Judicial
MISTERIO: Sale a «dar una vuelta» con un supuesto amigo y encuentran su cadáver camino al Cerro Verde
Las autoridades policiales no brindaron un posible móvil de este crimen, pero aseguraron que las investigaciones darán con el responsable de su asesinato y si el supuesto amigo estaría vinculado al crimen.
El cuerpo de un joven de 19 años fue encontrado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ayer por la tarde, horas después de que un supuesto amigo llegara a su casa para invitarlo a salir.
William Neftaly Flores salió de su hogar ubicado en las cercanías de lago de Coatepeque alrededor de la 1:00 de la tarde junto a un amigo, que su madre aseguró a las autoridades policiales que no conocía.
De acuerdo al relato de la sorprendida madre, el sujeto que llegó a su casa se identificó como un trabajador de la empresa Jumbo.
Al parecer, Flores conocía a la persona que llegó a su casa, por lo que sin presentarlo a su progenitora decidió salir “a dar una vuelta con él”, según información policial.
Para sorpresa de la familia, horas más tarde la PNC les informó que habían encontrado el cadáver del joven en el final de la calle principal de la lotificación Jardines del Congo, camino al Cerro Verde en Santa Ana.
La víctima falleció luego de recibir varios impactos de bala en la cabeza.
Las autoridades policiales no brindaron un posible móvil de este crimen, pero aseguraron que las investigaciones darán con el responsable de su asesinato y si el supuesto amigo estaría vinculado al crimen.
Nota tomada de El Salvador Times
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
