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Ministro de Trabajo pide captura de Roberto d’Aubuisson y su concejo por desobediencia judicial
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una orden administrativa de captura contra el alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, por desobedecer una resolución judicial de reinstalo de los empleados que fueron despedidos para la implementación de TECLASEO.
La petición la hizo por medio de su cuenta de Twitter, donde hace saber que d´Aubuisson Munguía y su concejo han incurrido en delitos de actos arbitrarios, como también de desobediencia al incumplir la ejecución de una sentencia judicial.
¿Cuándo la FGR va a girar una orden de detención administrativa contra este infractor… Cuándo?, se hizo la pregunta el funcionario.
Recientemente un tribunal superior ordenó al alcalde de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que reinstalara de inmediato a los empleados despedidos desde el 31 de julio del 2018, porque la alcaldía suscribió un contrato de 21 años con la empresa colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, se ordena «de forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que siguieron su proceso hasta las últimas consecuencias, a quienes también se les tendrá que cancelar los salarios no percibidos.
El juez ordenó que los despedidos, que en un principio fueron 154, sean instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, y «el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía».
De igual forma se señala que de no cumplirse la resolución judicial, se advierte a las autoridades municipales que se les impondrá una multa a ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales que firmaron la decisión de despedirlos.
Sin embargo, ante la negativa del alcalde de Santa Tecla y de su concejo municipal de no cumplir la orden judicial, Rolando Castro se refirió a que el mismo código municipal señala que la figura del alcalde es el que representa de forma legal y administrativamente la municipalidad.
“En este caso hay un claro desacato a orden judicial. ¿Que se espera para girar una orden de captura? o la ley para él, no opera en el país”, detalló el funcionario.
“En este país estamos acostumbrados a que el peso y la furia de la ley solo se aplica a personas pobres, es tiempo que la ley se aplique de forma pareja y sin excepción, este alcalde y parte de su Concejo que votó violentando la ley y lo siguen haciendo, deberían estar en la cárcel”, puntualizó Rolando Castro.
De igual forma, el juez dio un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos, cuyo plazo fue ignorado por Roberto d´Aubuisson.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años. La alcaldía tecleña, al momento de firmar el acuerdo, puso tres años de reserva total al contrato.
La reserva entró en vigencia el 19 de julio del 2018 y contempla que «nadie puede tener acceso a la escritura de constitución, el certificado de acciones, convenio de operaciones, cartas de entendimiento, los estudios técnicos, financiero y legal, como también los reglamentos y las adendas de economía mixta de capital variable de INTERASEO y TECLASEO».
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 40 %, informó el director del Fovial, Alex Beltrán, en una entrevista que brindó a canal 10 este jueves.
De acuerdo con el funcionario, antes de iniciar la obra se llevaron a cabo estudios técnicos que incluyeron análisis de suelos, drenaje e hidrología, además del diseño de ingeniería necesario para ejecutar el proyecto.
Beltrán detalló que, hasta la fecha, ya se han pavimentado 2.5 kilómetros de los 12 que contempla la intervención total de la vía.
Además, destacó la importancia estratégica de esta carretera, al señalar que el cantón Los Toles se ubica a solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que abre oportunidades para el desarrollo comercial y turístico en la zona.
Asimismo, subrayó que la ejecución del proyecto ha generado empleos para los habitantes del sector.
«Estamos muy satisfechos, porque más allá de la pavimentación, aportamos a la economía de la zona, comercio, accesos a centros escolares, y por supuesto, la plusvalía de los terrenos», afirmó Beltrán.
Estos trabajos continuaran con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en esta zona fronteriza.
