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Más de 57,500 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador
En el año 2013, en los centros penales había 8,886 pandilleros recluidos, nueve años después, con el Plan Control Territorial dinamizado por el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo, en las cárceles de El Salvador hay 57,500 integrantes de pandillas.
En junio de 2019 cuando asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, se comenzó a atacar el accionar de las maras para reducir delitos como homicidios y extorsiones.
La primera estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno fue el lanzamiento del Plan Control Territorial, medida que fue operativizada a través de varias fases.
Pese al bloqueo que desde la Asamblea Legislativa tuvo el ejecutivo en sus primeros dos años, a las estructuras de las pandillas las fueron cercenando con los constantes operativos, capturando a sus principales cabecillas y golpeándoles sus finanzas.
Las maras que durante 30 años mantuvieron sometido al país y con planes que lejos de debilitarlas las fortalecieron, se resistían a ser doblegadas y a finales de marzo de 2022 retaron al gobierno con una ola de homicidios: más de 80 en tres días, que fue contrarrestada con fuertes medidas como fue la instauración del régimen de excepción.
Hasta el 27 de marzo, con el Plan Control Territorial, habían sido llevados a las prisiones 16,000 pandilleros, pero con el régimen de excepción policías y soldados han detenido a otros 41,500 miembros de pandillas, haciendo un total de 57,500.
La medida adoptada por el gobierno llegó a dinamizar el Plan Control Territorial, según lo han expresado funcionarios del gabinete de seguridad, incluso el presidente Bukele durante el discurso del tercer año de gestión dijo que «¡Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas!».
El delito en común atribuido a todos los capturados es el de agrupaciones ilícitas, que castiga hasta con 45 años de prisión a los cabecillas terroristas.
Varios procesos penales fueron promovidos también por tráfico ilícito, fraude de fluidos [robo de agua o energía], portación o conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico, resistencia, lavado de dinero, extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad y otros delitos de crimen organizado.
En la guerra contra las pandillas, al esfuerzo del ejecutivo se le unió el Órgano Judicial ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo 10 nuevos juzgados especializados que desde el pasado 9 de abril comenzaron a realizar audiencias de imposición de medidas contra los capturados.
En las diligencias realizadas por los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ordenaran que los pandilleros continuaran en las cárceles.
Desde que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar las detenciones, coordinaron con la Dirección General de Centros Penales para llevarlos a diversas penitenciarías.
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
