Nacionales
Ministro de Trabajo pide captura de Roberto d’Aubuisson y su concejo por desobediencia judicial
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.
La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.
¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.
Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.
El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».
De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.
Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.
“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.
“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.
De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.
La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la noche del domingo la captura de dos mujeres que protagonizaron una pelea en la vía pública durante un baile realizado en el barrio El Calvario, en Chilanga, Morazán Sur.
Las detenidas fueron identificadas como Daniela Alexandra Pérez Ventura, de 23 años, y Gloria Elizabeth Márquez, de 39 años.
De acuerdo con la PNC, ambas mujeres fueron detenidas de inmediato por agentes que brindaban seguridad en el evento.
«Los actos de violencia no están permitidos en El Salvador. Pensalo bien», publicó la institución en su cuenta de X.
La corporación policial informó que la pelea quedó registrada en un video que posteriormente fue difundido en redes sociales. Ambas mujeres serán remitidas por el delito de desórdenes públicos.
ENTREGA ESPECIAL
Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre: ¿rivales reales o candidaturas testimoniales para las elecciones de 2027?
La confirmación de Mayteé Iraheta, por ARENA, y del médico Rafael Aguirre, por el FMLN, devuelve al escenario presidencial a los dos partidos que gobernaron El Salvador durante tres décadas. Sin embargo, ambos ingresan a una competencia profundamente desigual: Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo, respaldado por Nuevas Ideas, después de que la Asamblea reformara la Constitución para permitir la reelección indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años, adelantar los comicios a febrero de 2027 y eliminar la segunda vuelta.
La oposición no solo enfrenta al presidente más popular del país, sino también un sistema electoral en el que la dispersión del voto puede favorecer todavía más al oficialismo
Mayteé Iraheta llega como la apuesta de renovación de una derecha tradicional que todavía intenta recuperarse de su desplome. Es abogada y comunicadora, fue diputada por Sonsonate entre 2015 y 2021 y se convierte en la primera mujer que encabeza una fórmula presidencial de ARENA, acompañada por Verónica Henríquez.
Su primer movimiento político fue reconocer que la seguridad ha mejorado y prometer que conservaría esos avances, una decisión estratégica: intentar competir sin cuestionar el logro que más valora la población de su principal contendiente.
Su fórmula ofrece una renovación generacional y de género, pero continúa dependiendo de una bandera partidaria que muchos votantes relacionan con la antigua clase política.
Iraheta tampoco llega sin antecedentes polémicos. En 2018, el Tribunal Supremo Electoral la sancionó por realizar campaña adelantada debido a una valla instalada antes del periodo legal de propaganda.
Aunque se trata de un episodio ocurrido hace varios años y no de un proceso penal, puede ser utilizado por sus adversarios para cuestionar su discurso de respeto institucional.
Su presentación presidencial también dejó una señal incómoda: el partido no permitió que los periodistas la entrevistaran y la jornada estuvo marcada por reclamos internos sobre el manejo anticipado de las candidaturas. No son hechos que destruyan una campaña, pero sí contradicen el mensaje de apertura que ARENA necesita proyectar para recuperar credibilidad.
El mayor problema de Iraheta no es su perfil personal, sino ARENA. El partido que gobernó entre 1989 y 2009 conserva únicamente dos diputados y obtuvo apenas el 5.57 % de los votos presidenciales en 2024.
Dentro de la organización tampoco ha existido una estrategia completamente compartida: el diputado Francisco Lira llegó a pedir que ARENA no presentara candidato presidencial para no legitimar la reelección de Bukele, mientras el COENA respondió que el partido sí competiría.
En junio de 2026, antes de conocerse la fórmula, una encuesta de la UCA otorgó a ARENA solo el 1.4 % de los votos en intención presidencial. Ese dato puede cambiar con una candidata definida, pero revela el reducido punto de partida de la campaña.
La carta efemelenista
Rafael Aguirre llega desde una trayectoria distinta. Es médico internista con formación en nefrología, tiene más de dos décadas de trabajo en el Seguro Social y desde 2020 encabeza el Sindicato de Médicos Trabajadores del ISSS.
Su figura ganó exposición al denunciar falta de medicamentos, despidos de personal y deficiencias en el sistema de salud.
En 2026 enfrentó un proceso administrativo de destitución después de divulgar información sobre el desabastecimiento; Aguirre lo calificó como persecución política, mientras organizaciones médicas defendieron su actuación. Esa confrontación le permite presentarse como un profesional ajeno a la política tradicional y como una voz crítica que habría sufrido consecuencias por denunciar problemas públicos.
Pero esa misma trayectoria abre preguntas. SIMETRISSS tuvo que aclarar públicamente que la candidatura de Aguirre era una decisión personal y que no representaba al sindicato, una separación necesaria para evitar que una organización gremial fuera interpretada como plataforma partidaria. También hubo desacuerdos iniciales sobre la vicepresidencia: movimientos que apoyaban al médico propusieron al ingeniero Efraín Benítez, pero sectores cercanos al FMLN cuestionaron la falta de consenso; finalmente, la fórmula fue completada por la enfermera Madaí Santos. Más que una gran polémica personal, el episodio mostró la dificultad de coordinar a movimientos sociales, sindicatos y estructuras partidarias bajo una sola conducción.
El obstáculo de Aguirre también se llama FMLN. El partido que gobernó de 2009 a 2019 quedó sin diputados y sin alcaldías tras las elecciones de 2024, cuando obtuvo apenas 6.4 % en la contienda presidencial. Su deterioro no se explica únicamente por el ascenso de Bukele: también carga con el desgaste de sus gobiernos, acusaciones de corrupción contra antiguos funcionarios, distanciamiento de sectores populares y una estructura que durante años fue percibida como cerrada. La candidatura externa de Aguirre busca “ciudadanizar” al partido, pero plantea una contradicción: para atraer nuevos votantes necesita diferenciarse del FMLN, aunque depende completamente de sus símbolos, organización territorial y antecedentes.
La realidad electoral coloca a ambos muy lejos de Bukele. La encuesta del IUDOP-UCA publicada en junio le otorgó al presidente una aprobación del 87.8 % y una calificación de 8.24. El 77.4 % señaló la seguridad como lo mejor que ocurre en el país y el 96.6 % consideró que la delincuencia ha disminuido durante la actual administración. En intención de voto presidencial por partido, Nuevas Ideas registró 63.3 %, frente a 1.4 % de ARENA y 0.9 % del FMLN. La medición se realizó antes de que Iraheta y Aguirre fueran ratificados, por lo que no constituye una encuesta directa entre candidatos; aun así, muestra la distancia estructural que deberán reducir en aproximadamente siete meses.
Existe, sin embargo, un terreno donde la oposición podría crecer: la economía. El 37.3 % identifica la situación económica como el principal problema nacional, seguido por el alto costo de la vida y el desempleo. Además, solo el 4 % considera que debería gobernar alguno de los partidos opositores existentes, mientras un 22.7 % preferiría una nueva organización política. Este último dato es decisivo: existe un sector dispuesto a considerar una alternativa, pero no necesariamente bajo las siglas de ARENA o del FMLN. Iraheta deberá demostrar que no representa una restauración del antiguo poder económico; Aguirre tendrá que transformar su credibilidad médica y sindical en una propuesta nacional que vaya más allá de la salud.
A día de hoy, ninguna de las dos candidaturas posee posibilidades altas de derrotar a Bukele. Esa conclusión no responde únicamente a la popularidad presidencial, sino a la debilidad organizativa de sus partidos, la ausencia de una candidatura unificada, el descrédito acumulado y la eliminación de la segunda vuelta. Su objetivo más realista podría ser reconstruir bases territoriales, recuperar diputados y demostrar que ARENA y FMLN todavía pueden representar a sectores inconformes. Para convertir la elección en una competencia verdadera necesitarían un deterioro económico acelerado, una campaña extraordinaria, errores graves del oficialismo y capacidad para tv conquistar al electorado sin partido. Por ahora, Iraheta y Aguirre son rivales inscritos; todavía no son amenazas electorales reales para Bukele.
