonia de Ciudad Delgado, pero en algún momento regresó buscando a Katy, una joven con la cual sostenía una relación sentimental.
Katy le contó a los miembros de la pandilla que este la estaba buscando, supuestamente para no tener revanchismos y porque para ella, la relación ya había terminado.
A los días, la mujer recibió una llamada de «Leo», uno de los cabecillas de la estructura quien estaba recluido en las bartolinas de Ilopango, y le dijo que a cambio de la información, recibiría una «recompensa» de $5,000. Desde entonces, Katy cambió su actitud con su antiguo novio pandillero.
Según la Fiscalía, los pandilleros le daban $100 por cada cita que tenía con «el Buda». La mujer incluso utilizó parte del dinero en pagarle a un brujo para que le ayudara a reconquistar al delincuente.
Finalmente, logró que este la llevara a su casa, en una colonia de Santa Tecla, y con esto consiguió la información que tanto había esperado.
Lo demás fue cuestión de tiempo. Los delincuentes contactaron con una estructura de Santa Tecla para que asumiera «el encargo» de deshacerse del soplón a cambio de un pago de $200.
El plan incluía que Katy citara al «Buda» en la Plaza Merliot con la excusa que quería celebrar la Navidad con él.
Soborno a la policía
El asesinato del pandillero se frustró en un primer intento luego de que elementos de la Policía Nacional Civil intervinieran a los dos sicarios cuando se encontraban en una pupusería esperando el aviso de Katy.
Entre los encargados de la ejecución se encontraba el “Snaiper”, quien fue detenido por tener otras órdenes pendientes por delitos de homicidio tentado y amenazas.
Según la información judicial, el «Snaiper» tenía en su billetera $270, además de tres teléfonos celulares y una cadena de oro, las cuales le valieron al delincuente para sobornar a los agentes y no ser trasladados a una bartolina.
Tras ese primer intento, Katy volvió a citar al «Buda» y en esa ocasión, el plan se consumó. Uno, dos, tres disparos en el pecho terminaron con la vida del testigo.
Por el crimen del sujeto actualmente son procesados René Leonidas Quijano, alias «Leo»; William Erenesto Rodríguez, alias «Corrupto», y Kevin Orlando Alvarenga, alias «Maligno». En total, los sujetos son procesados por 29 casos diferentes.
La audiencia de vista pública que se desarrolla en el juzgado especializado de Sentencia “A” se encuentra en la fase de alegatos finales, los cuales se tiene previsto que finalicen en los próximos días.
Por : Warner Velásquez/ El Salvador Times
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
