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Más de 57,500 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador
En el año 2013, en los centros penales había 8,886 pandilleros recluidos, nueve años después, con el Plan Control Territorial dinamizado por el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo, en las cárceles de El Salvador hay 57,500 integrantes de pandillas.
En junio de 2019 cuando asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, se comenzó a atacar el accionar de las maras para reducir delitos como homicidios y extorsiones.
La primera estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno fue el lanzamiento del Plan Control Territorial, medida que fue operativizada a través de varias fases.
Pese al bloqueo que desde la Asamblea Legislativa tuvo el ejecutivo en sus primeros dos años, a las estructuras de las pandillas las fueron cercenando con los constantes operativos, capturando a sus principales cabecillas y golpeándoles sus finanzas.
Las maras que durante 30 años mantuvieron sometido al país y con planes que lejos de debilitarlas las fortalecieron, se resistían a ser doblegadas y a finales de marzo de 2022 retaron al gobierno con una ola de homicidios: más de 80 en tres días, que fue contrarrestada con fuertes medidas como fue la instauración del régimen de excepción.
Hasta el 27 de marzo, con el Plan Control Territorial, habían sido llevados a las prisiones 16,000 pandilleros, pero con el régimen de excepción policías y soldados han detenido a otros 41,500 miembros de pandillas, haciendo un total de 57,500.
La medida adoptada por el gobierno llegó a dinamizar el Plan Control Territorial, según lo han expresado funcionarios del gabinete de seguridad, incluso el presidente Bukele durante el discurso del tercer año de gestión dijo que «¡Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas!».
El delito en común atribuido a todos los capturados es el de agrupaciones ilícitas, que castiga hasta con 45 años de prisión a los cabecillas terroristas.
Varios procesos penales fueron promovidos también por tráfico ilícito, fraude de fluidos [robo de agua o energía], portación o conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico, resistencia, lavado de dinero, extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad y otros delitos de crimen organizado.
En la guerra contra las pandillas, al esfuerzo del ejecutivo se le unió el Órgano Judicial ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo 10 nuevos juzgados especializados que desde el pasado 9 de abril comenzaron a realizar audiencias de imposición de medidas contra los capturados.
En las diligencias realizadas por los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ordenaran que los pandilleros continuaran en las cárceles.
Desde que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar las detenciones, coordinaron con la Dirección General de Centros Penales para llevarlos a diversas penitenciarías.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
Protección Civil informó que durante la jornada de ayer se atendieron un total de 36 incendios a escala nacional. Del total, 30 fueron incendios en maleza, dos forestales, uno en un basurero y uno más en un vehículo.
Las autoridades detallaron que los equipos de primera respuesta se desplazaron a distintos puntos del país para controlar y liquidar los siniestros, evitando su propagación y mayores afectaciones a la población y al medio ambiente.
Asimismo, recordaron que la Alerta Amarilla por incendios continúa vigente, por lo que instaron a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de prevención y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las instituciones correspondientes.
