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«No se trata solo de un requisito que pide el Ministerio, sino que se trata de la salud de todos los salvadoreños»: Alabi, sobre prueba COVID-19 en Aeropuerto de El Salvador
El ministro de Salud, Francisco Alabi aseguró que una de las decisiones a nivel mundial ha sido la implementación de tamizajes para el ingreso de las personas a los distintos países, por lo que en el caso de El Salvador se debe tener el resultado de 72 horas, para garantizar que el extranjero no tenga la enfermedad e incrementen los casos en el territorio.
“Esto no se trata solo de un requisito que pide el Ministerio, sino que se trata de la salud de toda la población salvadoreña”, dijo Alabi.
Esto de acuerdo con el ministro de Salud, es para poder mantener los datos a la baja que se están observando día con día, explicó que la toma de tamizaje se hará en todos los puntos de ingreso al país.
“Una de las mayores áreas de ingreso de salvadoreños y extranjeros es el aeropuerto y debemos tomar todas las medidas necesarias para que las estadísticas no se vean alteradas”, apuntó Alabi.
Explicó que la prueba comienza a ser efectiva desde que el laboratorio emite el documento certificado, en el caso de las personas que lleguen a nuestro país.
El funcionario destacó además que “estamos en una situación positiva, los hospitales están descongestionándose, debemos cumplir todas las medidas” y pidió a la población mantener las medidas sanitarias.
“Esa es la diferencia de El Salvador, el cumplimiento de las medidas”, enfatizó el ministro.
Recordó a la población que utiliza el transporte público que este medio es uno de los lugares con mayor riesgo de contagio, por lo que en todo momento se deben aplicar las medidas de prevención.
“Las cifras de casos, son el resultado del compromiso de la población, el trabajo de un Gabinete de Salud Ampliado que tomó decisiones que incluso fueron consideras alarmistas” resaltó.
También hizo un llamado a la consciencia de la población, sobre todo a los jóvenes, ya que el pasado fin de semana hubo reportes de un lugar donde existió aglomeración de personas “debemos convertirnos en entes supervisores de que las medidas se cumplan […] ya se están haciendo las investigaciones de lo ocurrido, este tipo de situaciones no puede suceder” señaló.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
