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Más de 57,500 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador
En el año 2013, en los centros penales había 8,886 pandilleros recluidos, nueve años después, con el Plan Control Territorial dinamizado por el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo, en las cárceles de El Salvador hay 57,500 integrantes de pandillas.
En junio de 2019 cuando asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, se comenzó a atacar el accionar de las maras para reducir delitos como homicidios y extorsiones.
La primera estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno fue el lanzamiento del Plan Control Territorial, medida que fue operativizada a través de varias fases.
Pese al bloqueo que desde la Asamblea Legislativa tuvo el ejecutivo en sus primeros dos años, a las estructuras de las pandillas las fueron cercenando con los constantes operativos, capturando a sus principales cabecillas y golpeándoles sus finanzas.
Las maras que durante 30 años mantuvieron sometido al país y con planes que lejos de debilitarlas las fortalecieron, se resistían a ser doblegadas y a finales de marzo de 2022 retaron al gobierno con una ola de homicidios: más de 80 en tres días, que fue contrarrestada con fuertes medidas como fue la instauración del régimen de excepción.
Hasta el 27 de marzo, con el Plan Control Territorial, habían sido llevados a las prisiones 16,000 pandilleros, pero con el régimen de excepción policías y soldados han detenido a otros 41,500 miembros de pandillas, haciendo un total de 57,500.
La medida adoptada por el gobierno llegó a dinamizar el Plan Control Territorial, según lo han expresado funcionarios del gabinete de seguridad, incluso el presidente Bukele durante el discurso del tercer año de gestión dijo que «¡Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas!».
El delito en común atribuido a todos los capturados es el de agrupaciones ilícitas, que castiga hasta con 45 años de prisión a los cabecillas terroristas.
Varios procesos penales fueron promovidos también por tráfico ilícito, fraude de fluidos [robo de agua o energía], portación o conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico, resistencia, lavado de dinero, extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad y otros delitos de crimen organizado.
En la guerra contra las pandillas, al esfuerzo del ejecutivo se le unió el Órgano Judicial ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo 10 nuevos juzgados especializados que desde el pasado 9 de abril comenzaron a realizar audiencias de imposición de medidas contra los capturados.
En las diligencias realizadas por los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ordenaran que los pandilleros continuaran en las cárceles.
Desde que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar las detenciones, coordinaron con la Dirección General de Centros Penales para llevarlos a diversas penitenciarías.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
