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Más de 57,500 pandilleros están presos en las cárceles de El Salvador
En el año 2013, en los centros penales había 8,886 pandilleros recluidos, nueve años después, con el Plan Control Territorial dinamizado por el régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo, en las cárceles de El Salvador hay 57,500 integrantes de pandillas.
En junio de 2019 cuando asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, se comenzó a atacar el accionar de las maras para reducir delitos como homicidios y extorsiones.
La primera estrategia de seguridad ejecutada por el gobierno fue el lanzamiento del Plan Control Territorial, medida que fue operativizada a través de varias fases.
Pese al bloqueo que desde la Asamblea Legislativa tuvo el ejecutivo en sus primeros dos años, a las estructuras de las pandillas las fueron cercenando con los constantes operativos, capturando a sus principales cabecillas y golpeándoles sus finanzas.
Las maras que durante 30 años mantuvieron sometido al país y con planes que lejos de debilitarlas las fortalecieron, se resistían a ser doblegadas y a finales de marzo de 2022 retaron al gobierno con una ola de homicidios: más de 80 en tres días, que fue contrarrestada con fuertes medidas como fue la instauración del régimen de excepción.
Hasta el 27 de marzo, con el Plan Control Territorial, habían sido llevados a las prisiones 16,000 pandilleros, pero con el régimen de excepción policías y soldados han detenido a otros 41,500 miembros de pandillas, haciendo un total de 57,500.
La medida adoptada por el gobierno llegó a dinamizar el Plan Control Territorial, según lo han expresado funcionarios del gabinete de seguridad, incluso el presidente Bukele durante el discurso del tercer año de gestión dijo que «¡Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas!».
El delito en común atribuido a todos los capturados es el de agrupaciones ilícitas, que castiga hasta con 45 años de prisión a los cabecillas terroristas.
Varios procesos penales fueron promovidos también por tráfico ilícito, fraude de fluidos [robo de agua o energía], portación o conducción ilegal de arma de fuego, posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico, resistencia, lavado de dinero, extorsión, homicidio, proposición y conspiración en el delito de homicidio, privación de libertad y otros delitos de crimen organizado.
En la guerra contra las pandillas, al esfuerzo del ejecutivo se le unió el Órgano Judicial ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), creo 10 nuevos juzgados especializados que desde el pasado 9 de abril comenzaron a realizar audiencias de imposición de medidas contra los capturados.
En las diligencias realizadas por los jueces especializados de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, ordenaran que los pandilleros continuaran en las cárceles.
Desde que la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada comenzaron a realizar las detenciones, coordinaron con la Dirección General de Centros Penales para llevarlos a diversas penitenciarías.
La embajada de Japón en El Salvador anunció en sus redes sociales que está trabajando en un proyecto de vivienda de alquiler llamada “Danchi”, proyecto de vivienda social que fue popular en el país asiático en la década de los años 60 y 70.
Este anuncio lo realizó la embajada durante la visita que recibió de la ministra de Vivienda, Michelle Sol.
«Visita de cortesía a la ministra Michelle Sol por parte del embajador SANO (Taketoshi). Conversaron sobre el modelo japonés de vivienda de alquiler «Danchi». ¡Ya inició el proyecto para crear la versión salvadoreña de vivienda pública!”, detalló la embajada japonesa.
A pesar de este anuncio se desconocen más detalles del mismo, ya que ni la embajada de Japón ni el Ministerio de Hacienda han publicado sobre ese encuentro en su redes sociales ni páginas web, aparte de lo que anunció la embajada japonesa.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó que Rolban Steven Rodríguez, enfrente juicio por los delitos estafa, uso y tenencia de documentos falsos, uso falso de documento de identidad, así como agrupaciones ilícitas.
En la acusación ratificada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia preliminar, se detalló que el imputado fue parte de una estructura que entre el 2020 y 2022 alquiló vehículos y posteriormente los vendió con documentos falsos.
La banda utilizaba documentos de identidad de víctimas a quienes se los hurtaban para que los miembros de ese grupo delictivo se hicieran pasar como ellas.
Con los documentos sustraídos procedían a verificar quienes de los integrantes de la banda se parecían a las víctimas para trasladarse a empresas dedicadas a la renta de vehículos.
Cuando ya tenían los automotores en alquiler los llevaban a estacionamientos y los ponían a la venta, cuando aparecían las personas interesadas en adquirirlos, realizaban compraventas falsas con los documentos que habían hurtado.
Los demás miembros de la banda ya el mismo tribunal los había enviado a juicio, entre ellos hay exmiembros de la Policía Nacional Civil.
Un hombre de 65 años, identificado como José del Carmen R. A., fue enviado al penal de Mariona, acusado de intentar asesinar a Elmer Francisco A. F., en la urbanización Montes de San Bartolo V, de Soyapango.
El hecho ocurrió el 18 de enero de 2026, aproximadamente a las 11:23 de la noche, cuando ambos ingerían bebidas alcohólicas. Según la acusación luego de comenzar a discutir en el interior de una vivienda, el imputado sacó un arma blanca con la cual lesionó a la víctima.
Testigos informaron a las autoridades que auxiliaron a la víctima para que fuera trasladado al Hospital Nacional Dr. José Molina Martínez y una vecina llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que investigara lo ocurrido y ubicara al agresor.
Al imputado lo capturado el siguiente día en horas de la mañana cuando estaba laborando como agente de seguridad privada en el distrito de Panchimalco.
En la resolución de la audiencia inicial, la jueza envió la causa penal al Juzgado Segundo de Instrucción de Soyapango y ordenó que el acusado siga en prisión mientras dure el proceso penal.
Según la decisión judicial, la víctima estuvo en riesgo inminente de perder la vida a raíz de las lesiones que el imputado le ocasionó.
