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Ministro de Trabajo pide captura de Roberto d’Aubuisson y su concejo por desobediencia judicial
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.
La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.
¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.
Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.
El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».
De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.
Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.
“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.
“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.
De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.
La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».
Mientras miles de personas disfrutan las olas del mar o la brisa de las montañas, un contingente de policías y militares realiza patrullajes recurrentes, que se han intensificado en la medida que se acercan las vacaciones de Semana Santa
«La seguridad en las playas es prioridad para que los visitantes disfruten de un día de sol y mar en un ambiente familiar. El personal policial se mantiene alerta junto a elementos de la Fuerza Armada», reza una de las muchas publicaciones de redes sociales de la Policía Nacional Civil, mostrando imágenes de las fuerzas del orden patrullando senderos, caminando sobre la arena del mar, ríos, en centros recreativos, montañas y volcanes.
Enmarcados en el Plan Control Territorial, la Policía mantiene la seguridad en todo el país y en los días festivos, concentra con mayor énfasis sus planes, en sitios de aglomeración turística.
«Las familias comparten y disfrutan en el turicentro Los Chorros, un lugar que se convierte en punto de encuentro para quienes buscan descanso y recreación. Garantizamos que cada momento se viva con tranquilidad en la zona» informó la Corporación.
A parte del estimado de un millón de salvadoreños que se prevé se avoquen a los diferentes destinos turísticos nacionales, se espera la llegada de 145,000 turistas internacionales, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
Gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción, El Salvador se ha convertido en uno de los países más seguros de Latinoamérica y está destacando como destino turístico.
Frente a este panorama, la Policía ha desplegado intensos patrullajes para mantener el orden y la seguridad en cada espacio del país.
«Con el Plan Control Territorial tenemos cubierto todo El Salvador. Policías se mantienen desplegados en las distintas carreteras del país, donde la población se moviliza, preparados ante cualquier emergencia», informó la Corporación policial.
Para acelerar el proceso de investigación y brindar una mejor respuesta a la población afectada en el caso Credicash, la Fiscalía General de la República ha habilitado un Centro especializado para el procesamiento de evidencia.
El fiscal general, Rodolfo Delgado explicó que dicha activación permitirá organizar la documentación incautada y confrontarla con la evidencia física que ha encontrado e incautado en la sede central de Credicash; analizar los contratos y registros financieros; e identificar a las víctimas.
Al momento se han encontrado 18,000 contratos de mutuo, pero solo 180 personas han acudido a mostrarse ofendidas.
«Como parte de esta respuesta institucional que estamos dando para lograr determinar e identificar a las verdaderas víctimas y que los fondos puedan recuperarse, es que se ha habilitado un centro especializado para el procesamiento de la evidencia que está vinculada con este caso», indicó el titular de la Fiscalía.
El funcionario mencionó que han destinado a 70 fiscales, colaboradores jurídicos y analistas. «Todo esto es con un objetivo: establecer y agilizar el mecanismo de reintegro de dinero a las víctimas, y eso lo recalco, a las víctimas, porque aquellos que no logren establecer que ostentan esa calidad de víctima, sino que es gente que, de alguna manera, andaba buscando evadir algún tipo de control, pues eso creo que vamos a tener que hablar con ellos en otros términos», dijo Delgado.
Sobre este proceso, la investigación fiscal ha establecido que Credicash operaba bajo un esquema de defraudación a la economía del público mediante prácticas piramidales, ofreciendo 10% mensual. La empresa, que era liderada por Gerson Orellana Ayala -quien ya fue capturado-, estaría vinculada a los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de dinero y activos.
Las autoridades señalan que el mecanismo utilizado por Credicash no corresponde a una actividad financiera legítima, ya que el sistema diseñado para captar dinero carecía de respaldo económico real. El dinero fue guardado, incluso, en closets de la vivienda del propietario de la financiera, Gerson Orellana.
Como resultado de las diligencias realizadas, hasta la fecha, la Fiscalía ha logrado la incautación de $27,550,750 en efectivo, así como la inmovilización de $11,023,972 en cuentas bancarias, alcanzando un monto total asegurado de $38,574,722. Adicionalmente, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos.
El fiscal general aseguró recientemente que a las personas afectadas, que «la Fiscalía está trabajando para garantizar un proceso ordenado que permita determinar quiénes son las víctimas, cuánto dinero entregó cada persona y qué fondos pueden recuperarse».
Un equipo de médicos especialistas de la Cleveland Clinic, procedente de Ohio, Estados Unidos, desarrollan en el Hospital Nacional Zacamil, en Mejicanos, San Salvador, una jornada de cirugías faciales reconstructivas gratuitas para pacientes salvadoreños, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Esta es la segunda misión de este tipo que lleva a cabo la institución en El Salvador. La primera visita ocurrió en diciembre de 2025, cuando un grupo de médicos y personal técnico se desplazó al mismo hospital para atender casos similares, ofreciendo procedimientos complejos de manera gratuita y fortaleciendo la cooperación internacional en materia de salud.
Durante esta nueva jornada, los especialistas estadounidenses trabajan junto con profesionales locales para atender pacientes con malformaciones congénitas, secuelas de accidentes u otras condiciones que requieren cirugía reconstructiva. Los procedimientos buscan priorizar a personas en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades de salud destacan que este tipo de misiones no solo beneficia directamente a los pacientes, sino que también fortalece las capacidades del personal local, promoviendo el intercambio de técnicas quirúrgicas avanzadas y mejores prácticas en cirugía reconstructiva.
Representantes de la Cleveland Clinic y del Ministerio de Salud señalan que estás actividades consolidan un esfuerzo continuo para ampliar la cobertura de atención médica especializada en El Salvador.
Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo sostenido de cooperación médica internacional en El Salvador, que incluye tanto misiones de hospitales extranjeros como la participación de organizaciones no gubernamentales dedicadas a cirugías reconstructivas y atención especializada. Gracias a estos programas, cientos de pacientes han recibido procedimientos gratuitos que mejoran su calidad de vida y permiten a los profesionales locales adquirir experiencia en técnicas avanzadas.
