Judicial
“Los voy a buscar para matarlos”, últimas palabras de una víctima antes de ser asesinada en Sensuntepeque.
“Los voy a buscar para matarlos”, le dijo supuestamente el ahora occiso. El amago fue debido a que los pandilleros le habían matado un hijo, así que movido por el resentimiento les dijo eso y empuñaba un arma corto punzante.
El pandillero que lo escuchó hablar le contó al “palabrero” alrededor de 15 días después de eso. Por ello, el marero ordenó una golpiza de dos minutos con puntapiés incluido, por el olvido.
“Algo podía pasar y uno sin darse cuenta, ni saber por qué”, le reclamó el jefe de la estructura al otro facineroso. Además, mencionó: “no podemos permitir que este señor nos amenace. La mara se respeta” y planificaron el homicidio para el 12 de agosto de 2017. Esto sucedió en un sector de Sensuntepeque.
Ahora los nueve implicados en la muerte de Manuel de Jesús Laínez Chávez están bajo detención provisional impuesta por el
Juzgado Especializado de Instrucción “C” por agrupaciones ilícitas y un homicidio agravado.
La jueza también autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) cuatro meses para que se profundice en las investigaciones. Además, la togada basó su resolución en que existen suficientes elementos para no otorgar otra medida.
Sin embargo, quedó abierta la posibilidad de solicitar una audiencia especial de revisión de medidas y que la defensa presente los arraigos familiares laborales y domiciliares, como establece la Ley.
Según datos, los facinerosos operaban en Sensuntepeque, Cabañas y se dedicaban a planificar hechos delictivos; entre los cuales se menciona el homicidio de la persona antes referida. Los acusados son: Ever Alexander Pérez, Manuel de Jesús Romero Callejas, María Santos Cruz, José Domingo Villanueva Cruz, Joaquín Reynaldo Pereira Guevara, Salvador Noel Cruz Guevara, Santos Ernesto Alvarado Pineda, Carmen Elizabeth Alvarado Alvarado y José Manuel Castro.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron el pasado 24 de enero a los justiciables en el municipio ya referido. Dentro de 16 semanas se espera que la FGR presente el respectivo dictamen de acusación y luego realizar la audiencia preliminar.
Un total de 428 miembros de estructuras criminales han sido condenados a penas que en algunos casos superan los 800 años de cárcel, como resultado de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Las sentencias fueron emitidas por los Tribunales Contra el Crimen Organizado entre el 28 de abril y el 25 de julio.
Las autoridades detallaron que las pruebas presentadas lograron demostrar la participación de estos individuos en delitos como homicidio, extorsión, desaparición de personas, violaciones y otros crímenes cometidos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más relevantes es el de Herbert Luis Sánchez Cruz, alias Cuchara, quien fue condenado a 807 años de prisión por 20 homicidios cometidos como parte de la clica Saylor Locos Salvatruchos de la MS-13. Otros pandilleros de la misma estructura recibieron penas similares: Gerber López Mejía (Aliens), 727 años; y Melquisidec Jiménez Zavala (Yaspers), 663 años, por crímenes cometidos entre 2017 y 2019 en San Miguel.
En total, 66 pandilleros de esa estructura fueron sentenciados. A ellos se suman otros 23 terroristas que operaban en San Miguel, La Unión y La Libertad, incluyendo a Douglas Isaac Urías Hernández, condenado a 230 años de prisión.
En el occidente del país, 56 pandilleros más fueron condenados a penas de hasta 180 años por delitos cometidos en municipios como Tamanique, Chiltiupán y Teotepeque. La mayor sentencia fue para Henry Giovanni Lobos Pérez.
Finalmente, 15 mareros que delinquían en Usulután, Morazán y La Unión también recibieron penas de hasta 155 años. Entre ellos figura Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias Satánico, señalado por múltiples homicidios cometidos entre 2015 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos resultados son parte del combate frontal al crimen organizado en el marco del régimen de excepción y las estrategias de seguridad impulsadas en el país.
El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango ordenó que el caso contra Roxana Yaneth A. de G., de 50 años, acusada del delito de amenazas, continúe en la etapa de instrucción con la aplicación de medidas alternas a la detención.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron de forma reiterada entre agosto de 2023 y abril de 2025, en un mesón de la colonia San Antonio I, en Soyapango. La acusada habría exigido a una pareja desalojar el espacio que habitaban, advirtiéndoles que, si no lo hacían, “hablaría con los pandilleros”.
Ante el temor, las víctimas abandonaron el lugar con la ayuda de un motorista de plataforma; sin embargo, al transitar por la carretera de Oro fueron interceptados por desconocidos. Uno de ellos fue bajado del vehículo y agredido físicamente. Tras recibir atención médica, ambos regresaron al mesón, donde las amenazas continuaron, por lo que interpusieron una denuncia este año.
Durante la audiencia inicial, la jueza impuso a la imputada medidas como abandonar el inmueble en un plazo de 72 horas, no intentar salir del país y presentarse a firmar al juzgado los días 15 y 30 de cada mes.
El proceso será remitido al Juzgado de Instrucción de Ciudad Delgado para continuar con la investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
