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Ministro de Trabajo pide captura de Roberto d’Aubuisson y su concejo por desobediencia judicial
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.
La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.
¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.
Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.
El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».
De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.
Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.
“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.
“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.
De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.
La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».
Equipos de emergencia realizaron el rescate de una persona de nacionalidad estadounidense en la playa Costa del Sol, ubicada en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro.
De acuerdo con información preliminar, se trató de un rescate simple ejecutado por los cuerpos de socorro que mantienen vigilancia permanente en la zona, con el objetivo de atender cualquier incidente que pueda poner en riesgo a los visitantes.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a respetar las recomendaciones de seguridad y seguir las indicaciones de guardavidas y personal de emergencia al ingresar al mar.
Inspectores del Viceministerio de Transporte (VMT) identificaron a un grupo de personas que ofrecía clases de manejo sin contar con la autorización correspondiente para operar.
Según el informe, la escuela de manejo J & D brindaba capacitación a nuevos conductores sin poseer las credenciales necesarias emitidas por el VMT, situación que, de acuerdo con la institución, representa un riesgo para la seguridad vial.
Tras la inspección, personal de Inspectoría del VMT procedió al cierre de dos puntos de operación de la escuela, ubicados en el Barrio San Jacinto, en San Salvador, y en Los Planes de Renderos.
Asimismo, el viceministerio informó que ha iniciado el proceso de aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de estafa.
Las autoridades señalaron que mantienen un monitoreo constante en examinadoras y escuelas de manejo a escala nacional para verificar que estas empresas cuenten con la autorización correspondiente y así garantizar la seguridad vial de los usuarios.
Durante las inspecciones, los equipos verifican que las escuelas dispongan de mecanismos para realizar exámenes teóricos, circuitos para el desarrollo de pruebas prácticas, instalaciones estandarizadas y otros aspectos técnicos requeridos para su funcionamiento.
El viernes 19 de junio cerró con cero homicidios a nivel nacional en El Salvador, de acuerdo con datos publicados por la Policía Nacional Civil (PNC).
Con esta jornada, el país alcanzó 17 días sin asesinatos durante junio de 2026, manteniendo la tendencia de reducción de la violencia homicida registrada en los últimos años.
Las estadísticas también reflejan que, en lo que va de 2026, se contabilizan 145 días sin homicidios en todo el territorio nacional. Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, El Salvador acumula 1,133 días con cero homicidios.
El Gobierno atribuye estos resultados a las medidas de seguridad implementadas mediante el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, acciones que permitieron el despliegue de elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil en diferentes puntos del país.
